Lugar donde se realiza el Foro en Chitagá.

700 personas asistieron hoy viernes 24 de febrero al Foro Regional Ambiental por la Defensa del Páramo El Almorzadero. A las 9.30 de la mañana Berito Cobaría, autoridad tradicional U’wa, instaló oficialmente el evento mediante un himno en homenaje al territorio cantado en su lengua ancestral. Las palabras de instalación por parte de Iván Fernández de la Asociación para el Manejo Sostenible del Medio Ambiente (AMASOMA) reconocen que «el propósito fundamental del Foro es defender la vida, los páramos y las comunidades».

Berito Cobaría y Roberto Pérez, otra autoridad tradicional del pueblo U’wa, recuerdan la historia de resistencia del pueblo indígena y la unidad con el campesinado y el sector estudiantil en la lucha contra la explotación petrolera y la minería en la región. Advierten que los proyectos de las multinacionales en los páramos afectarán varias cuencas hidrográficas de toda la región contaminando los nacimientos de aguas. «Ya es la hora de decirle al Gobierno que respete nuestro territorio y este es el espacio; aquí estamos todos los sectores afectados y la responsabilidad de defender el Páramo es nuestra», afirma Roberto Pérez. El economista Eliseo Villamizar ubica una de las claves para entender el conflicto con las 19 concesiones mineras en El Almorzadero: «El problema de la explotación en El Almorzadero tiene una motivación económica: 140 millones de toneladas de carbón antracita, más de 10.000 millones de dólares». La antracita es considerado el mejor de los carbones, muy poco contaminante y de alto poder calorífico: tiene el mayor contenido de carbono fijo y el menor en materia volátil; se utiliza sobre todo como combustible y como fuente de carbono industrial. Aunque se inflama con más diferencia que otros carbones, libera una gran cantidad de energía al quemarse y desprende poco humo y hollín. Sin embargo, un miembro de la Red Antorcha explica la importancia del agua para la humanidad, igual que la mayoría de participantes que reconocen que el agua es más importante que el carbón o el dinero que su explotación pueda generar.

AMASOMA se propone «utilizar el Foro como herramienta para que el pueblo legisle sobre este ecosistema y no el Estado que sigue imponiendo leyes a favor de los intereses económicos del sistema capitalista». En ese sentido, Víctor Chivaraquía, miembro de Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR) apuntó: «Así como nosotros estamos trabajando aquí, los gobernantes están haciendo otras leyes para seguir con el despojo; por eso lo que tenemos que hacer es legislar».

Territorio estratégico y acuerdos de oposición

El Almorzadero es el territorio estratégico para la producción, conservación y regulación del agua de los municipios nortesantandereanos de Chitagá y Labateca y los municipios santandereanos Cerrito, Concepción, Málaga, San Andrés, Guaca y Carcasí. Este ecosistema cubre aproximadamente 104.000 hectáreas, un 37,5% de la superficie total de la provincia de García Rovira, y es uno de los más importantes aportes de agua de la cuenca del río Arauca, importante tributario de la gran cuenca del río Orinoco y de la cuenca del río Chicamocha, afluente del Magdalena. AMASOMA concluye que «sin el Páramo El Almorzadero se extinguen casi todas las posibilidades de inventar un futuro sostenible para los territorios que derivan el agua de esta singular esponja natural».

La conservación del Páramo se ha convertido en el problema fundamental de los habitantes de Chitagá, Concepción y Cerrito y también de la provincia de García Rovira y de Pamplona y Ricaurte (Norte de Santander). Y más cuando El Almorzadero también se constituye en terreno estratégico para el sector minero porque sobre su subsuelo se encuentran reservas de minerales, en especial el mejor carbón antracítico del mundo.

El representante de las Juntas de Acción Comunal de Cerrito resumió las afectaciones ambientales —biodiversidad, hidrografía, contaminación atmosférica—, culturales —pérdida de la vocación agropecuaria, de la cosmovisión indígena, de la autodeterminación— y sociales —desplazamiento por expropiación de tierras; pérdida de trabajo comunitario; agudización del conflicto armado; salud de los trabajadores; seguridad alimentaria—.

Joaquín Molano en su intervención en el Foro.

Joaquín Molano, docente de la Universidad Nacional, explica que hay más de 300 páramos reconocidos en Colombia y no existen en ningún otro lugar del mundo diferente a la zona ecuatorial-andina. Además insiste en que el páramo es territorio pues además de los factores biológicos tiene lo cultural, la concepción milenaria de los pueblos ancestrales: «El Almorzadero no es simplemente un ecosistema pues alberga miles de ellos. Los páramos son cultura, memoria, huellas, prácticas milenarias; por eso es necesaria la integración, no sólo conceptualmente sino en las acciones de lucha en defensa del territorio».

Diferentes intervenciones dejaron claro que el problema no son simplemente las empresas multinacionales sino el capitalismo, sea colombiano o venga de fuera. Joaquín Molano sostenía: «Tenemos la amenaza de los de adentro que nos quieren vender y los de afuera que nos quieren comprar».

Movilización social en defensa del páramo

La organización de este Foro —en la cual los gobiernos de Chitagá, Cerrito y Concepción manifestaron su oposición a la explotación minera— es una muestra de esa preocupación que ya en octubre de 2009 presentó otro golpe de opinión cuando más de 1.000 personas se movilizaron en el Centro Poblado de Presidente (Chitagá) con el lema: «No a la explotación minera en el Páramo de El Almorzadero». Otras experiencias relacionadas fueron los cabildos abiertos realizados en el municipio de Cerrito o los diversos foros y movilizaciones masivas como la de la Cuarta Cumbre Ecológica de la Ecorregión de Chicamocha y el Arauca. Esas acciones seguían el curso de la oposición que 20 años atrás las comunidades de Cerrito sentaron frente a la explotación por parte de la empresa Carboriente.

Así, en el año 2009 se genera un colectivo social liderado por las comunidades y organizaciones sociales de Santander y Norte de Santander, las autoridades, Concejos municipales, Personerías, centros educativos, iglesias, Corporaciones Autónomas Regionales, y ONG como CENSAT Agua Viva, Remacol, Coandis, Cabildo Verde y ‘Chitagá es Futuro’ de los municipios de las provincias de García Rovira, Pamplona y Ricaurte.

El Concejo Municipal de Chitagá respaldó legalmente a ese colectivo y promulgó un acuerdo en agosto de 2010 que determinaba adelantar las acciones y gestiones necesarias requeridas para el cumplimiento del proceso dirigido a la conservación sostenible del Páramo. La Secretaría de Planeación del Municipio sería la responsable de coordinar las acciones.

En cuanto a los mecanismos de participación en asuntos ambientales establecidos estatalmente, el abogado Óscar Hernando Suárez, afirma que «no son eficaces por los obstáculos que ponen las mismas autoridades». Además, aclara que las veedurías ciudadanas para la defensa del medio ambiente deberían promoverse por parte de las personerías municipales pero «como éstas son cuotas políticas y burocráticas de los gobernantes de turno nunca asumen la responsabilidad».

Intervenciones en el Foro

La delegación de la Alcaldía del municipio de Concepción recomienda la adquisición de los predios ya que gran parte son terrenos privados para declararlos como Reserva Natural. También propone la implementación de proyectos de reforestación, incentivos forestales y familias guardabosques que permitan proteger y aumentar la cobertura vegetal. Por esa posición, el representante de la Alcaldía de Concepción que intervino en el día de hoy denunció que ha sufrido persecución en su contra y que la Fiscalía y la Procuraduría no han tomado las medidas correspondientes.

La administración de Cerrito invita a los gobiernos locales de Arauca a apoyar la defensa de El Almorzadero y el secretario de Gobierno de Chitagá manifiesta la disposición de la Alcaldía en la defensa de El Almorzadero y explicó que algunos concejales, la personera y el inspector de Policía lo acompañaron en el día de hoy. El ambiente general refleja las expectativas respecto a las conclusiones del Foro para que sirvan para fortalecer la defensa del Páramo.

Las referencias a la reciente lucha en defensa del Páramo de Santurbán estuvieron muy presentes. Un representante de la Unión Estudiantil Universitaria de la UIS (Universidad Industrial de Santander) recuerda la movilización en Bucaramanga de febrero de 2011 donde participaron más de 40.000 personas: «Cuando el pueblo lucha unido, unido obtiene importantes victorias».

Cambio de cosmovisión

Sergio Niño, ingeniero forestal, resumió de esta manera el problema: «En el actual modelo económico los seres humanos no pensamos como especie ni como sociedad, sino como individuos». Víctor Chivaraquía se refirió a los gobernantes locales y regionales: «No participan de nuestras convocatorias porque a ellos no les interesa nuestro sufrimiento; por eso debemos defender nuestra vida, dignidad y territorio nosotros mismos en unidad».

La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (ASOU’WA) rechaza cualquier tipo de intervención en su territorio ancestral que atente contra su cultura y responsabiliza a las empresas y al Gobierno por cualquier cosa que le pase al pueblo U’wa.

Así ASOU’WA declara: «En razón a lo anterior es que como pueblo indígena estamos dispuestos a defender nuestro territorio, el ambiente y nuestra cultura como una unidad, pero somos conscientes que este esfuerzo no lo podemos adelantar solos por lo que pedimos de los presentes en este foro la solidaridad con nuestra causa que es la de todo el planeta». En el mismo escenario anuncia una campaña por la defensa del pueblo U’wa en los próximos meses.

Fin de la jornada

Los participantes se dividieron en tres comisiones de debate —económico, ambiental y social— cuyas conclusiones se presentarán el día de mañana. La jornada concluyó con muestras culturales de la región como danzas, música y poesía.

Entradas relacionadas

• Inicia y queda instalado el Foro Regional Ambiental por la Defensa del Páramo El Almorzadero
• [AUDIO] Más de 60 organizaciones del centro-oriente colombiano se reunirán en Chitagá (Norte de Santander) en defensa del Páramo El Almorzadero

Descarga de los documentos Foro Regional Ambiental en Defensa del Páramo El Almorzadero

Lida Regina Bula Narváez, agente especial de intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar

Con esta resolución los 130 trabajadores de CAFABA decidieron levantar la protesta pacífica que venían adelantando desde el pasado lunes 20 de febrero ya que consideraban que Aristizabal no cuenta con una buena imagen debido a la información que se tiene de su hoja de vida en la cual figura una suspensión para ocupar cargos públicos por un término de diez años y procesos judiciales por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

En remplazo de Saulo Aristizabal fue nombrada Claudia González Botero, quien se venia desempeñando como subdirectora administrativa de CAFABA.

La suspensión de Aristizabal como director fue considerada por los trabajadores de Cafaba como un logro en la lucha por rescatar y sacar adelante la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja como un patrimonio de la ciudad y para servicio de sus pobladores.

Jaime Vélez, presidente de SINALTRACOLFA de Barrancabermeja

El movimiento de las trabajadoras y los trabajadores de CAFABA, la dirección de la Caja y la delegada de la Superintendencia acordaron firmar un acta con los siguientes compromisos:

1. La suspensión inmediata de la protesta por parte de los manifestantes.

2. El compromiso de la Superintendencia de Subsidio Familiar de no represaliar a los empleados y trabajadores de la Caja que participaron en la protesta.

3. El no descuento en sus mesadas salariales a los trabajadores por parte de la administración y dirección de la Caja.

4. El trabajar por parte de los empleados para sacar adelante a la Caja de la intervención por parte de la Superintendencia.

5. Trabajar para recuperar a CAFABA para la población barranqueña.

Entrada relacionada

• [AUDIO] Trabajadores y trabajadoras de CAFABA paralizan actividades por nombramiento de nuevo director de la entidad en Barrancabermeja

Imagen del estadio donde se desarrolla el Foro en Chitagá antes de su instalación.

Programación Foro Ambiental en Defensa del Páramo del Almorzadero

Hoy 24 y mañana 25 de febrero en el municipio de Chitagá (Norte de Santander) la Asociación para el Manejo Sostenible del Medio Ambiente (AMASOMA) que organiza el Foro Regional Ambiental por la Defensa del Páramo El Almorzadero espera reunir cerca de 1.000 personas de diferentes organizaciones y colectivos de mujeres, estudiantes, jóvenes, sindicalistas, campesinos, indígenas de las regiones Centro-Oriente y Nororiente de Colombia. AMASOMA se propone «utilizar el Foro como herramienta para que el pueblo legisle sobre este ecosistema y no el Estado que sigue imponiendo leyes a favor de los intereses económicos del sistema capitalista».

El Almorzadero se ubica en la zona oriental del departamento de Santander e incluye localidades de páramo como Almorzadero, Mogotoroco, Anagá, Juradó, Las Coloradas, Mantilla, Tona, Berlín y Chitagá. El complejo ambiental hace parte principalmente de los municipios de Chitagá y Silos (Norte de Santander) y Cerrito, Guaca, Concepción y Tona (Santander).

Este ecosistema cubre aproximadamente 104.000 hectáreas, un 37,5% de la superficie total de la provincia de García Rovira; en él nacen quebradas, ríos, y aproximadamente 31 lagunas que alimentan las cuencas del río Servita, afluentes del río Chicamocha y los ríos Colorado, Taveta, Chachabrí, Arauca, Cubujón, El Margua los cuales son afluentes del río Orinoco.

En esta zona de reserva natural (no declarada oficialmente), el Gobierno nacional ha autorizado la explotación minera a cielo abierto, una de las modalidades de explotación carbonífera más destructivas. Las palabras de instalación del Foro por parte de Iván Fernández (AMASOMA) reconocen que «el propósito fundamental del Foro es defender la vida, los páramos y las comunidades».

Foro Regional

Berito Cobaría, autoridad U'wa, instaló el Foro mediante un himno en homenaje al territorio cantado en su lengua ancestral.

Dos autoridades tradicionales del pueblo U’wa, Berito Cobaría y Roberto Pérez, que han intervenido en la instalación recuerdan la historia de resistencia del pueblo indígena y unidad con el campesinado y estudiantes contra la explotación petrolera y la minería. Advierten que los proyectos de las multinacionales en los páramos afectarán varias cuencas hidrográficas de toda la región contaminando los nacimientos de aguas. «Ya es la hora de decirle al Gobierno que respete nuestro territorio y este es el espacio; aquí estamos todos los sectores afectados y la responsabilidad de defender el Páramo es nuestra», según Roberto Pérez.

En esta oportunidad la defensa del Páramo El Almorzadero cuenta con la participación de organizaciones de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander que se desplazan hasta Chitagá con el ánimo de consolidar su proceso de conservación y el manejo sostenible de este ecosistema.

De acuerdo con AMASOMA el programa previsto para hoy incluye una introducción temática en la cual la Comisión de Vigilancia del Páramo El Almorzadero presentará una reseña histórica de la lucha por la defensa del páramo. Después sigue la exposición que realizarán estudiantes de Biología de la Universidad Industrial de Santander (UIS) respecto del Páramo de Santurbán continuando con el aporte científico del profesor Joaquín Molano de la Universidad Nacional y la contextualización geopolítica del territorio que dirigirá y presentará la Red Estudiantil Distrital Antorcha de la ciudad de Bogotá D.C.

En horas de la tarde se dará un segundo momento que tiene ver con ponencias de la problemática concreta comenzando con la ponencia ambiental a cargo del ingeniero agroforestal Sergio Niño para luego continuar con la cosmovisión del mundo por parte de indígenas Uw’a indicando el equilibrio ser humano-naturaleza que por siglos han sabido mantener.

Se espera en este ciclo una ponencia social en la voz del abogado Oscar Hernando Suárez Vega y una ponencia económica abordada por el economista Eliseo Villamizar Antolinez.

También se realizará un trabajo por comisiones y subcomisiones donde se espera la participación de 1.000 personas de los diferentes municipios y departamentos presentes en este Foro Regional Ambiental para finalizar con lo que AMASOMA ha denominado “Pacto por la Defensa del Medio Ambiente, el Territorio y la Soberanía” que será en lengua Uw’a y castellano.

Importancia de los páramos

Los páramos son ecosistemas que por sus bajas temperaturas y su vegetación única tienen la capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos; son sumideros de carbono con mayor capacidad incluso que las selvas tropicales y refugios de especies de flora y fauna endémica. Las organizaciones ambientalistas destacan su importancia cultural, económica y social, así como el hecho de que se ubican solamente en cinco países en todo el globo. Colombia cuenta con el 49% de los páramos del planeta con una superficie aproximada de dos millones de hectáreas de las cuales sólo unas 700.000 hectáreas se encuentran protegidas dentro del área del Sistema Nacional de Parques Naturales. Por otro lado, del área total de páramos en Colombia, unas 109.000 hectáreas se encuentran concesionadas en un total de 391 títulos mineros. Mientras los complejos de páramos significan sólo el 1,7% del territorio nacional, de allá procede el 70% del agua para consumo humano en Colombia.

Noticia relacionada:

[AUDIO] Más de 60 organizaciones del centro-oriente colombiano se reunirán en Chitagá (Norte de Santander) en defensa del Páramo El Almorzadero

(Foto: D.Fellous/Libre Arbitre)

El 21 de febrero tuvo lugar un acto de memoria histórica denominado “San Vicente del Caguán, 10 años construyendo la paz” en el cual unas 1.000 personas homenajearon al pueblo de San Vicente del Caguán (Caquetá) por sus esfuerzos de construcción de la paz luego de los diálogos fallidos entre las FARC-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana en ese municipio. En el acto la Alcaldía presentó el avance del Plan de Desarrollo Participativo que ha venido desarrollando en conjunto con las comunidades del municipio. El Plan de Desarrollo recoge las propuestas y preocupaciones de un pueblo estigmatizado desde el fin de la zona de despeje en 2002 (espacio del cual el Estado se retiró temporalmente para dar pie a la interlocución con la insurgencia) y que, según autoridades locales, ha sido olvidado históricamente por las sucesivas administraciones públicas. Domingo Emilio Pérez, alcalde de San Vicente, inició así el acto: «Queremos construir la paz desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como se intentó durante la zona de despeje hace diez años».

