«Mientras exista impunidad seguirá la crisis humanitaria que vive Colombia desde hace varias décadas» Octava Comisión Asturiana

Comisión en la Rueda de Prensa                                                                           Foto: Colombia Informa

El pasado 11 de mayo en la sede del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo se realizó una rueda de prensa en la cual un grupo de seis ciudadanos españoles de la región de Asturias, presentó un informe de su misión ética por la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Ellos visitaron desde el 30 de abril, varias regiones del país, más concretamente los departamentos de Arauca, Choco, Cesar, Magdalena, el municipio del Sumapaz y la ciudad de Bogotá. Invitados por organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia como  el departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT-, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS-, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP-, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH-, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Es parte de un proceso de seguimiento de esta realidad que viene haciendo esta organización Asturiana desde hace varios años, razón por la cual esta es la Octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia.

Acompañando a  una de las victimas.                                    Foto: Soldepaz Pachakuti

Javier Arjona Muñoz, de Soldepaz Pachakuti, presento la Delegación  y comento que a su llegada al país el 28 de abril «tuvimos ya el encuentro con la realidad colombiana; pues el día anterior había sido asesinado Mao Enrique Rodríguez, que en otros años había acompañado a delegación, la había protegido y quien supuestamente este año tenía esas funciones como escolta…». Mao Enrique Rodríguez fue jefe de escoltas durante varios años de Carlos Lozano, director del periódico Voz y miembro del Partido Comunista de Colombia.

Una de las personas integrantes de la delegación, la diputada al Parlamento de Madrid, Tania Sánchez Melero, comentó que durante estos 13 días  se hizo un trabajo de campo en el que se recogieron testimonios de las víctimas, las organizaciones sociales y declaraciones de funcionarios del estado. Frente a esto último la diputada resaltó la actitud abierta del gobierno para colaborar con la comisión. Preciso «que a pesar de esta actitud abierta del gobierno, hemos seguido encontrando situaciones que deben ser denunciadas y que deben ser atajadas y que el día  de hoy siguen siendo un claro ejemplo de la continuación de la crisis humanitaria en Colombia».

Parte de un mural que acompaño la rueda de prensa. Foto: Colombia Informa

Tania observo que de este trabajo se tiene algunas preocupaciones inmediatas: «la primera de ellas es la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del Curvaradó, a pesar de ser una zona de gran despliegue de la Fuerza Pública, se sigue presentando una amplia situación de casos del fenómeno paramilitar, hasta el punto que hay comunidades que denuncian que en ese lado del río el control del paramilitarismo es total».

En esas circunstancias se da el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo, según la revista Semana en su publicación del 29 de marzo de este año « El pasado viernes 23 de marzo, en horas de la tarde, Manuel, de 56 años, y su hijo Samir de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años, fueron retenidos por los paramilitares», el 24 de marzo aparece el cuerpo sin vida de Jesús Manuel Ruiz hacía parte de las comunidades de esta parte de país que reclaman la restitución de tierras.

La vocera de la comisión ubico como una segunda preocupación «la continuidad del desplazamiento forzado de población civil, ligado en muchos casos a planes empresariales de inversión en minería, agroindustria así como actividades de grupos delictivos del narcotráfico y actores armados…hoy mismo en reunión con la Unidad de restitución de tierras reconoce que en el 2010 se produjeron  280.000 desplazamientos de personas por diferentes motivos». La Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, es una entidad especializada de carácter temporal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creada con la ley 1448 de 2011.

La Impunidad

Otra preocupación es «la persistencia de las amenazas de muertes y asesinatos sobre sindicalistas», continuo señalando Tania, «la mayor dificultad es que sigue produciendo un alto nivel de impunidad para los actores materiales de los asesinatos de este tipo de líderes a los que se les puede sumar la persecución a personas defensoras de los derechos humanos y dirigentes sociales de diferentes ámbitos». Respecto a los sindicalistas, Rebelión publico el 23 de enero de 2011 un informe del Departamento de Derechos Humanos de la CUT de Colombia en el que se dan estas cifras :«en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano».
«Además de la impunidad casi total frente a los actores materiales de estos asesinatos, muchos de los cuales están identificados plenamente y todavía no han avanzado los procesos de condena que deberían estar ya culminados, hay una impunidad absoluta de los actores intelectuales de estas amenazas y estos asesinatos, mientras siga existiendo la impunidad, la violación de los derechos humanos no va a terminar» preciso sobre el tema Tania.

