En Bucaramanga la comunidad educativa se movilizó

Manifestación en Bucaramanga 05/09/12

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó a movilización nacional “por el respeto a la educación pública y el magisterio colombiano” para este 4 y 5 de septiembre; según la Federación, “la jornada nacional de protesta se realiza en rechazo a la política neoliberal y antisindical del presidente Santos, para exigir el congelamiento del proceso de privatización de la educación y para reclamar el cumplimiento de los acuerdos consignados en el acta final del 2 de junio de 2011 tras la negociación MEN-FECODE”.

En la jornada del 4 de septiembre según FECODE, “el Comité Ejecutivo, en compañía de una comisión de docentes, llevó a cabo visitas a las embajadas de Argentina y Venezuela, como símbolo de las cartas que se enviaron a las embajadas de los diferentes países con sede en Colombia. El objetivo es poner en conocimiento a los gobiernos internacionales a cerca del incumplimiento del gobierno Santos frente a los compromisos adquiridos el año pasado, y su negativa a un verdadero diálogo con el magisterio”.

Para los docentes de Bucaramanga, la educación pública colombiana atraviesa una profunda crisis, originada en el recorte de presupuesto e impuesta por dos reformas constitucionales (los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), situación que le han quitado al sistema educativo público en diez años, una suma cercana a los 35 billones de pesos y se proyecta al 2016 condiciones aún más precarias. Estas disminuciones presupuestales y afectaciones por la política estatal, se encuentran evidenciadas en los siguientes elementos, expuestos por docentes al observatorio de medios de comunicación e información (OMCI).

El hacinamiento de estudiantes en las aulas con grupos que oscilan entre 35 y 50 alumnos, lo que impide una educación de calidad y atenta contra la salud física y mental de los estudiantes y educadores.

Reducción de las plantas de personal docente directivo, docente y administrativo como consecuencia de la fusión de establecimientos educativos y cursos, pues, de 45.000 colegios públicos en 2001,  se ha pasado a 14.000 en 2011.

Aumento de la jornada escolar, que origina graves problemas de seguridad para los niños y jóvenes -por cuanto el Estado no les garantiza transporte-, quienes deben salir de sus casas a la madrugada para iniciar a las 6:00 a.m o terminar muy tarde a las 7:00 p.m, y los de la jornada nocturna cerca de la media noche.

Disminución del número de docentes por grupo de alumnos. En secundaria raíz del aumento de la asignación académica, pues, de 22 períodos de clase semanales se pretende imponer 24 periodos, de tal suerte que por cada 11 docentes afectados por esta medida “sobrará” uno, lo que a nivel nacional significará la desaparición de cerca de 18.000 cargos docentes.

Desobligación de la Nación en el pago de los servicios públicos. El mantenimiento de los colegios y la planta de personal de servicios administrativos y generales,  descargando esta obligación sobre los presupuestos de departamentos y municipios y como éstos carecen de recursos, terminan trasladando dichas responsabilidades a los padres de familia.

Imposición de estándares, competencias y contenidos curriculares. La escuela hoy se ha convertido en un instrumento cuyo único propósito (fallido) es la obtención de resultados en las pruebas de evaluación.

El gobierno ha logrado extraerle 1.400.000 niños a las instituciones públicas de educación para entregárselos a los intermediarios administradores de los colegios en concesión, y dueños de colegios privados mediante los convenios de ampliación de cobertura, en un descarado y antiético manejo de los recursos públicos para el enriquecimiento de particulares.

La Ley 1450 de 2011 denominado Plan Nacional de Desarrollo decretó la desaparición de la educación preescolar pública para los niños de 3 y 4 años, obligando a los padres de familia a matricular sus hijos en instituciones educativas de carácter privado y,  lo que es más grave, cercenar este derecho a los hijos de la inmensa mayoría de los padres de familia que no cuentan con los recursos económicos para pagar matrículas costosas.

Durante esta jornada de manifestación, desde las 3 de la tarde, cerca de 1000 docentes marcharon por Bucaramanga exigiendo al gobierno nacional respuestas a sus peticiones. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional no se pronuncia al respecto.

Entre tanto, docentes, estudiantes y administrativos de las diferentes instituciones educativas esperan que el gobierno actúe en beneficio de la educación pública.

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