Domingo Emilio Pérez, alcalde de San Vicente del Caguán. (Foto: D.Fellous/Libre Arbitre)

Concejales de oposición del municipio habían enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos diciendo que el acto era una apología a la guerrilla de las FARC-EP; incluso algunos medios afirmaron que las mismas FARC-EP habían impulsado el evento. El Gobierno nacional llamó a una reunión de todo el Consejo de Ministros para el 22 de febrero, opacando la jornada del 21 de febrero. A media hora de empezar la conmemoración el Ejército dijo haber encontrado cargas explosivas que fueron detonadas de forma controlada y que supuestamente habrían sido colocadas por las FARC-EP para atentar contra la vida del presidente el día siguiente. Cuando el evento empezó la plazoleta estaba rodeada por cuatro tanquetas que llegaron para transportar al gobernador y militares y policías cada dos metros. Luego del almuerzo la electricidad se fue en todo el pueblo, motivo por el cual el acto conmemorativo se suspendió durante media hora.

A pesar de los obstáculos y señalamientos realizados en contra de la Alcaldía y el acto de memoria, se dieron cita unas 1.000 personas provenientes de la zona rural y urbana del municipio. «Hoy es un día importante. El alcalde quiere cambiar la imagen que se tiene de nuestro pueblo en otras partes de Colombia. Queremos construir paz aquí en San Vicente porque se ha vivido durante los últimos diez años la guerra todos los días. Durante la zona de despeje podíamos dormir con la puerta abierta, en el pueblo se vivía bien”, cuenta Bibiana, vendedora ambulante que se encuentra en la plaza vendiendo chontaduro.

Tanquetas militares presentes durante el evento. (Foto: D.Fellous/Libre Arbitre)

Ante los posibles beneficios que puede traer el Consejo de Ministros, Ferney, campesino de la zona rural de San Vicente, es escéptico. «Uribe vino tres o cuatro veces al pueblo y nos prometió de todo… pero hasta ahora no hemos visto nada de lo que dijo que nos iba a dejar. El circo que se monta mañana es una muestra de fuerza del presidente que quiere mostrar que la política de consolidación supuestamente funciona ya que puede llegar hasta San Vicente con todo su gabinete sin ningún problema. La militarización, el cierre de carreteras y el control sobre nosotros no se muestran. A nosotros tampoco nos preguntan nada y el pueblo quedará después de la visita igual que antes».

En todo caso, la visita del presidente generó mucho movimiento en San Vicente ya que hubo gran presencia de medios de comunicación que amplificaron el anuncio de Santos de acudir a su municipio. El solo hecho de que la gente se acercara a la iglesia para marcarse la cruz en la frente hizo que muchas personas curiosas se quedaran a ver lo que hacía diez años no sucedía como es la presencia del Jefe de Estado colombiano. Más allá del escepticismo, el propio alcalde afirmaba que la visita de Santos era una éxito para la iniciativa de paz desarrollada en El Caguán.

La zona de despeje

Dia a día en San Vicente. (Foto: D.Fellous/Libre Arbitre)

Luego de más de tres años (20 de octubre de 1998 – 20 de febrero de 2002) de negociaciones de paz entre la organización insurgente de las FARC-EP y el Gobierno nacional, el fin de la zona de distensión implicó la intensificación de la confrontación armada y se incrementaron las denuncias por violaciones de derechos humanos y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario. Para la población civil ser de San Vicente del Caguán resultó ser incomodo fuera los límites del municipio ya que la referencia de la zona de despeje diez años más tarde sigue siendo un estigma. «Cuando terminaron las negociaciones yo no podía ni decir que era de San Vicente cuando me iba para Florencia. Allí decía que yo era de Puerto Rico porque los ‘paras’ mataban a las personas de nuestro pueblo», nos cuenta Julián, quién trabaja como mototaxista en el pueblo.

El fallido intento de llegar a un acuerdo político entre las FARC-EP y el Gobierno no hicieron que la misma comunidad del municipio dejará de trabajar a favor de la paz. Sus habitantes seguían en la construcción de sus carreteras, centros de educación y salud satisfaciendo en lo posible sus necesidades básicas en medio de un contexto de los que sus pobladores definen como «abandono absoluto por parte del Estado colombiano». Según el campesino Arbey: «Aquí nos tocó construir todo: las carreteras, los puestos [de salud], la escuelita… y todo, prácticamente. Aquí no hay nada. ¿De qué servicios públicos por ejemplo vamos a hablar si nunca hemos tenido».

(El texto no es responsabilidad del autor de las fotos: D.Fellous/Libre Arbitre)

Afiche sobre el evento que inicia mañana en Chitagá en defensa de El Almorzadero.

Mañana 24 de febrero inicia el Foro Regional Ambiental por la Defensa del Páramo El Almorzadero en Chitagá (Norte de Santander) donde más de 60 asociaciones del centro-oriente colombiano tienen una nueva cita hasta el día siguiente para organizar la defensa de este ecosistema amenazado por proyectos mineros.

Entrevista a Emilio, uno de los coordinadores del Foro en Chitagá.

El 31 de octubre de 2009 tuvo lugar el primer evento de este tipo cuya resolución final declaraba: «En los casi 20 años de resistencia de la comunidad a proyectos mineros y luego de la amarga experiencia vivida con una empresa en los años 90 la minería se ha convertido para los habitantes de esta región en una amenaza no solo ambiental por los graves impactos al medio ambiente sino en una tragedia social, económica y cultural que conduce al desplazamiento y la pérdida de identidad de las comunidades locales». En 2009 el Gobierno entregó una concesión a 29 años a la empresa Continental de Carbones de 8.478 hectáreas ubicadas en el páramo El Almorzadero en jurisdicción de los municipios de Chitagá y Cerrito (Santander).

Historia de lucha

En 1989 inició la etapa de exploración y explotación minera de carbón antracita que tras dos años de afectaciones obliga a la comunidad del municipio de Cerrito (Santander) a que se organizara alrededor de la Asociación Comunitaria Pro-Acción Social y Desarrollo de Cerrito para defender el páramo El Almorzadero y sus aguas.

En marzo de 2006 tuvo lugar un Cabildo Abierto que trató el tema de los posibles impactos de la minería en el páramo y se creó una Comisión de Vigilancia Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero. Su conclusión fue que era necesaria la suspensión de cualquier propuesta o proyecto de explotación minera en el páramo ya que «los impactos negativos que se generarían no justifican la minería en el páramo».

En junio de 2006 se realiza la Jornada de Integración Regional por la Defensa del Patrimonio Ambiental de la Ecorregión del Chicamocha y el Páramo El Almorzadero que significó la vinculación al proceso de otras organizaciones departamentales y nacionales.

Afectación de las aguas

El proyecto minero quiere extraer un carbón que purifica el agua utilizada por el campesinado y habitantes de la provincia de García Rovira en Santander. En esos mantos de carbón nacen quebradas, ríos y más de 30 lagunas que alimentan las cuencas del río Servitá, afluente del río Chicamocha, y los ríos Colorado, Taveta y Chachabrí, afluentes del río Orinoco.

Momento de la ubicación de zonas de impacto de megaproyectos minero-energéticos.

Por Felipe Cardona

Más de 100 integrantes de diversas organizaciones sociales del país se dieron cita en el Foro “Política minero-energética, despojo y resistencia en Colombia” llevado a cabo en la ciudad de Medellín. El objetivo del Foro fue realizar un diagnóstico de esta problemática en cada región y generar una articulación y movilización nacional en defensa del territorio que le haga el frente a las “locomotoras” del Gobierno colombiano.

El evento tuvo lugar en la Casa de Convivencias del colegio Fe y Alegría del barrio Zamora de Medellín y en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) los días 16, 17 y 18 de febrero con la participación de organizaciones regionales como Nariño, Santander, Córdoba, Chocó, Sur de Bolívar, Suárez (Cauca), El Quimbo (Huila), Guarinó y Marmato (Caldas), Sogamoso (Boyacá), Anchicayá (Valle del Cauca) y de municipios antioqueños como Argelia, Angelópolis, Betulia, Briceño, Caramanta, Cocorná, Dabeiba, Frontino, Granada, Ituango, Jardín, Jericó, Santuario, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, San Luis, Támesis, Toledo, Valparaíso, y una representación juvenil de la comuna 8 de Medellín, además de organizaciones sociales y populares de Medellín y la Fundación Rosa Luxemburgo.Este foro se genera gracias a la respuesta de las organizaciones sociales y populares del país que se han organizado y movilizado en contra de los proyectos mineros y las hidroeléctricas. En el marco del contexto económico, político y social que vive la mayor parte de la población Colombiana «la llegada de multinacionales de la minería ha generado un rompimiento en el tejido social, han militarizado las zonas y han forzado el desplazamiento de comunidades, cambiado las dinámicas económicas tradicionales de las regiones como la agricultura y la pesca; en caso de que se aprueben los megaproyectos mineros pendientes se generaría una problemática ambiental alarmante, poniendo en riesgo la biodiversidad, el agua y la seguridad alimentaria del país», según comenta Narciso Beleño, directivo de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), participante del Foro. En la actualidad, el 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión para hacer minería, según información de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME).

Diagnóstico, discusión y propuesta

El jueves 16 llegaron las y los diferentes delegados de las regiones y en las horas de la noche realizaron una socialización de la problemática de su región situando en un mapa de Colombia el lugar de impacto del megaproyecto minero o hidroeléctrico. Se evidenció desde este primer momento la complejidad de la problemática y la gran labor de resistencia de las comunidades.

El segundo día se realizó el foro público en la sede de ADIDA al cual asistieron más de trescientas personas. Los ponentes que participaron fueron: Andrés Idárraga, Instituto Nacional Sindical (CEDINS); Edgar Mojica, Unión Sindical Obrera (USO); Cristina Zuleta, Mujeres Ideales de Ituango, y Bernardo Sitton Bejerano, comunidad indígena Ngäbe Buklé de Panamá integrante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos de Panamá (Frenadeso). Sitton socializó la problemática que ha generado un megaproyecto hidroeléctrico de la empresa antioqueña Empresas Públicas de Medellín.

Narciso Beleños (FEDEAGROMISBOL).

El evento continuó desarrollándose en mesas de trabajo divididas en problemáticas mineras y problemáticas energéticas en las cuales se generó un diagnóstico de problemáticas, alternativas y estrategias de las organizaciones. Al concluir el evento se construyeron las estrategias y las articulaciones y se concretaron los planes de acción y las agendas de movilización nacional para el presente año.

Este espacio fue de carácter formativo buscando que sirva para retroalimentar el trabajo de cada organización en las regiones. Se reconoce el Congreso de los Pueblos, articulación de organizaciones sociales y populares del país, el escenario político desde el cual se construye la legislación propia que posibilite la permanencia en los territorios y la autodeterminación de las comunidades. Al finalizar el espacio se concluyó que la lucha no será sólo para oponerse a las multinacionales y a los megaproyectos que afectan cada región, sino que busca enfrentarse a las “leyes del despojo”, es decir, al modelo económico y político, y construir alternativas a este con planes de vida para un país diferente.

Antecedentes

Este no es el primer espacio que se genera para buscar salidas a la problemática minero-energética. Ya en el marco del escenario del Congreso de los Pueblos se realizó entre el pasado 30 de septiembre y el 4 de octubre del año 2011 en la ciudad de Cali el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías en el cual se discutieron estas problemáticas y se generaron propuestas reunidas en los mandatos que se construyeron de autodeterminación de los pueblos sobre la construcción, cuidado y la defensa del territorio.

Momento en que trabajadores de CAFABA impiden a Saulo Aristizabal la entrada a la entidad.

Hoy 22 de febrero se cumplen tres días de las protestas y parálisis de actividades que protagonizan las alrededor de 130 trabajadoras y trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (CAFABA) en la ciudad del Magdalena Medio.

Manifiestan su inconformismo por la destitución por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar de la hasta ahora directora Margarita Navarro y el nombramiento de Saulo de Jesús Aristizabal Janica quien, según los manifestantes, no es la persona más idónea para manejar esta entidad. Entre otras razones, advierten que Saulo Aristizabal se encuentra inhabilitado por diez años desde 2006 para ocupar cargos públicos según un fallo de la Procuraduría General de la Nación por compra de votos en Soledad (Atlántico). Además, Aristizabal fue sindicado y detenido en 2005 por ser uno de los presuntos «cabecillas intelectuales del paramilitarismo» en Barranquilla tras las declaraciones del jefe paramilitar ‘Don Antonio’.

El personal de CAFABA argumenta que el nuevo director fue investigado en 2003, acusado y suspendido en 2006 por fraude procesal por la Fiscalía Seccional de Barranquilla por acciones cometidas cuando se desempeñaba como gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad. Señalan que fue impuesto por la senadora del Atlántico Karime Motta y que su función es reversar las decisiones de la anterior directora que al parecer del sindicato tuvieron un accionar transparente y consecuente con la orden de la Superintendencia tras la intervención de la entidad.

Esos son motivos suficientes para que la plantilla de CAFABA mantenga un paro indefinido y bloqueara hoy la entrada del recinto impidiendo que Aristizabal accediera a las instalaciones de la entidad hoy al mediodía para tomar posesión del cargo.

Además el Sindicato SINALTRACOLFA ha elevado algunas denuncias por las pérdidas que se han venido presentando en el manejo del régimen subsidiado en CAFABA en las regionales de Santander y Atlántico, razón por la cual se determinó el cierre del régimen subsidiado en estas regiones, como cuenta Jairo Alonso Amaya, vicepresidente del sindicato de CAFABA en Barrancabermeja.

Jairo Alonso Amaya, vicepresidente del sindicato de CAFABA en Barrancabermeja

La designación del nuevo director hizo que el viernes 17 de febrero los trabajadores y trabajadoras de CAFABA levantaran su voz de protesta. Este nombramiento administrativo ha sido hecho en estos últimos años por la Superintendencia y no por el Consejo de Administración porque CAFABA ha sido intervenida por malos manejos administrativos denunciados por el sindicato desde el 28 de enero de 2008.

Jaime Vélez Gil, presidente de SINALTRACOLFA.

Según manifestó el presidente del sindicato, Jaime Vélez Gil, el cese de actividades lo mantendrán hasta que la Superintendencia de Subsidio Familiar se siente a dialogar y escuche sus reclamos y cuyo primer gesto tiene que ser la suspensión del nombramiento de Jesús Aristizabal Janica como director de CAFABA.

Jaime Vélez Gil, presidente de SINALTRACOLFA

Hoy dos funcionarios de la Superintendencia llegaron para examinar las cuentas de la entidad y tomar una decisión al respecto. SINALTRACOLFA exige una persona en la dirección administrativa que sea de la ciudad de Barrancabermeja, con experiencia e idoneidad. Además propone una mesa de concertación donde la Iglesia, los gremios, la Alcaldía y el sindicato se sienten a dialogar sobre esta situación y sobre la importancia de CAFABA para la región.

En la actualidad CAFABA adelanta programas como: afiliación al régimen subsidiado EPS, servicios de IPS, capacitación, recreación y turismo, atención integral a la niñez, fondo de crédito y vivienda de interés social; en la actualidad la Caja le presta servicio a cerca de 18.000 afiliados.

Carlos Núñez (centro de la imagen con gorra blanca) en la Asamblea Constitutiva de la Asociación Nacional Campesina "José Antonio Galán" en septiembre de 2011.

Carlos Alberto Núñez, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), fue detenido por la Policía Nacional el pasado 18 de febrero cuando se dirigía a la capital del departamento de Arauca para participar en una reunión con organizaciones sindicales de la región.

Según la organización campesina que preside el dirigente encarcelado, el proceso penal que se adelanta en su contra por el cargo de rebelión data del año 2005. En todo este tiempo no ha tenido lugar ni una sola audiencia y el proceso se fundamenta en un informe elaborado por el Ejército Nacional. El mismo día apareceun supuesto desmovilizado de un grupo insurgente que opera en Arauca y lo señala, así como dos declaraciones de testigos de otros procesos del año 2003. Estos testigos declararon en los procesos adelantados contra toda la dirigencia social de Arauca que dio lugar a detenciones masivas en 2003 o la detención de los profesores Samuel Morales y Raquel Castro en 2004 en el mismo operativo en que asesinaron a tres sindicalistas — Leonel Goyeneche, Héctor Alirio Martínez y Jorge Prieto— en Caño Seco (Saravena).

Esta nueva detención, que afecta directamente al reconocido dirigente campesino, ha suscitado pronunciamientos públicos de los diferentes sectores sociales de Arauca como la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra o la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) (ver http://www.organizacionessociales.org/) que catalogan el hecho como una más de las agresiones contra los habitantes de esa región del país. Afirman que precisamente estas agresiones se han caracterizado por la ocurrencia de gran número de detenciones masivas y selectivas, especialmente desde el año 2002 hasta la fecha.

Carlos Núñez (derecha, gorra blanca) durante la Asamblea Constitutiva de la Asociación Nacional Campesina "José Antonio Galán".

Al momento de ser puesto a disposición de la Fiscalía en el casco urbano del municipio de Arauca, Carlos Núñez fue informado que tenía una orden de captura desde el año 2006, hecho que es calificado por sus defensores como un exabrupto dado que el sindicado ha sido un personaje público desde 1997 y que la sede de la asociación campesina que preside es reconocida por pobladores y autoridades y que a pesar de eso nunca le fue comunicada la existencia de un proceso penal en su contra.