Javier Arjona Muñoz y Tania Sánchez Melero Foto: Colombia Informa

El infierno de Valledupar

La comisión solicito el ingreso a las cárceles de Picota en Bogotá y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa. Las directivas de la cárcel La Picota negaron el ingreso; al ingresar a la cárcel de Valledupar pudieron constatar las condiciones en que viven los detenidos. Sánchez señaló « las  condiciones inhumanas de reclusión, desde su inauguración  los detenidos alli no han contado con el acceso pleno a bien tan imprescindible como es el agua…son demasiados años, demasiados informes de la Defensoría del Pueblo, demasiados avances de la corte en exigir que esta situación se resuelva». La cárcel de Valledupar fundada en el año 2000 « es un recinto de cemento, a 40 grados de temperatura, con 1.350 presos y tan sólo media hora de agua al día. El hedor que sale de sus baños y sifones es nauseabundo y la situación sanitaria es tan grave que incluso llevó al Gobierno a contemplar esta semana evacuar a los internos» señalo la senadora Gloria Inés Ramírez en el Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos  «Larga Vida a las Mariposas» , realizado en junio de 2011. «Ademas durante los ultimos años esta situación ha provocado que sean muchos los presos  que están reclamando que se resuelva esta situación, el año pasado hubo movilizaciónes en el que exigian que si no se eran capaz de asegurar las condiciones  mínimas se cerrara  la instalación», señaló finalmente la vocera de la comisión y agrego: «hemos constatado que buena parte de las personas que han liderado estos procesos, que solo reclaman el cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales de las personas presas, han sido castigadas con translados, con torturas, con agresiones, tanto a ellas  como a los familiares que las han ido a visitar».

Conflicto entre las comunidades las empresas extranjeras

Otro aspecto a señalar con urgencia, comento la diputada es:  «alta inconformidad de la población de una manera muy generalizada por la actuaciones de las empresas multinacionales, tanto del petroleo, el oro, el carbón, la palma y el banano. Una indignación que deriva de la explotación de sus recursos naturales, con un alto costo en vidas humanas y perjudicando el medio ambiente en que están las comunidades, donde se instalan estas empresas. En muy pocos casos se cumple con los mecanismos compensatorios que las empresa deben dar a las comunidades  donde se instalan» que en su mayoría son de alta pobreza sin acceso a los servicios mas esenciales. También precisó en la rueda de prensa que dentro de esas empresas está la Dool, Chiquita Grand y la Drummond. Situación que preocupa hoy mas que nunca que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, concluyo diciendo sobre este tema la vocera de la comisión asturiana.

Presencia de la Fuerza Publica en medio de las comunidades

La diputada Sanchez afirmó que en su visita a el Choco y Arauca «encontramos violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente a lo referido a mantener la población civil al margen del conflicto armado. Nos ha alarmado mucho encontrar en zonas de Arauca hasta dos o tres tanques introducidos de manera permanente en caseríos, haciendo uso de las instalaciones de la población civil, recogiendo denuncias de la presencia de militares en escuelas en horarios de  clase». Frente a estas violaciones del DIH, la comisión informó a los altos mandos, exigiendo que esto se termine y se castigue a los responsables. Relacionado con este tema en Arauca acompañaron la movilización pacifica en exigencia a las transnacionales y el estado y en contra de la explotación petrolera y acompañados por la comunidad de Flor Amarillo visitaron la tumbas de los niños Yenni, Jimmy y Giovanni, violados y asesinados el el 14 de octubre de 2010. Allí recibieron amenazas de parte de unidades del ejercito cuando la comisión asturiana visitaba a la familia campesinas que reclaman un terreno invadido por una base militar de la brigada 18.

Finalizando la rueda de prensa, responden algunas preguntas precisando otros elementos relacionados a la exactitud de la información respecto a la violación de los derechos humanos, señalan que por un lado entre las comunidades  y la Fuerza Pública (FP), frente al motivo de las muertes de personas como Manuel Ruiz y su hijo donde ellas sostienen que es por su liderazgo en el proceso de restitución de tierras, la FP señala que son por motivos personales, «es el caso de los niños  asesinados en Flor Amarillo, cuando para la comunidad es claro que fue la FP, y aparecen versiones de ciertos agentes que crean algunas dudas». Por otro lado Javier Arjona registra que  «entre las propias instituciones aparecen discrepancias que escuchaba entre la Defensoría y la Procuraduría en casi todos los temas, con versiones bastantes disimiles».