Además de lo anterior, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra informó que el dirigente judicializado es beneficiario de medidas cautelares ordenadas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de los hechos de violencia y persecución de los que han sido víctimas los integrantes de las organizaciones sociales de Arauca. Asimismo la organización defensora de derechos humanos resalta el hecho de que la captura se produjo tres días después de que el Ministerio del Interior le realizara a Carlos Núñez un estudio de riesgo en el marco de la referida orden de la CIDH.

En un comunicado público, la ADUC hizo una serie de exigencias al Estado colombiano entre las que se encuentran «la libertad inmediata de Carlos Alberto Núñez Flórez y demás compañeros dirigentes y habitantes de nuestro departamento detenidos por montajes judiciales, el respeto por la libertad de asociación, la dirigencia social y el derecho a disentir y el derecho a construir modelos sociales alternativos».

Capturas masivas en Arauca

El 12 de noviembre de 2002 un gran operativo militar retiene e identifica a más de 2.000 personas en el Coliseo Jacinto Jerez en Saravena de las cuales 96 son conducidas a la sede del Batallón Mecanizado Revéiz Pizarro de Saravena (Brigada XVIII) y finalmente 43 son judicializadas y encerradas en las cárceles La Picota y Buen Pastor de Bogotá por más de tres años. En noviembre de 2010, 17 personas de Saravena vinculadas a diferentes Juntas de Acción Comunal o proyectos de economía solidaria fueron absueltas del delito de rebelión tras permanecer tres años privadas de libertad. En enero de 2011 el presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR) fue detenido fruto de un expediente judicial que ordena la captura de 23 personas, de las cuales fueron efectuadas cinco detenciones más.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que estas detenciones fueron un montaje desde la Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de seguridad del Estado. En todos los casos, las investigaciones se han fundamentado en supuestos reinsertados ya que casi la mayoría nunca ha formado parte de la insurgencia armada como, en algunos casos, la familia u otros testigos han confirmado.

El 31 de julio de 2008, diferentes sectores sociales y de derechos humanos organizaron una Audiencia Pública en el municipio de Arauquita en la que concluyeron que la Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación con base en la Brigada XVIII del Ejército Nacional es la responsable de «montajes […] utilizando a sujetos que tras unos beneficios económicos, jurídicos o de otra índole, hacen pasar como supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición, los cuales son puestos a verter toda serie de injurias, calumnias y falaces imputaciones». El resultado del análisis por parte de la Audiencia Pública es que lo que se cuestiona en esos procesos judiciales es «un trabajo y actividad social, satanizando también al proyecto de vida de los araucanos y sus organizaciones sociales [...]; el objeto central de la persecución lo constituyen entonces las denuncias, las exigencias de un pueblo organizado, el estar presentes en la planeación y decisión sobre el propio futuro».

En esa fecha, el resumen de las detenciones masivas que se habían dado de similar manera según la Audiencia Pública de Arauquita eran:

 Fuente: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

El auditorio Marino Troncoso de la Universidad Javeriana de Bogotá fue el escenario del evento cuyo tema central fue la censura a los medios de comunicación y a los periodistas de las regiones en Colombia. Al evento asistieron cerca de 70 personas, en su mayoría periodistas y estudiantes de comunicación.

Entre quienes participaron estaban algunas de las 94 personas del gremio amenazadas durante el año 2011. De esa cifra da cuenta el último informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una de las organizaciones convocantes de este foro.

Este informe señala igualmente que durante este año la sede de dos medios de comunicación sufrieron atentados: la sede de Radio Nasa en Toribio y una emisora en Cesar a la que robaron todos los equipos. Luis Eduardo Gómez fue asesinado en Arboletes (Urabá Antioqueño) el pasado 30 de junio: «Las causas del homicidio estarían directamente relacionadas con su condición de periodista, especialmente por denuncias sobre la desviación de recursos públicos a favor de grupos ilegales». También tuvieron que exiliarse dos periodistas: Mary Luz Avendaño que salió del país el pasado 23 de agosto y cuyas últimas investigaciones, publicadas a mediados de 2011, «denunciaban a las tristemente célebres “polibandas”, que no eran más que vínculos entre algunos miembros de la Policía Departamental y bandas criminales de la ciudad de Medellín». Igual ocurrió con otro periodista de esta ciudad que pidió no divulgar su nombre.

Señala la FLIP que además de la violencia y la intimidación, los periodistas tienen que enfrentar la acción jurídica contra su actividad. Es el caso de la condena a 20 meses de prisión y 20 salarios mínimos contra el periodista Luis Agustín González a raíz de un editorial publicado en el año 2008 en la que el director del periódico Cundinamarca Democrática cuestionaba la aspiración al Congreso de Leonor Serrano de Camargo y «la defensa que tuvo que hacerse un periodista por la acusación de calumnia e injuria hechas por el ex presidente Uribe».

Uno de los hechos más graves y lamentables que registra este informe es el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez en una región azotada hace muchos años por la violencia. Un periodista que ha sobrevivido a esas olas de violencia en Urabá le dijo a la FLIP: «Allá hay de todos los grupos, pero ¿que se acabaron los ‘paracos’? Le digo una cosa, los ‘paracos’ siguen, y hoy cada cual hace lo que se le da la gana desde que cogieron a ese señor ‘Don Mario’. Los que eran los barrenderos pasaron a mandar». Es la misma región donde la banda paramilitar ‘Los Urabeños’ decretaron en enero de este año un paro armado en respuesta a la muerte de ‘Giovani’, uno de sus jefes.

El mismo documento señala la impunidad como un elemento grave pues los responsables de los crímenes contra los periodistas en su mayoría siguen en libertad. Señala por ejemplo que «de 139 casos de periodistas asesinados desde 1977, han prescrito 57 (en el 2011 prescribieron 9 casos) y ha habido sólo 17 sentencias condenatorias en este transcurso de tiempo». Los más significativos son el de Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá en 1999; el de Héctor Abad Gómez, ocurrido en Medellín en 1987; Amparo Leonor Jiménez, ocurrido en Valledupar en 1998; y el de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia (Antioquia).

Origen de las amenazas

En cuanto al origen de quienes agreden a la prensa con amenazas, cierre de espacios, asesinatos y maltrato físico, la FLIP resalta que el 37 % corresponde a políticos, funcionarios del Estado y miembros de la Fuerza Pública; otro alto porcentaje (15 %) corresponde a los grupos paramilitares hoy llamados bandas criminales (Bacrim). Respecto a esto último es preocupante su nuevo avance en varias regiones del país, con presencia en 347 municipios, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que se recogen en este informe. La insurgencia armada es responsable también del 5 % de estas agresiones.

Algunos de estos puntos fueron tratados en el resumen que hizo del informe Andrés Morales, director ejecutivo de la FLIP, y fueron la entrada a la temática del foro sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. A continuación de esto se realizó una videoconferencia desde Estados Unidos con Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Botero señaló que en la región hay dos grandes problemas que atentan contra la libertad de prensa. Uno, el crimen organizado, frente al cual varios Estados aparecen impedidos para confrontarlo porque éste los tiene altamente infiltrados o cooptados a sus funcionarios y eso ha llevado a que la violencia y la impunidad frente a la coacción de la libre expresión y la información sea creciente. El otro problema que señala la Relatora es el gran desprecio que tienen ciertos Estados respecto a los valores democráticos, en los cuales se quieren resguardar ciertos derechos restringiendo las libertades, perdiendo la oportunidad de que la libre expresión sea un mecanismo eficaz para enfrentar la corrupción y el autoritarismo.

La funcionaria indicó que en este último sentido se enmarca la discusión sobre las recomendaciones que hicieron Ecuador y Venezuela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la página ecuatoriana Confirmado.net: «Una recomendación muy criticada fue la de distribuir “de manera balanceada” los fondos entre las ocho relatorías de la OEA porque actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con empleados contratados a tiempo completo, gracias a un presupuesto anual cercano a los 900.000 dólares aportado completamente por fuentes ajenas a la OEA». Finalmente Botero planteó que lo ideal para que los medios de comunicación jueguen el papel que les corresponde en una sociedad depende de que los Estados garanticen que se desarrollen en tres espacios: el privado, el público y el comunitario.

Por su parte el periodista mexicano Jacinto Rodríguez, Revista Eme-equis, expresó que una de las razones del periodismo es ser contrapeso del poder y en eso han pecado los periodistas en su país al acompañar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 70 años de poder sin cuestionar todo lo que se fraguó en ese tiempo que dio origen a lo terrible que se vive hoy con el narcotráfico y la corrupción. Según el informe de 2010 de la CIDH, 64 periodistas han sido asesinados y 11 desaparecidos en México entre los años 2000 y 2010. Afirma que la prensa se encuentra sola y sin el apoyo de la sociedad ante esta arremetida de las mafias, una soledad que ella misma construyó por su alejamiento a las comunidades y su maridaje con el poder.

Ignacio Gómez, presidente de la FLIP y subdirector del noticiero colombiano de televisión Noticias Uno, aportó elementos a este debate señalando que en el país hay un incremento en las amenazas a los periodistas, sobre todo en regiones como Arauca. Explica que allá no sólo los amenazan, sino que por el hecho de informar sobre el desarrollo de hechos como un paro armado en la región los mismos mandos militares los señalan de hacer el juego al terrorismo.

Respecto a Urabá y otras regiones donde supuestamente ha disminuido el asesinato de periodistas, señaló que la realidad es que allí ya no hay periodistas para asesinar e incluso tampoco hay periodismo. Ubicó que cuando hay un periodista amenazado hay que protegerlo y también el tema que investiga. En este sentido hizo referencia a la historia de Tamalameque (Cesar) donde la periodista Amparo Leonor Jiménez fue asesinada el 11 de agosto de 1998 en Valledupar después de haber sido amenazada en 1996 por investigar el caso de la hacienda Bellacruz. Sobre esta hacienda reclama propiedad Carlos Arturo Marulanda, ex ministro de Desarrollo, ex embajador ante la Unión Europea, acusado de conformar grupos paramilitares y del desalojo violento de 200 familias de estos predios.

Intervino allí Andrés Villamizar, director general de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, para plantear lo que el Gobierno está haciendo frente a este panorama de la autocensura de los periodistas. Esta unidad fue creada recientemente por el Gobierno de Juan Manuel Santos y pretende, según noticia de El Heraldo de 31 de octubre de 2011, «integrar en un solo programa los esquemas de protección de los jueces y fiscales, testigos, defensores de derechos humanos, población en situación de desplazamiento, periodistas, sindicalistas, además de otras poblaciones vulnerables».

Villamizar afirmó que el Gobierno reconoce que efectivamente hay un maridaje entre los políticos de cada región con el grupo armado dominante y tiene que ver en muchos casos con el manejo de las rentas locales. Por lo mismo el Gobierno está trabajando en municipios emblemáticos de corrupción y apunta a hacer una acción coordinada donde se actúe efectivamente sobre el problema y se proteja a quien informa o denuncia.

Fausto Joshua Ríos, director y periodista del Canal Seis, canal de televisión comunitaria de Guarne (Antioquia) que cubre información de los municipios del oriente del departamento, comentó ante los participantes del foro que tiene muchas dificultades para ejercer su oficio. Explicó que por un lado es inevitable hacerse visible cuando se trabaja para informar a la gente, en parte porque las personas le otorgan confianza y credibilidad al ver reflejados sus problemas en un medio de comunicación y porque nadie quiere responsabilizarse por lo que otro dijo, de ahí que para quienes se molestan por lo que se dice es fácil saber a quién amenazar. También está la coacción económica sobre todo de parte de las autoridades municipales que son quienes determinan a quien se le dan las pautas publicitarias y por lo tanto condicionan diciendo «bueno yo te pauto, pero cuidado con lo que vas a decir». Concluye que la censura viene en gran parte desde las administraciones porque se señalan las cosas que pasan y quiénes son los responsables, «por eso tenemos enemigos en los 23 municipios».

El foro fue coordinado por Claudia Morales, directora de la sección Enfoque de la revista Semana, quien ubicó los objetivos del foro y fue saludando a algunas personas conocidas del público, en especial a Jineth Bedoya, una periodista que después de 11 años de haber sido secuestrada, torturada y violentada sexualmente, tuvo que colocar una demanda ante la CIDH para que su caso se resolviera. Bedoya, muy emocionada, informó a los presentes que por fin la Fiscalía identificó en días recientes a uno de los paramilitares responsables de los hechos.

A los asistentes a este foro se les entregó un CD con copia del informe de la FLIP titulado «¿La censura en las regiones, llegó para quedarse?». Respecto al tema en la página 32 de este informe dice: «Germán Arenas, corresponsal de Caracol Radio en el Putumayo, asegura que “la censura viene de los dueños de los medios de comunicación y viene de la dirigencia política, porque, desafortunadamente, en el departamento el periodista tiene que pagar su espacio. No hay empresa privada, no hay industria, no hay comercio. Así que la pauta viene del sector oficial”. Bajo estas condiciones, muy pocos periodistas se atreven a cuestionar las instituciones que les dan de comer». Acompañaba este CD, una cartilla del Ministerio del Interior sobre seguridad preventiva titulada: «Quien maneja la información, controla el riesgo» y un manual para el acceso a la información de parte de la FLIP que pretende resolver preguntas como: «¿Tengo derecho a conocer y divulgar este información? ¿Pueden negarme al acceso a este tema? ¿Pueden restringir mi acceso al lugar de los hechos o prohibir un cubrimiento noticioso?» y señala otra idea importante en su introducción: «La información es la materia prima de la democracia».

Descarga el informe 2011 de la FLIP clickando en la imagen.

Entre los días 13 y 16 de febrero tuvo lugar la cuarta sesión del juicio oral por el homicidio de la jueza penal Gloria Constanza Gaona en Saravena (Arauca)el 22 marzo de 2011. El grupo de juristas encargado de la defensa de los tres acusados detenidos afirma que el proceso judicial es un montaje contra pobladores y que la Fiscalía nunca investigó los hechos.

La Fiscalía por su lado sostiene la tesis de la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el asesinato de la jueza aportando como testigos a una mayoría de miembros de la Fuerza Pública que no presenciaron los hechos y cuyas declaraciones mantienen que el control del orden público en la región oriental del país está en manos de la insurgencia armada.

El martes una de las testigos presenciales de los hechos, Mireya Agudelo, oficial mayor del juzgado penal de Saravena y subordinada de la jueza, señaló a uno de los detenidos como el homicida. La defensa de los acusados impugnó la credibilidad de la testigo por su presunta incapacidad para recordar y comunicar los hechos por dudas expresadas en elementos clave.

En su primer texto de acusación, la Fiscalía solicitó alrededor de 50 testigos de los cuales ninguno presenció los hechos. En esa diligencia no solicitaba la presencia de Agudelo ni de otras dos personas: un agente de policía que vio al asesino desde su apartamento y otra funcionaria judicial que se lo cruzó de frente mientras huía a pie.

La defensa arguye que en una diligencia de reconocimiento fotográfico Agudelo no pudo reconocer al hombre que disparó cinco veces en el cuerpo de Gaona. En entrevistas con policía judicial le atribuyó una altura de 175 cm coincidiendo en esa característica física con los otros testigos presenciales. El señalado por esa testigo, Nelson Archila, quien ya cumplió una condena entre 2003 y 2006 por rebelión, mide 168 cm, una diferencia considerable y difícil de equivocar según la defensa.

El fiscal se opuso a que el abogado de Archila usara en el interrogatorio las dos entrevistas y el retrato hablado que Agudelo realizó ante los investigadores. La defensa sostiene que el objetivo de la Fiscalía era evitar que se hicieran más evidentes las contradicciones existentes entre esas primeras versiones y la que expuso en el juicio la testigo.

Mireya Agudelo se encuentra en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía colombiana y la defensa de los acusados cree que ha sido presionada o favorecida con ofrecimientos para inculpar a uno de los detenidos, lo cual explicaría el cambio de versión o las contradicciones en sus declaraciones.

El jueves el fiscal pidió una prueba sobreviniente, autorizada por la ley si en el desarrollo del juicio oral se conoce algo excepcionalmente relevante; se trata de un supuesto desmovilizado del ELN que dice haber pertenecido a esa organización desde enero de 2010 y entregarse al Ejército en septiembre de 2011. Supuestamente rindió una entrevista ante la policía judicial dos días después de concluida la audiencia preparatoria en la que se deben pedir las pruebas.

Para la defensa es un despropósito que el fiscal esperara más de cuatro meses para presentar esta prueba. Además, considera que el sujeto no pudo presenciar el homicidio ya que afirma su condición de combatiente rural pero que ese día se encontraba en pleno centro del casco urbano de Saravena gracias a un permiso de sus superiores. El supuesto reinsertado dice que era miembro de ASOJER, Asociación Juvenil y Estudiantil Regional araucana, y que esa sigla significa «Asociación de Jóvenes Revolucionarios… o algo así». La prueba fue autorizada por el juez y declarará en próximas audiencias.

Hasta esta semana, la “prueba reina” de la acusación era un video en el que supuestamente se apreciaban varias reuniones de hombres donde podían estar los implicados. El lunes la visión del video de las cámaras de seguridad del centro de Saravena no mostró nada relevante.

Impacto mediático del caso

Este crimen causó un gran impacto mediático porque su despacho se encargaba del caso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares acusado de la violación de dos niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanos de 9 y 6 años.

Una nueva sesión del juicio oral por este caso tuvo lugar la semana del 6 al 10 de febrero en Bogotá. Hasta ahora los testimonios de los militares que compartieron pelotón con el acusado y que fueron destituidos confirman su comportamiento irregular, según informa Humanidad Vigente. Una perito forense de Medicina Legal afirmó que el militar tiene una conducta típica de un «depredador sexual».

En este proceso judicial también se introdujo la declaración de un supuesto desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quien afirma que escuchó a un comandante de esa guerrilla ordenar el homicidio de los niños.

Gaona instruía una mayoría de procesos por rebelión —un 80-90% del total de sus casos según Mireya Agudelo— y también de ejecuciones extrajudiciales donde había miembros de la Fuerza Pública implicados. La misma tarde del homicidio estaba programada una reconstrucción de los hechos sobre uno de estos casos de ejecuciones extrajudiciales —que en Colombia se han conocido como ‘falsos positivos’—. La semana siguiente estaba prevista una audiencia sobre el caso de los niños asesinados.

El propio director de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), general Carlos Ramiro Mena, asumió la investigación del homicidio de la jueza y ordenó la conformación de un grupo especial que tras cinco semanas de investigación y seis allanamientos la Policía capturó a tres hombres y los acusó de ser los autores del asesinato de la funcionaria pública.

Voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos, incluido el mismo presidente, afirmaron que los jóvenes judicializados eran milicianos del ELN y que con tal hecho quedaba descartada la participación del Ejército Nacional en el crimen de la funcionaria judicial. Miembros de organizaciones sociales araucanas afirman que la institución necesitaba limpiar su imagen ya que se colocó en el centro de las acusaciones por el homicidio de la jueza. Hasta ahora ninguna organización armada ha reconocido la autoría del crimen

Los testigos y el baile de millones

>Mena llegó a Arauca y ofreció 500 millones de pesos de recompensa por conseguir información sobre los responsables del asesinato: 450 millones ya fueron repartidos entre personas que no presenciaron los hechos.

De los 500 millones, 75 fueron para una persona condenada por extorsión que en el momento de los hechos estaba en prisión y recibió esa cantidad porque supuestamente escuchó una conversación previa entre dos personas que él asoció con el posterior homicidio de la jueza. Este hombre reconoció que el objeto de su declaración fue recibir la recompensa y así resolver problemas económicos. También dijo que le habían ofrecido una rebaja en la condena, pero él mismo dijo en el juicio oral que no se ha hecho efectiva. La versión de cómo la policía judicial llegó hasta el informante tampoco quedó clara en el juicio: el testigo no aclaró quién buscó a quién.

El resto de esa cantidad de dinero ha ido a parar a individuos que no presenciaron los hechos y cuyas versiones son contradictorias. Según el jefe del grupo especial que realizó la investigación, el mayor de la DIJIN (Dirección de Investigación Judicial) Edwin Urrego, entregó 75 millones a otro hombre que fue capturado después de los hechos e igualmente condenado por extorsión.

Entregó otros 100 millones a una mujer que dijo haber visto a uno de los acusados pasar en una motocicleta frente a su residencia, la cual ni siquiera se ubica cerca del lugar del homicidio. Esta mujer declaró en enero pasado y afirmó que desde el año 2010 colaboraba con la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial de la DIJIN). La informante y testigo dijo que conocía a dos de los acusados desde que ella tenía nueve años y ellos doce y que «desde entonces sabe que son milicianos del ELN porque ellos se lo habían dicho».

También entregó 200 millones a dos personas que afirmaron estar a una cuadra de los hechos e identificar a dos personas en moto.

Según informó Noticias Uno el 6 de agosto de 2011, una testigo que señaló a los supuestos autores del crimen de la jueza denunció que funcionarios de la Fiscalía en Saravena le ofrecieron dinero para que declarara contra los tres detenidos.

Estigmatización de la población civil

Organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca indican que las judicializaciones forman parte de la estrategia del Estado para mantener el control territorial. En esos procesos ganan protagonismo las declaraciones de supuestos desmovilizados de grupos armados ilegales.

También explican que la población de Arauca ha sido estigmatizada y violentada históricamente a causa de la explotación petrolera y la presencia de organizaciones insurgentes en esa región limítrofe con Venezuela. Sus organizaciones sociales han sufrido los efectos de la confrontación ya que el Estado las ha vinculado con los grupos armados.

Según informa la Fundación Joel Sierra, el caso más reciente es la detención del presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), Carlos Alberto Núñez Flórez, el 18 de febrero de 2012. A causa de la persecución estatal sufrida en años anteriores por su labor política y social, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares de protección. Precisamente, el miércoles 15 de febrero fue nuevamente reseñado por miembros de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior en el marco de la elaboración de un supuesto estudio de riesgo para el cumplimiento de esas medidas. Tres días después es capturado acusado del delito de rebelión.

Más información:

• Las capturas por el homicidio de la jueza Gaona son denunciadas como montajes judiciales

• Asesinada jueza penal de Saravena a cien metros de la Policía Nacional en el centro del municipio

Mural en la entrada de la Facultad de Derecho en la U. Nacional.

Los días 15 y 16 de febrero tuvo lugar una cita en la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá donde veteranos que conocieron a Camilo Torres Restrepo, profesores universitarios, organizaciones sociales, jóvenes y estudiantes conmemoraron con ponencias reflexivas, actos culturales y arengas los 46 años del asesinato de uno de los precursores del cristianismo revolucionario con un evento que se llamó “Re-creando a Camilo: 46 años de Amor Eficaz”.

En la Facultad de Ciencias Humanas el primer día y en Posgrados de Ciencias Humanas el segundo, diversas organizaciones llevaron a cabo en la ‘nacho’ —como se conoce a la Universidad Nacional de Bogotá— una nueva conmemoración del aniversario de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo en Patio Cemento (Santander) el 15 de febrero de 1966 luego de haber ingresado a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las organizaciones convocantes fueron la Coordinadora Juvenil 3 de Octubre, Memoria y Palabra, Red Revuelta y las Comunidades Eclesiales de Base.

No obstante, hubo más eventos, como el lanzamiento del libro del sacerdote jesuita Javier Giraldo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ‘nacho’: “Cristianismo revolucionario, Camilo precursor” donde se abordaron distintas perspectivas para entender a Camilo Torres y discutir sobre su vigencia. También durante todo el mes el Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales Orlando Fals Borda (IAPES-OFB) ha estado desarrollando desde Cali el Seminario Virtual Camilo Torres: Frente Unido-Unidad Popular y Movimientos Sociales Hoy, que finalizara con un evento presencial en dicha ciudad.

Teología de la Liberación

La reflexión en torno a este punto fue abordada por el historiador Sigifredo Romero del grupo La Golconda; el periodista Javier Darío Restrepo; el teólogo Fernando Torres; el sacerdote Javier Giraldo en el lanzamiento de su libro; el capellán de la Universidad Nacional Manuel Jiménez y las Comunidades Eclesiales de Base.

Exposición en la U. Nacional sobre Camilo Torres.

En primera medida, Camilo se sitúa en una coyuntura en la que había una disputa de poderes religiosos en la que él no quería verse inmerso por representar unos intereses opuestos a éstos. Se define la teología de Camilo no como bíblica sino como una teología de los pobres nacida en el seno latinoamericano por sacerdotes que buscaban articular la palabra y la acción, la fe del amor al prójimo que tiene como objetivo la transformación estructural de la sociedad que ha sido por siglos explotada y dominada por una clase social con intereses particulares distintos a los de las clases dominadas.

Se abordó una reconstrucción histórica donde se retomaron los principales movimientos sacerdotales cercanos al socialismo desde la Teología de la Liberación y que inmediatamente esta perspectiva los lleva a asumir una posición frente a la lucha de clases. Cabe señalar que no era habitual que Camilo Torres citara a teólogos, sino que su perspectiva de la fe, la religión y la revolución en gran parte la tomaba directamente de la Biblia. Para algunas comunidades ecuménicas, Camilo ha sido un gran referente para la articulación del Evangelio con las luchas populares y un ejemplo de unidad con otros sectores sociales para combatir a la oligarquía.

Luego de la muerte de Camilo en 1966 el cristianismo revolucionario tiene mucho más eco en Latinoamérica y el mundo, tanto así que sacerdotes europeos deciden venir a Colombia y vincularse al ELN como los casos de Domingo Laín o Manuel Pérez, entre otros.

Entrevista a Diego Pinto, Coordinadora Juvenil 3 de Octubre

Rupturas políticas y epistemológicas

Para Fernando Torres, el aporte de Camilo a la ciencia es vasto. Con sus aportes a la sociología y a la investigación genera nuevas formas para abordar la «praxis de la transformación» que junto a académicos y políticos como Orlando Fals Borda generaron nuevas formas mucho más dinámicas y participativas que tuvieran como objetivo el análisis crítico de la realidad en las comunidades investigadas y la posible organización de las mismas.

Camilo Torres, en síntesis, es definido ante todo como una metodología, una forma capaz, coherente y revolucionaria de entender el amor, una hermenéutica del Amor Eficaz construido desde la ética. El Amor Eficaz es el amor en servicio al pueblo así como desde la Biblia se habla de amor al prójimo, pero eficaz, es decir, revolucionario. En ese sentido, Camilo genera una ruptura política, social y académica en la forma de hacer «trabajo de base» o construir organización barrial y comunitaria. Así, ayuda también a fomentar el inconformismo en el estudiantado universitario y dirige ese inconformismo hacia la investigación y el trabajo en barrios populares. Destaca la importancia de la sociología para la plataforma de la acción comunal como algo opuesto al asistencialismo.

Concretamente la ruptura en los campos mencionados está en cinco puntos: 1) la creación del Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica (ECISE); 2) el avance en la investigación social gracias a su aporte a la sociología, específicamente por su trabajo en la Universidad Nacional de Colombia; 3) conforma en 1959, siendo auxiliar de la Capellanía de la Universidad Nacional, el Movimiento Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), como una vía efectiva donde el estudiantado pudiese tener un espacio de acción popular; 4) el movimiento por la reforma agraria en donde Camilo tuvo cierta incidencia en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y en donde impulsó formas de cooperativismo y unidades de acción como por ejemplo en Casanare y otras regiones rurales donde el sujeto político era el campesinado; y 5) el reconocido Frente Unido del Pueblo, en donde se creó un numeroso movimiento nacional en oposición al Frente Nacional y a la restringida democracia propuesta por los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, con la plataforma del Frente Nacional a finales de los años 50.

Movimiento Estudiantil

El historiador Carlos Medina en el evento de presentación del libro de Javier Giraldo (der.).

El primer día, en el lanzamiento del libro “Cristianismo revolucionario, Camilo precursor” el historiador Carlos Medina Gallego, alejado de la perspectiva religiosa y haciendo alusiones desde su posición laica, dejó clara la incidencia del camilismo en el movimiento estudiantil. Responsabilizó positivamente a la «oleada de camilistas» que salieron a las calles durante el año 2011 en pro de la lucha social por una mejor educación superior y en protesta contra la reforma de la Ley 30.

De igual forma, fue enfático en el papel revolucionario y el potencial transformador del estudiantado, el compromiso social que tiene para cambiar la realidad del país y la función de las organizaciones estudiantiles en la incidencia en cuanto a la política de la sociedad.

Por otro lado, la Red Revuelta, organización que hace parte del Proceso Nacional Identidad Estudiantil, en el segundo día del evento realizó una ponencia donde sus miembros esbozaron gran parte de lo que creen que es Camilo Torres hoy en día para el movimiento estudiantil. Matices como el inconformismo científico, la articulación de los movimientos sociales y la academia en la incidencia social hacen concluir que Camilo Torres sigue presente en un alto porcentaje en el movimiento social pero sobre todo en el estudiantado organizado en Colombia.

La ponencia dejó entrever la participación de la Red Revuelta en el Congreso de los Pueblos, iniciativa que se está gestando hace casi dos años con la confluencia de múltiples organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, juveniles, afrodescendientes y estudiantiles bajo el lema de «Propuesta de país para una vida digna». Además de esto, en el marco del Congreso de los Pueblos se han realizado eventos de gran magnitud e impacto nacional como el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías en 2011; asimismo, en 2012 está previsto el Congreso Educativo que pretende ser un espacio donde se fortalezca la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y donde se consolide un movimiento estudiantil cohesionado, respetando las diferencias y vigorizando la memoria colectiva y la unidad, legado que, según el evento, recoge la influencia camilista de liberación nacional: «Debemos insistir en lo que nos une y prescindir de lo que nos divide».

Entrevista a Fernanda Espinosa, Memoria y Palabra

Susceptibilidades encontradas

Más allá de las reflexiones académicas y personales sobre Camilo Torres y la Teología de la Liberación y su vigencia para el movimiento social, hubo personas presentes que, como el poeta y cofundador del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC), Antonio Pinzón, volvieron atrás para derramar lágrimas por momentos importantes en los que estuvieron presentes en la vida de Camilo, fue conmovedora la lectura de un extracto del texto «A través de la tormenta».

María Elvira Naranjo, actualmente docente de la Universidad Nacional, retomó su experiencia en el Frente Unido para recordar algunos acontecimientos que marcaron su vida como el trabajo en el barrio Tunjuelito junto a estudiantes de la Nacional, Universidad Distrital, Universidad Industrial de Santander, Escuela Superior de Administración Pública, entre otras. Igualmente, contó la experiencia de la Universidad Obrera, iniciativa para alfabetizar trabajadores en salones de la Nacional durante 1965-66, y las jocosas contradicciones con las que se encontraban a diario. Su voz se entrecortó cuando relataba que 20 años después se encontraría por casualidad con personas con las que luchó en su juventud, pero en esta ocasión el escenario sería después de la tragedia de Armero en el departamento de Tolima por la erupción de un volcán que acabó con la vida de más de 25.ooo personas.

María Elvira y Memoria y Palabra hicieron un recuento sobre las mujeres más importantes de la vida de Camilo: su madre Isabel Restrepo; su hermana, que además fue la primera mujer en ingresar a la educación superior luego de una ley desarrollada por Jorge Eliécer Gaitán; María Cristina Salazar, compañera de Orlando Fals Borda; Guitamie Olivieri o más conocida como Marguerite Marie, militante francesa de la revolución argelina y quien relacionó a Camilo con sacerdotes obreros en París, fue su compañera y su mano derecha aunque no muy querida por otras personas allegadas a Camilo; y María Arango, amiga perteneciente a la Juventud Comunista (JUCO) y luego al Movimiento Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), asesinada por paramilitares en los años 90 en La Calera (Cundinamarca).

Misas y actos culturales

Los espacios contaron con alta presencia de jóvenes, estudiantes y adultos de avanzada edad, pero algo que no se veía en las celebraciones que se suelen dar anualmente era una alta presencia de comunidades religiosas que hablaran de la ética y la espiritualidad en las luchas. En ese sentido, fue importante la presencia de Manuel Jiménez, capellán católico de la Universidad Nacional y la ponencia de Esperanza Millán, pastora de una iglesia protestante evangélica y cercana al proceso de A-Recuperar, organización que hace parte de la Coordinadora Juvenil 3 de Octubre y que funcionó para comprender la reflexión de la unidad y compromiso que deben tener el cristianismo para la construcción de una sociedad diferente —en este caso el texto fue Marcos 10:42-45— resaltando al poder como servicio, un poder contrahegemónico que, desde Jesús, servir al prójimo significa poder.

Entrevista a Manuel Jiménez, capellán de la Universidad Nacional

Misa de celebración a cargo de Javier Giraldo.

Los eventos en los auditorios tuvieron intervenciones musicales donde no pudieron faltar las canciones “Cruz de Luz” del uruguayo Daniel Viglietti y popularizada por Victor Jara y el tema “Dispersos” de Alí Primera. En la capilla de la Universidad también se llevó a cabo una misa de celebración con el sacerdote Javier Giraldo y el jueves el evento se cerró en la Plaza Che Guevara con la participación de artistas urbanos y música acústica que hacía referencia a Camilo o la Teología de la Liberación.

En general, los eventos tuvieron gran éxito. Por un lado, se logra recrear el aporte de Camilo Torres en el movimiento social actual y evidenciar su vigencia y, por el otro, de nuevo confluyen organizaciones con distintas ideologías y trabajos desde el referente de Camilo Torres Restrepo. Memoria y Palabra afirmó que la memoria de Camilo se seguirá reconstruyendo y visibilizando y dejaron en el tintero la idea de proponer un evento mucho más masivo y significativo para la conmemoración de los 50 años.

Entrevista a Esperanza Millán, pastora protestante

Galería de imágenes:

Movilización del magisterio en Bogotá.

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó el jueves 16 de febrero a docentes de todo el país a la primera jornada nacional de movilización del año 2012. Los motivos presentados por FECODE para la movilización son la defensa del régimen especial de salud, el derecho a la gratuidad de la educación, la instauración de un estatuto único de la profesión docente y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno en junio del año anterior tras constantes movilizaciones.

El sector del magisterio se congregó en las principales ciudades de cada departamento o cabeceras municipales para expresar sus exigencias. En Bogotá la jornada de protesta fue respaldada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y tuvo lugar frente al Ministerio de Educación entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde bajo un fuerte sol que obligó a los manifestantes a cubrirse bajo parasoles. Docentes de diversas localidades y de las diferentes jornadas fueron llegando incluso desde antes de las 10 a la cita.

La movilización también denunciaba algunos atropellos que se vienen presentando en contra de los y las docentes de Colombia y para rechazar la reforma pensional que pretende aprobar el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Declaraciones de William Agudelo, fiscal ADE:

Gratuidad

Los docentes señalan que el Gobierno le miente al país cuando anuncia la gratuidad total desde el preescolar hasta la educación media mientras que no invierte el suficiente dinero para garantizarlo. Según explican, la asignación per capita que ha hecho el Gobierno para el año 2012 es de 65.000 pesos por estudiante de primaria y 90.000 en secundaria y media. Según FECODE, esto no alcanza para cubrir ni la primera semana de una gratuidad que debe incluir, como mínimo, nutrición, salud, útiles escolares y transporte, entre otros.