En el caso de la cárcel de Valledupar para la Defensoria es claro que hay una violación de los Derechos Humanos y para la Produciría aún existen dudas de si esto es así o no, puntualizo Tania «es claro que en la solución de los problemas juega un problema de voluntad política».

Respecto al conflicto de las empresas con la población registran que en Arauca es con la Oxi, Ecopetrol, Rexol y Pacific Rubiales. En el Magdalena está Ferrocarriles del Norte de Colombia  (Fenoco) y la Drummond que son los que están con la explotación y transporte del carbón, « ahí lo que se produce es que a lo largo de toda la vía, se produce para las comunidades una situación insalubre  porque cada 40 minutos sacan trenes con 120 ó 140 vagones llenos de carbón sin ninguna protección, esto lleva a que la gente este permanentemente recibiendo el polvo del mineral, lo que ha llevado a que las personas que allí habitan tengan problemas respiratorios de manera muy prematura. De la misma forma ahí nos daban 3.000 casos de discapacidad, es algo alarmante sobre lo cual los organismos de salud pública deberían hacer estudios sobre le impacto de esa industria del carbón, esta también la contaminación de ruido, cada 40 minutos pasa ese tren retumbando la tierra, con un ruido que ensordece e interrumpe toda la vida de las personas», declaro la diputada española.  Por otro lado la Dool y Chiquita Brand con sus fumigaciones aéreas siguen creando problemas sanitarios para la comunidad. En está parte de ampliaciones también se señala la violación de los derechos de sindicalización de los trabajadores en las empresas multinacionales, Tania señala que  «se dan despidos de los trabajadores que se vinculan a sindicatos independientes, además de mecanismos extraños de generación de sindicatos de empresa a los que se obliga incluso a afiliarse para firmar los contratos de trabajo, por lo cual no hay un ejercicio libre de la organización».

José Manuel Fernández González, otro ciudadano asturiano de la comisión, representante de trabajadores de la banca, comenta «nos estuvieron refiriendo sobre la situación de los trabajadores de BBVA,  una multinacional española y bueno la situación es de total  persecución a la actividad sindical».

Amenaza de los paramilitares a la Marcha Patriotica Foto: Colombia Informa

Amenazas permanentes

Cerrando esta actividad y ante la pregunta de como ven ellos el riesgo que corren actualmente los defensores de derechos humanos en Colombia, Tania dijo «sigue siendo peligroso, sigue siendo una situación de crisis de derechos humanos, sigue habiendo una situación generalizada que impide el ejercicio democrático del  derecho a la protesta y por tanto nosotros lo vemos alarmante, así como lo referimos en el informe, la aprobación de la ley (de seguridad ciudadana, 1453 de 2011,n.n.), lleva a  una aumento importante de judicialización de las protestas y su criminalización, de relacionar los movimientos, como una manera de desprestigiar sus luchas y protestas con actores ilegales, es grave porque estos reclamos deberían ser escuchados por un gobierno democrático». Alrededor de Marcha Patriotica, se han dado ya varios asesinatos y desapariciones como la de Henry Díaz el 18 de abril en el Putumayo y la de Marta Cecilia Guevara en el Caqueta. En esta rueda de prensas se dio a conocer la amenaza que hacen por escrito el grupo paramilitar las Aguilar Negras a quienes hacen parte de este movimiento e incluyen a varias organizaciones como Fensuagro y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane).

El informe completo de esta  Octava Comisión Asturiana, se presentara a mediados de Junio.

La Comisión esta conformada por seis españoles y un colombiano. Por parte de Comisiones Obreras estaba José Manuel Fernandez, Marta María Perez, Teresa Fernandez, por la Asamblea de Madrid Tania Sanchez Melero, por la Soldepaz Pachacuchi, que son los que organizan todos los años la Comisión de Asturias, está Javier Arjona, Javier Orozco (colombiano) y Enrique Alcalde Jimenez.

Recordando a las victimas.                                                             Foto: Colombia Informa

 

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