Incremento salarial insuficiente

También protestan contra el incremento salarial del año 2012 para el magisterio y empleados del Estado que es del 5% mientras que el aumento del salario mínimo fue del 5,8%. Este porcentaje que podría ser entendido como algo insignificante no es visto así por el gremio que sostiene que durante los últimos 12 años el incremento salarial del magisterio ha estado puntos porcentuales por debajo de los otros sectores del país. Ello ha generado que el magisterio haya venido perdiendo su poder adquisitivo.

Además, esta medida es vista como una imposición unilateral porque el Gobierno no ha concertado con las centrales obreras ni con FECODE el reajuste salarial del 5% para el funcionariado público.

Periodo de prueba como mecanismo de represión

Los sindicatos denuncian la evaluación del periodo de prueba instaurado por el Decreto 1278 —que regula el régimen laboral de los docentes que ingresaron a la carrera desde el año 2002— como un mecanismo de represión contra el profesorado ya que para acceder a laborar con el magisterio deben presentarse a un concurso que comprende prueba de conocimiento, prueba psicotécnica y pedagógica, además de entrevista y análisis de hoja de vida. No obstante, esos docentes deben someterse a un periodo de un año de prueba una vez hayan ingresado que es evaluado bajo criterio subjetivo de los o las rectoras de la institución donde labora.

Declaración docente en la protesta en Bogotá:

Acuerdos incumplidos y campaña de desinformación de la Ministra

Durante el año anterior el magisterio se movilizó para exigir un servicio de salud digno y de calidad debido a las graves falencias que denuncian que tiene el régimen especial con el que cuentan. Este proceso de movilización llevó a los directivos sindicales a mantener reuniones con el Ministerio en las cuales llegaron a puntos afines y algunos acuerdos. Sin embargo, los sindicatos indican que estos acuerdos no se han cumplido mientras la ministra María Fernanda Campo ha dicho recientemente que ha negociado con el sindicato algunos puntos, declaraciones que miembros del sindicato niegan: «Hay acuerdos en algunas cosas pero no en lo fundamental».

Según FECODE, los acuerdos fueron la no participación de las Entidades Promotoras de Salud en el proceso licitatorio, la vigencia de 48 meses para la ejecución del contrato, un solo prestador por región que será el mejor calificado, preservación y ampliación del plan de cobertura.

El sector del magisterio considera que las medidas del Gobierno afectan su sistema de la salud pues metería a los docentes dentro de la Ley 100 —cuestionada por diferentes sectores del país que explican que solo ha servido para beneficiar a las empresas del sector salud— sin respetar el régimen especial que poseen.

Según la profesora Dary Barreto: «La Ley 100 se convirtió en un mercado de la salud en el que solo ganan las Empresas Promotoras de Salud mientras las personas se mueren frente a los hospitales; esa Ley se tiene que derogar y tenemos que luchar para que la salud y la educación sean derechos gratuitos para el pueblo colombiano».

Otros acuerdos que el Ministerio no menciona en su comunicado oficial son el reajuste del valor de la UPCM (Per cápita por usuario) una vez se haya concluido el estudio que adelanta el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID-UNAL). Establecimiento de nuevas Zonas Especiales o mecanismos de compensación a favor de los maestros. Adopción de auditorías medicas en cada región, cuyo número de auditores dependerá de la población atendida por región. La posibilidad de que un oferente pueda presentarse hasta en dos regiones.

FECODE ha dicho que considera que el ocultamiento del Gobierno y del Vicepresidente del Fondo de Pensiones de la Previsora, Jorge Peralta, sobre estos acuerdos deja mucho que pensar frente al respeto al régimen de salud de los maestros. Igualmente explica que en dichos acuerdos de comienzos del mes de febrero no hubo consenso en lo referente a la participación de entidades de medicina prepagada y compañías de seguros en licitación, número y conformación de las regiones y funcionamiento del fondo de atención para enfermedades de alto costo.

Carga laboral

Respecto a la nueva carga laboral que tienen que asumir los docentes, aseguran que supone mayores dificultades para la calidad de la educación. Dary Barreto explica: «La ministra de Educación en contravía con las mismas indicaciones legales que se expresan en los decretos y en las leyes extiende la jornada de los educadores sin tener en cuenta el derecho adquirido y menos la posibilidad de un salario adicional».

El profesorado reclama que baje el número de estudiantes que cada docente atiende ya que normalmente debe atender en promedio entre 40 y 50 estudiantes por salón de clases, siendo un total de entre 280 y 300 estudiantes. Un coordinador académico o de convivencia debe atender y hacer seguimiento a unos 1.000 estudiantes. Según la profesora Marina Torres eso no es pedagógico pues cada educador debería atender alrededor de 25 estudiantes por salón y el número de cada coordinador debería ser mucho menor. La profesora Torres explica que solo de esta manera se podría conseguir una educación de calidad pues cada maestro o coordinador podría dedicarle mayor tiempo de calidad a cada estudiante, cosa que no es posible debido al número de estudiantes.

En este tema, el magisterio sindicalizado sostiene que el Gobierno desconoce los acuerdos del año 2009 y la legislación vigente ya que ordena a las entidades territoriales imponer una carga académica de 24 periodos de clase semanal a los docentes de secundaria. En la actualidad esa carga académica semanal está en 22 periodos. De concretarse esto, por cada 12 maestros uno se quedaría sin empleo, una cifra que alcanzaría cerca de 19.000 educadores y el consiguiente aumento de trabajo para los restantes. El resultado, según los sindicatos, sería el empeoramiento de la calidad educativa para niñas y niños de todo el país y una alta presión laboral que viene produciendo enfermedades físicas y mentales en un número indeterminado de educadores.

FECODE sostiene que los gobiernos anteriores impusieron el hacinamiento del alumnado mediante el incremento del número de niñas y niños por curso y la reducción del personal docente. La Federación que agrupa al gremio docente explica que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo impone normas como la desaparición del preescolar oficial, la reforma de la jornada laboral de los docentes (de 6 a 8 horas sin aumento de salarios), el currículo básico estandarizado frente al cual los docentes reclaman que las pruebas y el currículo sea construido de acuerdo a las realidades de cada región y por la comunidad. Según la Ley 115, todo colegio tiene que tener este currículo estándar que se divide en nueve áreas consideradas fundamentales: matemáticas, ciencias naturales, educación artística, educación religiosa, educación ética y valores, educación física, tecnología e informática, humanidades y ciencias sociales.

Click to view slideshow.

Otros acuerdos

Rechazan también el proceso de privatización mediante acuerdos de construcción de colegios de convenio y pago a etnoeducadores a través de terceros que, además de llevar a procesos claros y firmes de privatización, atentan contra las condiciones laborales del profesorado. Así como también rechazan la ampliación de la jornada laboral por parte de las diferentes entidades estatales de educación (Ministerio de educación y Secretarías Departamentales y Distritales).

En la jornada también denunciaron que el gremio de educadores sigue estando amenazado en su derecho a la vida y a la integridad física.

Patricia Agosto es una linda porteña de la zona sur del cono urbano de Buenos Aires (Argentina) integrante de Pañuelos en Rebeldía, organización que trabaja con educación popular. A finales de enero llegó a Colombia para conocer las experiencias en educación popular en Neiva, Cali, Bogotá y ahora se encuentra en el Sur de Bolívar. Está llena de picaduras de mosquitos y aunque le incomode bastante y no deje de rascarse durante la entrevista, ello no afecta su emoción ni la pasión al hablar de su trabajo. Pañuelos en Rebeldía trabaja seis áreas: géneros y diversidad sexual; juego, arte y cultura; alfabetización; sistematización; derechos humanos; pueblos originarios; y bienes de la naturaleza. Ella desarrolla su labor en este último y nos dice que se debe hablar de bienes, que debemos cambiar de lenguaje, porque los recursos son algo que se explotan hasta agotarlos y en realidad eso le pertenece a la naturaleza.

‘Pato’, como la conocen sus compañeras y compañeros, tiene 48 años y una sonrisa muy atractiva, estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires y luego viajó hacia Cuba en 1991 para continuar con sus estudios de postgrado en investigación social durante un año, hecho que marca y le da sentido a su militancia. En el año 2000 ingresa a unos seminarios sobre Educación Popular coordinados por Claudia Korol en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, espacio de formación para las organizaciones populares. Tiempo después, para el 2001, comienza su trabajo con un equipo de trabajo en Pañuelos en Rebeldía en la misma época en que toman fuerza las políticas neoliberales menemistas que provocaron una grave crisis económica originada por las privatizaciones de las empresas estatales en donde varios movimientos populares ganan protagonismo como el Frente Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados o los Piqueteros.

Con mucha emoción escuchamos sus historias sobre la Argentina con el Gobierno de Menem y la actual Argentina con Cristina Fernández en el poder, lo sucedido durante el Cacerolazo, el proceso de la lucha piquetera, el nacimiento de Pañuelos en Rebeldía y su proceso hasta hoy en día, la creación de la Universidad de Lucha y Resistencia, sus trabajos desde la Investigación-Acción Participativa, la historia de las escuelas secundarias populares, las acciones del Tribunal de Juicio Ético y Popular contra las transnacionales en Argentina, las Asambleas de Vecinos. También nos habló un poco de Colombia y la situación de la Educación Popular en un contexto militarizado; por último nos reiteró sobre la importancia de Ernesto ‘Che’ Guevara y envió un mensaje a las compañeras detenidas y los compañeros presos políticos.

Afiche del evento en la Universidad Santo Tomás el 20 de febrero.

El 20 de febrero ha sido invitada por la Fundación Escuela para el Desarrollo, el Grupo de Memoria de la División de Ciencias Sociales (Universidad Santo Tomás), Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales – Orlando Fals Borda, Comunidades Eclesiales de Base para exponer el tema “Educación popular y resistencias en América Latina en el marco de las estrategias de neocolonización del continente” en la sede principal de la Universidad Santo Tomas de Bogotá (Carrera 9 No 51-11).

Hoy 16 de febrero de 2012 aproximadamente 2.000 manifestantes entre docentes, trabajadores, estudiantes y comunidad en general provenientes de municipios del Valle del Cauca salieron a las calles de Santiago de Cali a marchar por la defensa de la educación pública y de derechos fundamentales tales como el trabajo digno y un servicio de salud para el magisterio.

La movilización fue convocada por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) y respondía a la preocupación por las problemáticas que atraviesa la educación pública en el Valle del Cauca y en todo el país que amenazan su carácter público, la calidad y la estabilidad laboral a causa de cuestiones como el recorte de presupuesto que ha llevado al deterioro de las instituciones educativas.

Según SUTEV este panorama se ha agravado con la expedición del Decreto Nº 4807 del 20 de diciembre de 2011 del Gobierno de Juan Manuel Santos que establece la gratuidad de la educación básica y media. Luis Hernán Borja Ospina, secretario general del sindicato afirmó: «A la gratuidad que el Gobierno plantea a través de un Decreto le falta ahondar mucho más; solamente se habla de la matrícula y los servicios complementarios, pero ¿qué pasa con los padres de familia que no tienen para comprar los útiles escolares? Es ahí donde decimos que debe haber una inversión en lo social».

Con relación a este decreto, Ximena Torres, estudiante del colegio Santa Librada, plantea que «la infraestructura, el mantenimiento y los implementos de los colegios se van a ver afectados al no contar con presupuesto ya que estos recursos provenían de la totalidad de las matrículas».

Del mismo modo, los maestros y maestras del magisterio colombiano se encontraron en esta movilización para exigir la derogación del Decreto 1278 de 2002 aprobado durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este sentido la docente María Vanessa Mejía afectada por esta normatividad planteó: «La evaluación de competencias para el ascenso de los y las docentes, la amenaza de pérdida del régimen de salud especial para ser trasladados a la Ley 100, la pérdida de calidad en la educación por las reformas impuestas desde el Ministerio de Educación son solo algunas de las desventajas que contienen este decreto».

Luis Hernán Borja aseguró que el Decreto 1278 debe ser derogado porque atenta contra la estabilidad laboral del profesorado y les impide la posibilidad de ascender: «La conformación de un nuevo y único estatuto para los docentes son las apuestas del magisterio».

El personal administrativo del sector educativo participante en la marcha declaró su apoyo a los docentes y denunció el despido de trabajadores de este sector quienes también son víctimas de las pruebas del Decreto 1278 pues para ser nombrados en los diferentes cargos deben superarlas a pesar de llevar hasta 10 y 15 años de trabajo.

Esta movilización pretendió sensibilizar y motivar a la comunidad caleña para que defienda la educación pública toda vez que el conjunto de estas políticas están llevando a la privatización de la educación.

Desde el mes de enero sectores de transportadores y comerciantes, además de las comunidades organizadas en la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), desarrollaron un paro cívico en el occidente del departamento del Huila mediante el cual exigieron la convocatoria inmediata de una audiencia pública ambiental, la suspensión de la licencia ambiental a las multinacionales Emgesa por su proyecto hidroeléctrico El Quimbo y Emerald Energy por la explotación petrolera en la región. Asimismo, reclamaron la construcción inmediata del puente Paso el Colegio y la reparación de las vías Yaguará-Íquira-Pacarní y La Plata–Garzón.

Desde entonces manifestantes y delegados del Ministerio del Medio Ambiente, alcaldes y la Gobernadora del Huila, Cielo Gonzáles Villa, han mantenido conversaciones en diversas mesas de diálogo. Sin embargo, la comunidad afectada explica que los diálogos terminaron debido a la falta de garantías de parte de las autoridades.

Según informa Miller Dussan (Asoquimbo), la organización opositora del proyecto hidroeléctrico que pretende desviar el río Magdalena dialogó el 13 de febrero con el viceministro de Interior, Juan Fernando Londoño, sobre la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental para el proyecto El Quimbo. El viceministro informó que aún no había obtenido comunicación con ese despacho lo cual, según Dussan, hizo fracasar la mediación del Ministerio de Interior.

El 8 de febrero el ministro del Interior había comunicado a la delegación de Asoquimbo que no podía hacer nada frente a la orden de desalojo firmada por el alcalde de Paicol. Como respuesta al anuncio, Asoquimbo radicó en el Ministerio del Interior un amparo policivo contra Emgesa por la defensa de la soberanía sobre los ríos y la pesca artesanal, en el cual aclaraba que ese recurso ya había sido interpuesto incluso en la Alcaldía de Paicol sin obtener respuesta alguna. Asoquimbo ratificó que respetaría el debido proceso y se sometería al Estado Social de Derecho.

El desalojo

Tras el cierre del diálogo, la multinacional Emgesa mediante un amparo policivo otorgado por la Alcaldía de Paicol consiguió el desalojo de los pobladores que se encontraban a orillas del río Magdalena en la vereda Domingo Arias. Dicha diligencia judicial estaba dirigida a la zona conocida como La Dispensa, a pesar de que los manifestantes se encuentran en La Esperanza. Según Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo, dicha diligencia va contra «personas inciertas e indeterminadas», violando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Aunque la actitud de los manifestantes fue cogerse de las manos para abrazar el río Magdalena la Fuerza Pública lanzaba gases lacrimógenos. Fruto de la acción policial tres personas fueron heridas y una de ellas con una lesión que según reporte del Hospital Universitario de Neiva perdió su ojo derecho. Igualmente, durante la diligencia se encontraban mujeres en estado de embarazo y adultos mayores que fueron violentados.

Reacciones

Según el ministro de Ambiente, Frank Pearl, en entrevista a Radio Nacional de Colombia del día 14 de febrero, los campesinos han incumplido a tres reuniones y mantuvieron las vías de hecho. Además, según Pearl, no encontraron irregularidades para retirar la licencia ambiental a la multinacional.

El general Segura, comandante de la Regional Dos de la Policía Nacional, ordenó la restricción del acceso al puente Paso el Colegio ubicado en el municipio de La Plata para impedir el ingreso a las personas y los vehículos que no fueran personal de la multinacional. La vía también fue cerrada para Elsa Ardila, representante legal de Asoquimbo, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, observadores internacionales y la prensa alternativa; el general Segura afirmó al diario La Nación que esto obedeció a un acordonamiento especial de seguridad que se realizaba en el área.

Miller Dussan, miembro de Asoquimbo, anunció que Asoquimbo instaurará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que la convocatoria a una movilización regional para seguir rechazando el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Los hermanos Vargas Lleras

Asoquimbo solicita que se clarifiquen las razones por las cuales el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se declaró «impotente» ante decisiones y actuaciones de otras instancias que afectaron la integridad física de la población vulnerando derechos como la libertad de organización, de movilidad, de prensa y de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Miller Dussan sostiene que «la claridad obedece a que su hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de CODENSA que agrupa los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá y Emgesa a quien el Gobierno colombiano le concesionó el proyecto hidroeléctrico El Quimbo».

Nueve trabajadores afectados físicamente por sus actividades en las minas de carbón en Cúcuta (Norte de Santander) intentaron amarrarse el viernes 10 de febrero a las 7:30 de la mañana a la puerta de la Alcaldía de Bogotá. Una acción que decidieron adelantar ante la angustia de su situación: «Ante el desespero que teníamos porque llevamos aguantando hambre y frío hace 15 días, intentamos hacer un mitin frente a la Alcaldía y llegó la Policía y nos agredió física y verbalmente». Durante el desalojo la Policía golpeó a uno de ellos agravando su ya delicado estado de salud por lo que en estos momentos se encuentra internado en el Hospital San José y existe la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente.

Según diversas fuentes, esta situación no hubiera tenido lugar si el Ministerio de Protección Social hubiese atendido sus solicitudes de manera pronta y oportuna.En dos años y por sexta vez vienen a Bogotá. Los motivos de su protesta son varios y uno de los principales es la mora en el pago de incapacidades que en algunos casos puede llegar hasta 39 meses. Igualmente, insinúan que la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) Positiva envía cartas al personal médico de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Saludcoop para que no autoricen incapacidades.

Estos trabajadores del sector de la minería y la construcción exigen que les paguen las incapacidades, que les suministren los medicamentos que requieren y que el Estado solucione todas las irregularidades que surgen entre las Juntas Calificadoras de Invalidez tanto nacional como regional a la hora de medir su pérdida de capacidad laboral y de definir si las patologías que padecen son de origen común o enfermedades adquiridas por accidente laboral. También exigen que se preste atención a las circunstancias en las cuales vienen operando las EPS pues indican que muchas veces sus médicos se niegan a reconocerles la incapacidad.

Momentos de la caminata desde Cúcuta a Bogotá en enero de 2012.

A pesar de sus enfermedades e incapacidades físicas y requerir la mayoría de uso de muletas para poder moverse, decidieron caminar desde Cúcuta hasta Bogotá para exigir nuevamente que les traten con dignidad. «Arrancamos el 16 de enero de este año y duramos 15 días caminando; llegamos a la Plaza de Bolívar, nos dieron hotel cuatro días y de ahí nos han dado la espalda. Siempre nos mantienen con mentiras de que nos vamos a reunir con el Ministerio del Trabajo y muchas cosas más».

Esta es su historia reciente

El 11 de julio de 2011 y ante la recurrente negativa de las autoridades de Cúcuta en dar solución a esta problemática, un grupo de aproximadamente 50 mineros deciden movilizarse hacia Bogotá cuyo destino final sería la Plaza de Bolívar. En ese entonces solicitaban que se realizara una reunión inmediata con el presidente de la ARP Positiva, Gilberto Quinche Toro, con el Director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social, con el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación.

El 17 de julio y con la mediación de varias autoridades distritales acuerdan la evacuación de la Plaza de Bolívar con la promesa de que la solicitud de reunión fuera registrada en acta y se hiciera realidad el 21 de julio. En esa ocasión fungieron como garantes de este compromiso un asesor en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Mineros en la Procuraduría en julio de 2011.

El 21 de julio la esperada reunión no se llevó a cabo y, de acuerdo a lo manifestado por un funcionario de la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio de Protección Social ni la Procuraduría General de la Nación querían reunirse con ellos. Ante esa situación deciden abandonar el sitio donde fueron alojados e irse a las puertas de la Procuraduría General de la Nación, sitio donde acamparon cerca de 15 días a la espera de alguna respuesta.

En ese momento todos los funcionarios, incluida una abogada de la ARP Positiva enviada a las instalaciones de este organismo de control, insistieron de manera vehemente que la reunión se llevara a cabo en Cúcuta aduciendo que ellos eran oriundos de esa localidad y que por tanto la solución a sus dificultades debía encontrar allí respuesta.

«Nosotros estuvimos aquí en junio y julio del año pasado y durante los primeros días de julio nos íbamos a declarar en huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la Nación. Conseguimos un acta diciendo que nos iban a solucionar nuestros problemas en Cúcuta y efectivamente fueron a Cúcuta los días 15, 16, 17 y 18 de agosto del año pasado. Se hizo una mesa de trabajo con unos acuerdos pero ya todos esos acuerdos se echaron para atrás y ahora es peor porque la ARP Positiva nos está cayendo más duro a nosotros por haber estado el año pasado acá».

Protesta en la Procuraduría en julio de 2011.

El principal acuerdo al que llegaron es que la ARP pagaría todas las incapacidades 15 días después de radicadas. Otro acuerdo al que llegaron fue que podían recibir atención médica a través del SISBEN. Sin embargo, el doctor Rafael Álvarez del SISBEN fue demandado por emitir varias incapacidades.

Seis meses después y ante el nuevo incumplimiento, dos de ellos deciden iniciar una nueva marcha hacia Bogotá. En esta ocasión no han venido cincuenta, son nueve mineros. Tras dos semanas durmiendo a la intemperie en la Plaza de Bolívar y en desagravio por el incidente del viernes con la Policía, la Secretaría de Salud les ofreció un hotel hasta la noche de hoy domingo a la espera —nuevamente— de que sean escuchadas y solucionadas sus peticiones: «Nosotros no estamos pidiendo nada que no figure en la Ley 100 y en la Ley 776; es la aseguradora y las EPS las que quieren desconocer la ley».

«Que se destape la olla podrida»

La ARP Positiva figura de manera reiterada en cada una de estas denuncias y exigencias porque estos trabajadores enfermos presumen su injerencia tanto en las EPS como en las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Fundamentan también esa sospecha en conversaciones con personal médico y en su percepción de que los jueces se niegan a hacer cumplir la ley.

No es el caso de todos los jueces ya que el Juzgado Penal 2 de Cúcuta ordenó el pago de 18 meses de incapacidad a uno de ellos, pero esa sentencia no ha sido acatada por la ARP.

La gerente regional de la ARP Positiva, Sylvia Patricia Corzo Román, es vista por ellos como «la piedra en el zapato». Sospechan que desde su oficina se han enviado cartas al personal médico de Saludcoop para que nieguen las autorizaciones de incapacidades a los trabajadores. Comentan igualmente las irregularidades que se presentan a la hora de calificar su pérdida de capacidad laboral (PCL). Un ejemplo es el caso de un trabajador accidentado en la mina donde laboraba a consecuencia de lo cual siete discos de su columna resultaron afectados y sin embargo la Junta Nacional de Calificación determina que su porcentaje de PCL es del 0%. Además de las dolencias que padece fruto de su accidente, enfrentó su despido estando incapacitado y con orden de reubicación. Al momento de ser entrevistado (julio de 2011) se le debía la liquidación desde el año 2009 y la cooperativa a la que estaba afiliado se había declarado en quiebra.

Las suspicacias de los obreros crecen cuando manifiestan que la gerente regional de Positiva es hermana del hoy presidente del Senado de la República, Juan Manuel Corzo Román. Según portales como La Silla Vacía, Juan Manuel Corzo es uno de los políticos más influyentes de Norte de Santander y cuenta con una estructura política fuerte; en su historial tiene seis investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, tres de ellas ya precluídas a su favor; dueño de la mayor burocracia de la ciudad de Cúcuta; fue uno de los escuderos de Uribe durante el proceso de la reelección. Corzo ha sido investigado por el carrusel de las notarías (Notaría Segunda de Cúcuta a cambio de votos para que el Congreso aprobara la reelección de Uribe); nexos con paramilitares (según confesión del paramilitar ‘El Iguano’); relaciones políticas con el narcotraficante extraditado Jensy Miranda; alianzas con el PIN; tráfico de influencias (entre otros en Corponor —llamado regionalmente ‘Corzonor’— y en la Procuraduría, donde tendría cuotas burocráticas).

Los mineros enfermos concluyen que ese poder de Corzo protege a su hermana de las investigaciones. Sylvia Corzo perdió su investidura de diputada departamental en Norte de Santander en 2007 por donaciones irregulares a candidatos vulnerando el Artículo 110 de la Constitución.

«Todos estamos amenazados»

Actualmente y no obstante la precariedad de su situación afirman que son objeto de amenazas y persecución y que desde la marcha adelantada el año pasado uno de ellos fue asesinado en su casa y otro más fue herido. También sostienen con preocupación que la presión ejercida por la ARP Positiva va en aumento. Estos argumentos son los que explican las razones por las cuales —aun en el estado de salud en que se encuentran— deciden una vez más marchar hacia Bogotá y una vez más con la esperanza de que el poder ejecutivo del nivel nacional atienda sus reclamaciones. «Ahora le estamos pidiendo al Estado que nos brinde y nos garantice la vida de nosotros y de nuestras familias porque tenemos amenazas de muerte».

Sin embargo, en Cúcuta y el departamento no son nueve ni tampoco cincuenta los afectados; podrían ser muchos más los trabajadores afectados por accidentes laborales que en este momento sufren la misma situación. Colombia Informa no ha logrado establecer una cifra aproximada pues mientras ellos afirman que podrían ser cerca de mil los trabajadores en esta situación, el gerente médico de la ARP Positiva afirmaba, a propósito de la pasada marcha, que eran solamente cincuenta —precisamente los que se encontraban en la Procuraduría— los que tenían algún problema con la aseguradora.

¿Un problema de cifras?

El gerente de la Asociación de Empresarios del Carbón (Asocarbón), Luciano Canal, afirmaba el 13 de mayo de 2011 en El Tiempo que hay 10.500 personas dedicadas a la extracción y el transporte de carbón en Norte de Santander.

En su informe de rendición de cuentas, sólo entre enero y junio de 2010 Positiva reportó 69.058 accidentes de trabajo (324 de ellos mortales) y 1.789 enfermedades profesionales entre sus casi 3 millones de afiliados en el país. En ese periodo recibió 3.054 solicitudes de indemnización por incapacidad permanente parcial de las cuales 1.037 fueron negadas. El siguiente cuadro detalla los datos de siniestralidad laboral para el departamento y los datos en los sectores de minería y construcción para todo el país según los informes de rendición de cuentas de la entidad:

 (Fuente: Informes de Positiva de enero-junio 2010 y 2009)

Para mayor precisión habría que acceder a datos completos de Positiva, pero esa magnitud de siniestralidad laboral indica que aunque sean nueve, cincuenta o mil los afectados se trata de un problema que, tal y como reclaman, urge la intervención de las autoridades del más alto nivel dado el carácter de las denuncias que se han hecho.

La invitación que en este momento hacen es al presidente de la República «para que envíe una comisión que dé cuenta e investigue los atropellos a los que nos hemos visto sometidos». No quieren que un juez falle a su favor por la fuerza de las circunstancias, tan sólo que se garanticen y protejan sus derechos y que se haga cumplir la ley porque esta situación afecta gravemente a sus familias.

«Tengo ahora discopatía degenerativa y la ARP no me quiere responder»

Algunos de los testimonios de los trabajadores acampados en la Plaza de Bolívar dan cuenta de una situación insostenible por mucho tiempo.

«Yo tengo dos hijos que son menores de edad que también han pasado mucha necesidad por este problema. Ellos no tienen una vida digna, digámoslo así, no pueden ir al colegio; tengo un niño que no se pudo poner a estudiar por falta de dinero. Yo era el que trabajaba, hacía mercado y le daba todo a los niños; ahora no, ahora es mi mujer la que trabaja».

«La ARP paga la incapacidad a tiempo uno o dos meses y luego volvemos a caer en la misma situación».

«Yo tengo dos niñas y tengo un hijastro que se salió de las manos, ya está consumiendo vicio porque no pude seguir dándole el estudio; ahora ya tiene como cuatro días que no llega a la casa, tiene 13 años».

«Yo tengo dos hijos, uno de once y uno de seis, tengo que pasarles una cuota alimentaria mensual y el menor me llama casi todos los días preguntándome qué pasó con lo de los cuadernos y el uniforme para el colegio. Entre la ARP y Saludcoop hace seis meses que no me pagan, que no me dan incapacidad y entonces estoy aquí por esa situación. Ya no me da trabajo ninguna empresa ni nadie, pues entonces que me definan mi situación».

«[De los nueve manifestantes], el que menos, tiene tres patologías».

«Tengo fractura en la pierna, discopatía, en el brazo tengo un desgarramiento, tengo tres músculos perdidos. Por no darme el tratamiento a tiempo [fue valorado 180 días después del accidente] ahora tengo discopatía degenerativa, es un dolor crónico, y la ARP ya no me quiere responder».

El tipo de dolencias que sufren no sólo les impide encontrar un nuevo empleo sino simplemente moverse, un problema cuya gravedad quizá no se avizora si además de la reducción de la calificación de su PCL por parte de las juntas, no se tiene en cuenta que en el caso de que fueran pensionados por enfermedad de origen común tendrían que pasar a cotizar ellos mismos.

¿Qué es Positiva?

En octubre de 2008 ARP Positiva se constituyó como la nueva Aseguradora de Riesgos Profesionales del Estado a partir de la fusión del antiguo Instituto de Seguros Sociales y Previsora Seguros de Vida. Positiva es una sociedad anónima de participación mayoritaria del Estado que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Está sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado de conformidad con el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En noviembre de 2009 la sociedad calificadora de valores Value and Risk Rating S.A. otorgó una calificación Doble A más (AA+) al portafolio de inversión de Positiva. En concepto de la evaluadora de riesgo, la compañía ofrece «Fortaleza financiera y capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales».

Hoy en día cuenta con casi 3 millones de trabajadores afiliados de los cuales casi 50.000 son del departamento de Norte de Santander.

Drama que afecta a otros sectores

El drama que viven los trabajadores que fueron golpeados el viernes en la puerta de la Alcaldía no es sólo de los mineros ni del departamento de Norte de Santander. En la Plaza de Bolívar tuvieron la oportunidad de encontrarse con otros trabajadores en la misma situación como los mineros afiliados a la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto (ASOTREDP) y algunas personas más que dijeron ser trabajadores del sector de la construcción o antiguos afiliados al extinto Seguro Social.

Todos concluyeron que sufren las mismas circunstancias y que quizá es hora ya de ponerle solución a esta problemática. Coinciden en ello organizaciones sindicales y sociales que vienen ambientando una movilización nacional de los trabajadores en situación de discapacidad de todo el país y de todos los sectores productivos, una iniciativa que será adelantada, coordinada y anunciada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Cultivos de café y plátano en la vereda Santa Marta (San Lorenzo).

«Sin oro y sin plata podemos vivir, pero sin agua y sin tranquilidad no». En la vereda El Volador (Arboleda) pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La compañía minera Gran Colombia Gold regaló material escolar a las niñas y niños de esa misma escuela y en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga». Los próximos 28 y 29 de febrero tiene lugar un foro en la Universidad de Nariño (Pasto) para sentar la mesa de interlocución con el Gobierno departamental y nacional.

Parte de la población de los municipios de San Lorenzo y Berruecos (conocido hoy como Arboleda) denuncia el deterioro del tejido social y la contaminación del medio ambiente a causa de las exploraciones de la compañía minera Gran Colombia Gold. Desde hace más de 15 meses esta compañía realiza excavaciones en diferentes veredas de estos municipios en busca de oro y plata, aunque deducen sus habitantes que las exploraciones conducen a la búsqueda de todo tipo de mineral. Rodrigo, habitante de El Volador (vereda de Arboleda) dice que han encontrado también cobre y piedra caliza (componente del cemento) en la región.

En estos municipios ubicados a tres horas al nororiente de Pasto (capital nariñense) viven alrededor de 19.000 campesinos y campesinas, trabajadores de la tierra que generación tras generación se han dedicado a las labores de la agricultura durante ya varios siglos y nunca se han acostumbrado a la labor minera. Afirman que antes de que llegara la minería no tenían mayor conocimiento de lo que guardaban bajo el suelo sus tierras hasta que las exploraciones empezaron a darle un nuevo uso a los suelos y generaron en los pobladores grandes incertidumbres y conflictos al ofrecer dinero, empleo y contraprestaciones por la exploración del territorio.

Parte superior de las plataformas de exploración derribads por la población.

Desde que llegaron los mineros en el primer semestre de 2011los pobladores denuncian el silencio de la Gran Colombia Gold. También acusan al alcalde saliente de Arboleda, Ciro Rafael Delgado, y al ex gobernador y hoy secretario de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, de no haber socializado nunca la llegada de la minera al territorio y permitir a través de Ingeominas y Corponariño (Corporación para el cuidado del medio ambiente en Nariño) la concesión de terrenos y sus recursos hídricos.

Durante los primeros meses, el campesinado sólo veía personas subir y bajar por las veredas cargando equipos, midiendo, observando. Aseguran que nunca hubo previo aviso a las comunidades de lo que iba a suceder; el desconocimiento fue evidente hasta que la minera vio la necesidad de entrar a las fincas y pedir permisos con remuneraciones económicas para realizar su trabajo. Uno de los campesinos afectados, miembro de la Pastoral Social, menciona cómo la Mazamorras Gold (nombre del proyecto de la empresa en la zona) no informa adecuadamente: «A los dueños de los terrenos se les ha ido con los cuenticos de que iban a abrir un huequito así no más y que luego ellos se iban; y ahorita les dicen que los quieren despojar de sus propios tierras».

Empleos con la minera y conflictos

Los trabajos que la empresa ofreció a los pobladores fueron de tres tipos: obrero, encargado de cargar equipos, materiales, herramientas, abrir caminos y todo el trabajo pesado que necesiten los ingenieros; vigilancia, que se encarga de cuidar los equipos, los campamentos, las plataformas y los asentamientos de los ingenieros; y trabajo social, mujeres en su mayoría que se encargan de la inclusión social aunque los pobladores aseguran que su tarea es «convencer al resto de los “beneficios” de la misma».

Restos de sulfato de cobre en el río Mazamorras.

Uno de los trabajadores retirados de las labores de la mina amplía la situación de los obreros: «Hubimos varios trabajando; la primera quincena entramos 65 y salimos la mayoría los cuales estamos en contra porque nos dimos cuenta del mal que causa. Y quienes están trabajando allá son personas que no son de la vereda y no están acostumbradas al trabajo del campo; por eso a ellos les duele que la empresa se vaya».

Los obreros tuvieron al principio de sus labores un sueldo alrededor de entre 30.000 y 40.000 pesos diarios, tres veces más que su jornal por el trabajo en las fincas, cifra que después de los enfrentamientos con la comunidad en octubre de 2011 fue multiplicada hasta por dos y por tres. De igual manera sucedió con los otros trabajadores. Tras esos hechos la empresa organizó una manifestación donde presionaba a los trabajadores a que participaran con sus familias. Hoy en día unas 15 personas de la comunidad están presentando denuncias ante instancias judiciales por las amenazas que dicen haber recibido por el personal de vigilancia de la empresa.

Efectos devastadores en la agricultura

La sensación entre la población es que desde la llegada de la empresa los efectos han sido devastadores y están tomando un ritmo desalentador. Los pobladores han visto como el tejido social de su comunidad se viene desmoronando poco a poco; hacen notar con frecuencia su preocupación al ver cómo se destruye la comunidad debido a las confrontaciones entre la población local y los trabajadores de la mina. De estos últimos muchos también son pobladores lo que convierte el conflicto en muchas ocasiones en conflictos familiares o entre vecinos.

Cultivos en San Lorenzo: los ingenieros de la mina afirman que los terrenos donde se van a realizar las explotaciones no son nada más que monte espeso sin trabajar.

Estas comunidades siempre se han dedicado a la agricultura, al oficio de la tierra, y cultivan en su mayoría el café, mercado principal para el comercio junto a la Asociación Nacional de Cafeteros, y producen de igual manera plátano, papa, frijol, maíz, oyoco, trigo, yuca, guaba, algunas frutas y hortalizas propias de su clima templado para su propia alimentación. Las grandes extensiones de tierra vistas desde los altos de las montañas están en su mayoría cultivadas y en sus laderas viven varias familias. Entre sus cumbres detrás de la vista fiel de las carreteras se encuentran pueblos como Santa Marta con pobladores de más de cien años.

El campesinado de la región se queja de las continuas valoraciones de los ingenieros de la mina que afirman que sus terrenos, donde se van a realizar las explotaciones, no son nada más que monte espeso sin trabajar. Al contrario de ello, y si el lente de la cámara no engaña, era fácil divisar en cada montaña grandes extensiones de tierra cultivada.

Una de las grandes preocupaciones es lo qué sucederá con los terrenos donde han habitado durante años. El campesinado conoce el discurso del Estado sobre la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Artículo 332, Constitución Política de Colombia) y cómo este argumento es un pretexto para expropiarles las tierras y entregárselas a una multinacional extranjera para que la explote. Pero las familias campesinas se preguntan a dónde irán a parar las familias campesinas y bajo qué condiciones. Desconocen qué es el desplazamiento y no lo quieren experimentar; han trabajado esa tierra durante años y no pueden entender por qué ahora, bajo el pretexto de la minería, les van a quitar todo lo que han obtenido.

Plataformas y expansión de la mina

En cada montaña se ven grandes extensiones de tierra cultivada.

El proyecto Mazamorras Gold inició su primer trabajo en la vereda Bolívar (municipio de Arboleda) donde consiguió los terrenos para realizar la exploración con el alquiler de un pedazo de tierra de menos de diez metros cuadrados. Allá colocaron sus máquinas de perforación, que alcanza de 500 a 700 metros de profundidad, y desde allí fueron buscando otras fincas donde instalarse e iniciar más perforaciones. Así, abrieron caminos, hicieron trochas y bombearon el agua del río Mazamorras para sus tareas: las máquinas sonaban las 24 horas del día en busca de los minerales. Según rumores de la población, la empresa ha encontrado varios minerales a lo largo y ancho del territorio. Hoy en día se han extendido a diversas veredas como Olaya, Yunguilla o Salado con múltiples plataformas de exploración.

En la vereda El Volador pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La empresa regaló material escolar y juguetes a las niñas y niños de esa misma escuela en diciembre de 2011; en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga».

Vista de la escuela de El Volador.

El funcionamiento de estas plataformas es el siguiente: los ingenieros determinan los sitios en los que seguramente hallarán los minerales, instalan allí una pequeña base, llamada plataforma, con un sistema de taladro que perfora y succiona todos los residuos de la exploración. La succión se hace a través del bombeo utilizando para esto el agua de las quebradas o del río Mazamorras. La cantidad utilizada para una bomba hidráulica es de 246 litros por minuto para una máquina de perforación como la kmB 1.4 de Versadrill Canada; su consumo diario sería de 354.240 litros.

«Son unos tubos de tres pulgadas que la maquinaria va impulsando, un taladro, y ahí le van echando químicos y la piedra va saliendo un poco y ahí la vuelve y la endurece y si les salía tierra no les servía. Todos los residuos con cianuro los tiraban a la quebrada con mangueras de retorno y ellos decían que eso en poquita cantidad no era malo», cuenta uno de los trabajadores que decidió retirarse de la minera.

Regalos de la empresa en el colegio de El Volador.

Según los estudios realizados por el Referendo por el Agua —propuesta desde diferentes organizaciones sociales que buscan transformar algunos artículos de la Constitución para que el acceso al agua sea un derecho fundamental— el consumo mensual por domicilio entre los estratos 1 y 4 de una ciudad como Bogotá es de 15 m³, lo que daría un consumo diario de 500 litros por domicilio en las grandes ciudades. Entonces el consumo diario de una máquina de exploración es equivalente al consumo de 708,48 domicilios al día, la cual es sustancialmente mayor al consumo por usuario en un municipio de índole rural.

El nombre de esta exploración, Mazamorras Gold, fue acuñado por el nombre del río Mazamorras que discurre por la zona montañosa de varios municipios del norte de Nariño y desemboca en el río Juananbú. El río obtuvo su nombre en la época de la Colonia ya que los senderos a su alrededor eran un paso obligatorio para los caminantes por lo que las mujeres se apostaban a lado y lado del río a brindar platos de mazamorra, un tipo de maíz cultivado por las culturas indígenas suramericanas. Los pobladores no creen que la Gran Colombia Gold sepa esto, pero lo que sí les preocupa es que los señores de la mina se muestran en los noticieros y en su página de internet como los dueños de ese territorio.

La Marucha

La Marucha: sus aguas riegan los municipios de San Lorenzo, Buesaco y Arboleda regando los cultivos y brindando agua clara y limpia.

«El agua lo es todo, es la madre, el padre y la esperanza, cuando ella no esté no habrá nada más a su alrededor, sólo un inmenso desierto que ocultará la sangre de quienes lucharon por defenderla», según Don Tomás. Entre San Lorenzo y Arboleda, junto a la torre de comunicaciones de estas poblaciones, está La Marucha, una pequeña laguna a simple vista que es capaz de alimentar a miles de pobladores del sector. Sus aguas riegan los municipios de San Lorenzo, Buesaco y Arboleda regando los cultivos y brindando agua clara y limpia. Detrás de ella los mitos no esperan y todos saben que ella es brava y cuando brama anuncia la lluvia. «No es pertinente molestarla, porque ella se enfurece y hace temblar la tierra», dice Don Gerardo, uno de los más viejos pobladores de la región. También nos contó sobre la gallina de los pollos de oro que ronda por La Marucha y nunca se deja atrapar; cada vez que la quieren coger se va para el medio de la laguna y se pierde en sus profundidades. Seguramente durante siglos ha calmado la sed de estos terrenos del macizo colombiano.

Uno de los pobladores intentó tapar La Marucha tirándole un monte encima. Después de este suceso los habitantes realizaron una jornada para rescatarla y lograron sacarle grandes cantidades de tierra e incluso pedazos de árboles para poder destaparla. Dicen que duraron más de dos semanas en estas tareas hasta que al fin La Marucha volvió a resurgir.

Uno de los pobladores intentó tapar La Marucha tirándole un monte encima.

La Marucha queda a dos horas de camino monte arriba desde la población más cercana que es Santa Marta; la mística alrededor de la laguna para sus pobladores no tiene precio, al parecer ni todo el oro que les pueda ofrecer la mina por ella. La Marucha en estos momentos es propiedad estatal y manejada o controlada por Corponariño. El campesinado sabe que el Estado puede entregar sus propiedades a quien quiera a través de la expropiación y reventa de los predios como regulan los artículos 332 y 333 de la Constitución Política y el actual Código Minero; después de esto se pregunta si el Estado es la comunidad o quién es el Estado. Pero en cuanto a La Marucha, los pobladores entienden que el Estado se la quita a la comunidad para entregarla a las multinacionales extranjeras, tal y como sucede con las quebradas que salen de La Marucha y que están siendo usadas para el bombeo de agua para la exploración minera.

El papel del Estado

El Estado ha venido comprando o expropiando terrenos en todo el territorio nacional bajo la normativa de la Ley 685 de 2001, actual Código Minero modificado por la Ley 1382 de febrero de 2010, en donde se estipula la reglamentación propia para el trabajo minero. Según Carlos Duarte en su investigación Cronologías legislativas del subsuelo en Colombia, esa legislación tuvo la asesoría directa de CEMEX, HOLCIM, Ladrillera Santafé —empresas cementeras y vinculadas al negocio de la construcción— y el patrocinio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo internacional y el Banco Mundial.

Preparativos para la celebración del Año Nuevo en el colegio de Santa Marta.

Esta nueva redacción de la Ley otorgó las mismas garantías a las compañías extranjeras frente a las nacionales sobre la propiedad de la tierra y la explotación. Cuatro artículos podrían resumir de manera escueta la finalidad del cambio de la norma: el artículo 4 establece la autoridad completa del Estado de explotar en cualquier sitio del país definiendo la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos; y los artículos 18, 19 y 20 le otorgan a las compañías o personas extranjeras los mismos derechos de explotación que los tenidos por capitales nacionales.

Reducción de salvaguardas ambientales y sociales, de las regalías y de impuestos para las compañías privadas son las consecuencias de esta nueva Ley. Carlos Duarte recoge datos valiosos acerca del uso de recursos públicos de Canadá para intervenir en el cambio de las legislaciones mineras en Colombia y África. El Gobierno canadiense contrata un equipo de abogados para coordinar con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial el asesoramiento en la elaboración del Código Minero.

Al respecto esta es una parte del discurso del diputado Bernard Bigras (Bloque Quebequense) del parlamento canadiense presentado en la investigación del académico Carlos Duarte: «A través de su Proyecto de Energía, Minería y Medio Ambiente, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) proporcionó apoyo técnico y financiero para volver a redactar la legislación minera de Colombia. La versión revisada del Código de Minería del 2001 fue adoptada sin consultar con los potenciales afectados como las comunidades indígenas. Este código creo condiciones de inversión que son sumamente favorables a las empresas extranjeras. El código del 2001 ha debilitado un número importante de las salvaguardias ambientales y sociales y ha creado importantes incentivos económicos reduciendo dramáticamente las regalías mineras y reduciendo los impuestos para las compañías privadas».

Huecos que quedan tras la plataforma de exploración.

La preocupación del campesinado deriva de las formas estatales para expropiar los terrenos para uso minero. Recuerdan lo sucedido en el mes de octubre de 2011 cuando el Estado se encargó de enviar la Fuerza Pública para proteger los campamentos de la mina, hecho que generó contradicción a una población que asumía que el Estado está para proteger a la ciudadanía y no para reprimirla.

«Si ellos siguen trabajando, contaminan las aguas y los terrenos ya quedan un desierto, pues acaban los minerales que mantienen las plantas y nos mantienen a la gente también con la siembra». La minera argumenta que la exploración y explotación subterránea afecta mínimamente el ambiente y los suelos donde realizan su trabajo. Pero los pobladores se preguntan: ¿cómo van hacer si han explotado el subsuelo?, ¿dónde se asienta el suelo?, ¿vamos a cultivar en el aire? y ¿acaso las plantas y los cultivos no necesitan de los minerales que hay bajo la tierra para poder crecer, producir y reproducirse?

A mediados del mes de noviembre de 2011 el rector de la Institución Educativa San Bartolomé de La Florida, Edgar Torres Palma, convocó a una asamblea general para analizar la situación que atraviesa el municipio de La Florida (occidente de Nariño) frente a la declaratoria de zona de desastre por el Decreto 4106 de 2005. Han pasado seis años y, según Torres Palma, hasta el momento el Estado a través de la Casa Galeras, entidad encargada de manejar el proceso, no ha asumido con responsabilidad y seriedad acciones tendientes a favorecer el interés de los habitantes de estas zonas urbana y rural.

Según habitantes de La Florida, el estancamiento del desarrollo económico y social del municipio es una muestra evidente de la vulneración de sus derechos lo cual conlleva a que se tome la decisión de crear un Movimiento Social por la Dignidad de La Florida.

Integrantes del Movimiento Social

El Movimiento Social está representado por un grupo de veinte personas donde también participa la Fundación Florida Unida que ha venido liderando procesos que se identifican con el interés general de los habitantes del municipio.

Objetivos y plan de acción

Dentro de su plan de acción está prevista la instalación de mesas de trabajo con la participación de personas con conocimiento sobre el manejo de los siguientes temas: ambiente, cultura, deportes, educación, vivienda, salud, infraestructura, gestión integral de riesgos, entre otras. Posteriormente la intención es recoger los insumos necesarios para poder participar en estamentos locales como el Concejo de política social, el Concejo municipal de planeación, el Esquema de ordenamiento territorial y el Comité local para la atención y prevención de desastres.

Dentro de los objetivos, según manifiestan sus integrantes, el Movimiento tiene previsto luchar por la defensa de los derechos a vivienda digna, trabajo, tejido social, costumbres o estabilidad emocional para todos sus habitantes. Asimismo, también pretende exigir a los gobiernos local, departamental y nacional que realicen inversiones de interés general y prioritarias en la zona en infraestructura como pavimentación y construcción de vías, escenarios deportivos, remodelación y adecuación de centros educativos, construcción de la segunda etapa de la biblioteca pública, construcción del auditorio municipal, mantenimiento del parque Simón Bolívar, remodelación de la Casa de la cultura, entre otras. Otro objetivo es la generación de oportunidades de trabajo. «De no ser escuchadas las peticiones estaremos dispuestos a movilizarnos», manifestaron integrantes del Movimiento Social por la Dignidad de La Florida.

La Florida

El municipio de La Florida se encuentra ubicado en el occidente del departamento de Nariño y desde el año 2005 fue declarado como zona de desastre mediante el Decreto 4106 ante la actividad presentada por el volcán Galeras que de ninguna manera ha generado daño alguno o pérdida de vidas humanas. Según algunos habitantes de la zona, durante este tiempo no se han desarrollado acciones tendientes a generar soluciones inmediatas ante la desestabilización emocional ocurrida por la falta de trabajo e inversión y por la forma como se viene trabajando el proceso de reasentamiento. Este proceso es de carácter individual con pagos por compra de vivienda que no satisfacen los intereses de las personas que han decidido reasentarse y además sin tener en cuenta sus actividades económicas a las cuales se dedican puesto que al cambiar de residencia cambia su actividad económica.

Noticia relacionada:

Cinco años de incertidumbre en La Florida por declaratoria de zona de desastre

Plenaria de la reunión de la MANE en Ibagué. Foto: MANE.

por Andrés Camilo Vega V.

Más de 1.500 estudiantes de todo el país se dieron cita en Ibagué (Tolima) para establecer la primera reunión del año 2012 de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), organización estudiantil reconocida por el Gobierno nacional, los medios de comunicación y el país en general como representación estudiantil de educación superior a nivel nacional.

El evento tuvo lugar los días 28 y 29 de enero en las instalaciones de la sede principal de la Universidad del Tolima donde asistieron estudiantes de universidades públicas y privadas, estudiantes de centros técnicos y tecnológicos y del SENA con la firme intención de ratificar, continuar y seguir construyendo lo hecho en el año 2011 en donde se dieron grandes logros como el retiro de la Reforma a la Ley 30 por parte del Gobierno fruto de las masivas movilizaciones estudiantiles en las calles y plazas públicas del país.

El proceso de inscripción y reencuentro estudiantil o amistoso de los participantes fue el sábado en la mañana y a las 2 pm iniciaron las discusiones. La metodología consistió en la discusión sobre tres comités —operativo, vocerías y comisiones— y el de comisiones quedó dividido en derechos humanos, académico y comunicaciones.

Reestructuración organizativa y comisiones
El comité operativo será el encargado de elegir a las personas que asumirán la vocería nacional y que se situará en un número entre 20 a 25 y quienes tienen la responsabilidad de presentar la nueva propuesta de ley alternativa de educación ante el Gobierno nacional y el país.

Pero en general serán más de 200 personas delegadas ante el comité operativo repartiéndose de la siguiente manera: cada universidad pública tendrá cuatro delegados a los que se les añadirá uno más por cada 5.000 estudiantes. Como ejemplo, la Universidad del Tolima tendría cinco delegados ya que cuenta con 7.000 estudiantes presenciales. Las privadas tendrán dos delegados por universidad y si la universidad posee seccionales en diferentes ciudades el asunto será evaluado por el comité. El SENA tendrá 20 delegados a nivel nacional, los institutos técnicos y tecnológicos de carácter privado tendrán un delegado y los públicos dos delegados, excepto el caso del Instituto Tecnológico Metropolitano y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín) que tendrán tres delegados y uno adicional por cada 10.000 estudiantes en modo presencial.

Respecto a las comisiones, la de Derechos Humanos será la encargada de analizar y denunciar ante los respectivos organismos los atropellos que se ejerzan sobre estudiantes durante el proceso organizativo y de movilización. Comunicaciones se encargará de brindar toda la información al público sobre el proceso de la MANE: una de las propuestas más acogidas por este comité es la de crear una página web en donde las mesas de cada región informen sobre sus procesos claramente y donde los diferentes medios de comunicación y población colombiana puedan encontrar información necesaria sobre el asunto. El comité Académico será el encargado de crear la nueva ley alternativa de educación que tiene como fecha de presentación el mes de octubre del presente año. Para dicha ley los puntos base son educación gratuita y de calidad al servicio del país, autonomía universitaria, libertad democrática, financiación, bienestar y la relación de sociedad – universidad.

Movilización estudiantil
El aspecto central del encuentro fue la reorganización de la MANE para el presente año, la elección de voceros y la creación de una agenda para el primer semestre. La elección de las personas que asumirán la vocería tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo en Manizales (Caldas) donde será la próxima reunión nacional de la MANE.

En la planeación de eventos vale destacar la toma de Cartagena (Bolívar) los días 14 y 15 de abril durante la VI Cumbre de las Américas, cita de gran importancia internacional ya que reúne a todos los presidentes de los gobiernos del continente americano cada cuatro años, algunas organizaciones internacionales e instituciones financieras. Se pretende hacer una toma cultural de la ciudad recordando lo visto el año pasado como los ‘besatones’, ‘abrazatones’ y las nuevas dinámicas culturales y artísticas que los estudiantes pensarán este año.

Pero no todo fue discusión o debates durante los dos días del encuentro, también hubo espacio para lo cultural y lo artístico con cuentería y un toque musical organizado por los anfitriones que contó con la participación de bandas bogotanas como Ganyarikies, OPJ Sound System, Reisidentes, MC y Firo y Lucía Vargas, entre baile, chicha y ‘pogo’ —baile característico de los géneros del punk y metal— se fueron amenizando los asistentes al evento.

Falta aún esperar la nueva declaración política del estudiantado ya que todavía sigue en pie la declaración política del pasado 12 de noviembre del año 2011.

La Seccional Antioquia de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) alertó el 31 de enero de 2012 en un comunicado público sobre «la situación de vulneración y de riesgo inminente de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo ‘El Pesebre’ por las condiciones inhumanas en que se encuentran».

La organización defensora de los derechos humanos de las personas detenidas por motivos políticos visitó la cárcel el 26 de enero en una misión de observación y verificó que existe un suministro de agua de cuatro horas repartidas en cuatro momentos del día. Los privados de libertad añaden que el agua es de mala calidad —«es turbia, de mal sabor y olor»— lo cual se torna insoportable porque la temperatura alcanza los 40 grados. Según el CSPP, el mismo director de la prisión reconoció que la calidad del agua y la forma cómo se suministra produce en los presos enfermedades o síntomas como diarrea, cólicos, dolores de cabeza, problemas respiratorios y hasta dolores óseos.

En cuanto al servicio de salud, no hay médico para la atención de los 876 internos desde octubre de 2011 y cada día sólo seis de ellos reciben atención médica en centros de salud de Puerto Triunfo, Doradal (Antioquia) o La Dorada (Caldas). Los presos sostienen que la atención médica en hospitales externos es nueva y solo prospera cuando la enfermedad es muy grave y urgente. Insisten que la autorización de la salida se valora en función de la condena y la fase de clasificación del detenido enfermo.

Respecto a la alimentación en el establecimiento penitenciario, otra comisión de observación donde participaba la Dirección de Salud de la Gobernación de Antioquia constató el 29 de diciembre que los presos recibieron un pollo en descomposición. Los presos afirman que esa situación es habitual y que las personas con enfermedades que requieren de una dieta particular han tenido que abandonarlas porque no se cumple con el suministro de la alimentación ordenada por el médico. Esta misma comisión ordenó el cierre del Centro de Sanidad del Establecimiento Penitenciario dado que no cumplía con los requerimientos mínimos para este tipo instalaciones.

Acción de Tutela de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo interpuso una Acción de Tutela para proteger los derechos de los presos a la vida, la dignidad humana, la igualdad, la salud y el debido proceso. Estos derechos fueron tutelados por el Tribunal Superior de Antioquia mediante sentencia del 20 de junio de 2011. El 28 de julio de 2011 la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, salvo en «el amparo respecto de los temas relacionados con las visitas conyugales y la optimización del funcionamiento de la Oficia Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Puerto Triunfo».

A pesar de la decisión judicial, los presos reiteran que continúa la vulneración de sus derechos. El 29 de julio finalizó una huelga de hambre de más de 96 horas por parte de 71 internos que denunciaban la falta de agua y atención médica y las demoras en la Oficina de Reinserción para el acceso a permisos administrativos y la clasificación del proceso penal. También reclamaban espacios dignos para la visitas familiares.

‘El Pesebre’ y los ERON
El Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo ‘El Pesebre’ fue inaugurado el 5 de julio del año 2010 como un aporte contra el hacinamiento en las cárceles colombianas constituyéndose en uno de los nueve Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) que obedecen a la aplicación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social del 15 de marzo de 2004 que trazó la “Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”.
El CSPP denuncia que los ERON han entrado en funcionamiento sin la dotación necesaria para garantizar la atención básica de la población reclusa y sin aprobación del reglamento interno. Además, añade que «las celdas y áreas comunes no cumplen con los estándares de espacio mínimo y hay insuficiencia de áreas para estudio, trabajo, recreación y visitas».
A ello la organización de apoyo a presos políticos añade que esos centros responden a una «“cultura penitenciaria” caracterizada por la reiteración de prácticas que representan torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Más información:

Vulneración de los Derechos Humanos en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”

Presunta muerte en cárcel de Puerto Triunfo por falta de atención médica

Maltratos a familiares y presos, por parte del INPEC, en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo –Antioquia

Los internos de Puerto Triunfo -Antioquia- levantan huelga de hambre

Huelguistas de Puerto Triunfo denuncian retaliaciones del INPEC por ejercer el legítimo derecho a la protesta

Montañas de Mallama (Nariño) donde se desarrolla la escuela del CNA.

En medio de las montañas cobijadas por una neblina densa propia del piedemonte costero del municipio de Mallama (Nariño), 25 dirigentes campesinos, indígenas y afrodescendientes se reúnen para dar curso a la cuarta sesión de la Escuela Política Intercultural “Sembrando Resistencias” del Coordinador Nacional Agrario (CNA). La escuela se lleva a cabo entre el 23 y el 27 de enero y convoca, principalmente, a jóvenes hombres y mujeres que hacen parte de las organizaciones constitutivas del CNA en todo el país y en palabras de Robert Daza es «un esfuerzo continuado para promover nuevos liderazgos y ampliar el trabajo del Coordinador».

El proceso campesino
El CNA es uno de los más grandes procesos organizativos en Colombia de la población que vive y trabaja en el campo y reúne a 15 organizaciones regionales entre las cuales se encuentran la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, la Asociación Campesina de Antioquia, el Comité de Integración Social del Catatumbo y otras más de los departamentos de Chocó, Antioquia, Arauca, Tolima, Huila y Valle de Cauca.

En los últimos años el CNA ha sido uno de los protagonistas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y del Congreso de los Pueblos. En el mes de octubre del año pasado, cerca de 3.000 miembros del CNA legislaron junto con organizaciones indígenas, afrodescendientes y urbanas sobre los problemas de tierras en el país en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías realizado en Cali (Valle de Cauca).

Al ser preguntado sobre el origen de la Escuela, Ricardo Herrera, otro de los dirigentes del CNA, responde que «era una necesidad que se había diagnosticado hace tiempo ya que el trabajo de base se había desarrollado y no teníamos suficiente capacidad de dirección» y por ello los participantes son principalmente jóvenes que se proyectan hacia escenarios regionales, nacionales e internacionales.

Participantes de la Escuela Política Intercultural “Sembrando Resistencias”.

La escuela se desarrolla desde un enfoque de análisis de los conflictos territoriales que afectan a Colombia. Robert Daza explica que «el campo colombiano hoy está siendo profundamente transformado por los proyectos extractivos, principalmente mineros, por los agronegocios y por los megaproyectos de infraestructura, expulsando de estos territorios a la gente que siempre ha vivido allí». Por ello la Escuela aborda estos temas y ejecuta investigaciones socioambientales y territoriales para «conocer mejor la situación y poder plantear alternativas».

La Escuela también hace análisis políticos y por ello hay un reflexión constante sobre el gobierno de Juan Manuel Santos y los escenarios de confluencia del movimiento social. «Para nosotros lo central es contribuir a la consolidación de la unidad del campo popular y por eso apostamos para que el Congreso de los Pueblos y COMOSOCOL [Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia] se mantengan, crezcan y logren mayores acuerdos de acción social y política», dice Ricardo Herrera.

La mística y la forma de ser campesina
La Escuela del CNA es una mixtura de formación política y la forma de ser del campesinado colombiano. Por eso al lado de los análisis donde se utilizan categorías como coyuntura, conflicto, régimen u otras propias de las ciencias sociales, brillan con luz propia las canciones, las comidas, las vestimentas y las metodologías de la educación popular.

Por eso las risas y chistes campesinos afloran a cada momento mostrando la diversidad cultural del país donde la chispa costeña y paisa se confunden con la malicia y picardía caucana y nariñense.

Momento de la mística del CNA.

En la noche del primer día de la Escuela sus participantes realizaron una mística dedicada al futuro del CNA. Banderas, camisetas y afiches se entremezclaron con los símbolos de la tierra, el agua y el fuego y se presentaron los propósitos políticos, organizativos y humanos. Stella Cifuentes , dirigente de la Asociación Campesina de Antioquia y del equipo político del CNA, dice que «la mística es un momento muy importante de cualquier actividad del Coordinador ya que permite el crecimiento espiritual y fortalece la identidad». La mística es conocida por la difusión que le ha dado el Movimiento de los Sin Tierra (MST) del Brasil y en «Colombia se ha ganado una forma particular de hacerla de acuerdo a nuestras condiciones culturales y regionales».

La mística es un momento a la vez solemne y de fuerza donde se rompen totalmente las diferencias regionales y personales. Para Stella Cifuentes«esta mística fue muy emocionante ya que la gente expresó lo que le salía del corazón, lo que demuestra que le va a meter a conseguir los objetivos propuestos».

Las banderas amarillas y verdes del CNA ondean junto a las banderas de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y la Vía Campesina. Para Robert Daza se trata de «lograr también una lucha conjunta de los pueblos del mundo contra la explotación capitalista, el despojo y la guerra».

El sol ha salido en la vereda donde se desarrolla la Escuela y hoy hay un intercambio con los procesos locales; los escuelantes se alistan para recorrer estos campos que hacen suyos proyectándose como dirigentes nacionales de una organización que planea la lucha por la tierra y la permanencia en el territorio.

Más información:

http://cna-colombia.blogspot.com/

Mitin en la entrada de Coca-Cola en Barrancabermeja. Sinaltrainal insiste en que Coca-Cola y Proservis no están respetando la Constitución colombiana ni los tratados internacionales consignados en la OIT que promueven el derecho de la asociación sindical como un derecho humano.

La trasnacional despide a todos los trabajadores que se habían afiliado a Sinaltrainal un mes antes. Hoy 21 de enero el sindicato realizó un mitin frente a las instalaciones de Coca-Cola en Barrancabermeja para denunciar esta situación. La mayoría de trabajadores despedidos llevaba más de 15 años en Coca-Cola. Sinaltrainal considera el despido masivo como una «masacre laboral».

El viernes 20 de enero de 2012 la empresa Proservis Temporales despidió a 12 trabajadores de la planta embotelladora de Coca-Cola de Barrancabermeja (Santander), ocho de ellos afiliados al Sindicato Nacional del Sector Agroalimentario (Sinaltrainal). La empresa que administra contratos de trabajo en Coca-Cola FEMSA citó a una reunión a sus 50 empleados y despidió a todos los trabajadores que se habían sindicalizado durante el mes de diciembre pasado. A todos menos a uno que no fue despedido por estar recuperándose de un accidente laboral por el cual lleva siete meses de baja y al cual le aplican el Artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo: «Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador».

Tras las afiliación al sindicato, presentaron el 30 de diciembre de 2011 un pliego de peticiones basado en tres ejes fundamentales (estabilidad laboral, mejoramiento de las condiciones de vida de las y los empleados y salud ocupacional e higiene industrial) que actualmente se encuentra en período de negociaciones. Proservis se niega a reconocer la potestad de Sinaltrainal como representante de los trabajadores aduciendo que el sindicato es del sector alimentario y la empresa es una bolsa de empleo lo cual dilata la negociación.
La situación actual de negociación otorga una protección contra despidos o sanciones injustas tal como recoge la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación del año 1948 y el Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949.

La legislación laboral colombiana lo denomina “fuero circunstancial” según el Decreto Ley 2351/65 que en su artículo 25 establece: «Los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Este es el denominado fuero circunstancial». Esta protección comprende al personal afiliado o no a un sindicato que haya presentado un pliego de peticiones desde el momento de su presentación al empleador hasta cuando se haya solucionado el conflicto mediante la firma de la convención o el pacto o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso.

El argumento que plantea la empresa es que la labor para la cual fueron contratadas esas personas ya terminó lo cual es, según representantes de Sinaltrainal, «a todas luces un argumento falaz y traído de los cabellos que ofende al sentido común puesto que se sabe que la necesidad de estos servicios se mantiene ya que están contratando a nuevo personal que integre la plantilla». Trabajadores de Proservis manifiestan que amenazaron al resto del personal de desvincularlos de la empresa.

Precarización laboral
El sindicato denuncia que Proservis es una empresa creada por la multinacional Coca-Cola FEMSA para facilitar la tercerización laboral y la precarización de las condiciones de trabajo: «Proservis es una fachada usada por empresas como la multinacional Coca-Cola para subcontratar la mano de obra, simular el contrato de trabajo, negar los derechos laborales y no aplicar las conquistas adquiridas por Sinaltrainal en la Convención Colectiva de Trabajo».

Sus 50 trabajadores en Coca-Cola FEMSA se encargan del alistamiento de las rutas de despacho, cargue y descargue de camiones con productos de la embotelladora y otras labores administrativas y logísticas.

Los sindicalistas aseguran que las personas que van a reemplazar a los despedidos vienen de Barranquilla, Bucaramanga y Medellín lo cual viola el acuerdo municipal 005 de 2008, conocido como Política pública de empleo, implementada por el Concejo municipal de Barrancabermeja con el fin de proteger y priorizar la contratación de mano de obra local.

Mitin frente a las instalaciones
Hoy 21 de enero el sindicato realizó un mitin frente a las instalaciones de Coca-Cola entre 5 y 6 de la mañana para denunciar esta situación. Allá constataron la falta de experiencia de los nuevos trabajadores que se demoraron por lo menos cinco horas más de lo habitual en realizar la tarea. William Mendoza, presidente de Sinaltrainal en Barrancabermeja, sostiene que eso «daña las ventas y la imagen de Coca-Cola, motivo por el que siempre ataca al sindicato».

William Mendoza, presidente de Sinaltrainal en Barrancabermeja, dirigiéndose al público en el mitin frente a Coca-Cola.

El sindicato agroalimentario insiste en que Coca-Cola y Proservis no están respetando la Constitución colombiana ni los tratados internacionales consignados en la Organización Internacional del Trabajo que promueven el derecho de la asociación sindical como un derecho humano. Además, Mendoza advierte que el Ministerio de Trabajo «le hace el juego a la empresa ya que cada vez que hacemos una actividad viene a comprobar que no bloqueemos accesos ni cometamos otras irregularidades, pero cuando hacemos una denuncia como ésta dilatan las resoluciones de nuestras quejas».

Esta mañana acudió un representante del Ministerio de Trabajo a las instalaciones para verificar que la protesta se ajustaba a la ley aunque los sábados no son laborables para sus funcionarios. Por otro lado, varios miembros del sindicato son llamados a descargo por diferentes protestas en las que los acusan de bloquear los accesos a las instalaciones.

Persecución contra Sinaltrainal
El 14 de diciembre de 2011 la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo Estructura de Apoyo – Investigaciones Parapolítica informó a Juan Carlos Galvis y William Mendoza, trabajadores de Coca-Cola y sindicalistas de Sinaltrainal, que ordenó la apertura de la investigación por los supuestos delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

La investigación preliminar se abrió el 26 de enero de 2010 fundamentada en las acusaciones realizadas en sus versiones libres por los paramilitares Saúl Rincón, Wilfred Martínez Giraldo alias ‘Gavilán’ y Rodrigo Alzate alias ‘Julián Bolívar’.

Imagen de campaña por la inocencia de Juan Carlos Galvis y William Mendoza, trabajadores de Coca-Cola y directivos de Sinaltrainal.

Sinaltrainal denuncia que dichos paramilitares dan cumplimiento a la advertencia efectuada desde hace varios años de hacer un montaje contra Juan Carlos Galvis, William Mendoza y otros integrantes de Sinaltrainal por haberse negado a ingresar a los barrios de Barrancabermeja a conversar con ellos. «Amenazaban que prepararían sus versiones libres en función de futuras judicializaciones contra integrantes de Sinaltrainal, a la vez que se beneficiaban de la ley de Justicia y Paz».

El sindicato recuerda que esta judicialización es parte de «la sistemática política de persecución contra trabajadores afiliados a Sinaltrainal por la que hemos sido víctimas de asesinatos, amenazas de muerte, atentados, desplazamiento, exilio, tortura, quema de sede sindical, intento de secuestro de familias, chuzadas del DAS».

El actual proceso se presenta cuando se desarrolla la negociación del pliego de peticiones presentado a las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia y que inicia el 25 de enero tras dos días de instalación de las mesas de diálogo. Este hecho ya es inusual en este tipo de situaciones ya que, según declaran representantes de Sinaltrainal, «Coca-Cola quería incluir en la negociación colectiva a otros sindicatos creados por la empresa y que sirven a sus intereses».

Coca-Cola FEMSA S.A. de C.V.
Esta empresa es la embotelladora de Coca-Cola más grande en el mundo en términos de volumen de ventas pues distribuye más de 2,5 billones de cajas al año en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, y Argentina. La compañía cuenta con 34 plantas embotelladoras en los países de Latinoamérica.