Seis personas detenidas y 17 más con órdenes de captura en Arauca

Esta semana hubo un paro cívico

Acusaciones contra Uncasía

Respeto a la autonomía indígena

Resistencia indígena a los intereses petroleros

Explotación petrolera en territorio indígena

Detenciones masivas

Pronunciamientos contra estas detenciones

Detenciones masivas frente a impunidad

Arauca en el mapa

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Seis personas detenidas y 17 más con órdenes de captura en Arauca

El presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía, fue detenido el martes 25 de enero de 2011 por miembros de la Policía Judicial en las instalaciones de la Personería Municipal de Saravena cuando se encontraba realizando dos denuncias contra la Fuerza Pública. El mismo expediente judicial ordena la captura de 23 personas (tres de ellas mujeres) desde el 21 de febrero, de las cuales ya han sido efectuadas cinco detenciones más.

Los cargos que le imputa la Fiscalía a Ismael Uncasía y al resto de personas detenidas el 25 de enero son rebelión y concierto para delinquir. Las personas directamente relacionadas con el movimiento indígena y que son defendidas por abogados de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y las Organizaciones Sociales de Arauca son el cacique Ismael Uncasía, la coordinadora de asuntos étnicos de la Gobernación de Arauca Verónica Solís y el etnoeducador Álvaro Leal Toloza. También han sido detenidos Freddy Díaz Gómez y Nemecio Guillén Nieto, miembros del sector comunal de Saravena, y César Torrealba, empleado de la Alcaldía de Saravena.

Todas las personas fueron detenidas por la Policía Judicial mientras en los municipios araucanos de Saravena y Fortul el Ejército llevaba a cabo un operativo desde primeras horas del día a través de retenes militares que paraban a todas las personas y confirmaban su identidad con una lista. Las seis personas detenidas se encuentran en la cárcel del municipio de Arauca y según el Nuevo Sistema Penal Acusatorio —vigente en el departamento desde 2008—, todavía tendrán que esperar un mes para la audiencia preparatoria en la que se piden, anuncian y decretan pruebas; luego otro mes para la audiencia pública; y otro más para la lectura del fallo. El delito de rebelión está penado con un mínimo de 9 y un máximo de 12 años de prisión mientras que el de concierto para delinquir tiene una pena de 4 a 9 años de prisión.

Esta semana hubo un paro cívico

Desde las 0 horas del lunes 31 de enero y por un día completo, el pueblo U’wa y Sikuani decidieron declararse en desobediencia al Estado colombiano convocando un paro cívico y rompiendo relaciones políticas con el mismo por la libertad de sus compañeros detenidos.

El paro fue seguido por la mayoría de las empresas transportadoras intermunicipales y parte del gremio de comercio y apoyado por sectores campesinos, trabajadores, estudiantiles e indígenas de cinco municipios que confluyeron en una marcha por Saravena de más de 3.000 personas, según fuentes de la organización de la marcha.

Acusaciones contra Uncasía

El cacique indígena Ismael Uncasía se encontraba en las instalaciones de la Personería municipal de Saravena interponiendo dos denuncias. En la primera denunciaba que el día anterior, la Policía había retenido en la estación policial de Saravena durante tres horas a un miembro de ASCATIDAR mientras lo sometía a un interrogatorio ilegal; la segunda denuncia tenía que ver con un seguimiento en vehículo hecho por hombres de civil y armados al mismo cacique indígena. La principal prueba de cargo contra el presidente de ASCATIDAR es el testimonio de una funcionaria indígena de la alcaldía municipal de Saravena que está muerta. En uno de los videos presentados el 26 de enero de 2011 en la audiencia de legalización de la captura de Uncasía aparece ella misma afirmando que trabajaba de informante para la Fuerza Pública por lo menos desde el año 2003. Entre las pruebas de cargo se encuentran otros videos en los que aparece Ismael Uncasía reunido con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uncasía está acusado de proveer económicamente a los grupos subversivos, pero las mismas comunidades indígenas afirman que eso es falso porque han realizado eventos de rendición de cuentas y saben perfectamente a donde llegan los recursos. Su exigencia respecto a la acusación es clara: «Que primero investiguen y consulten con las autoridades».

Uncasía había denunciado públicamente y ante la Procuraduría que en el año 2004 fue retenido, intimidado y torturado en las instalaciones del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro con sede en Saravena (Brigada XVIII). En su momento no llegó a ser judicializado en virtud del fuero especial indígena. Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos otorgó medidas cautelares a Uncasía el 29 de julio de 2002 a causa de las amenazas directas sufridas por parte de estructuras paramilitares como presidente de ASCATIDAR. En la misma resolución de la Comisión otros 13 miembros de organizaciones sociales de Arauca también son beneficiarios de las medidas cautelares por los mismos motivos.

Respeto a la autonomía indígena

Ismael Uncasía ha reconocido mantener interlocuciones con la insurgencia armada. Felipe Rangel (ASCATIDAR) aclara: «Nos toca recorrer el campo y no tenemos la culpa si nos encontramos con un grupo insurgente. Es porque nos toca». Respecto a esas interlocuciones, Rangel afirma que es un mandato del Congreso de su organización y su comunidad indígena: «Obedecemos órdenes de las autoridades tradicionales, caciques y gobernadores y también tenemos una jurisdicción indígena y un reglamento propio. Exigimos que si esos compañeros son juzgados lo sean bajo nuestras normas ancestrales».

Las comunidades indígenas exigen que el Estado respete su autonomía, gobierno propio y la aplicación al derecho de la consulta y concertación en los asuntos que les afecten. En el “Manifiesto de dignidad y soberanía de las naciones Uw´a y Sikuani” con motivo de la movilización del paro cívico del 31 de enero afirmaban que si Ismael Uncasía puede calificarse de rebelde, «todo el pueblo U´wa y Sikuani estaríamos dispuestos a ir a las cárceles del Estado, pues nuestro cacique cumple el mandato por nuestros pueblos».

La autonomía de los pueblos U´wa y Sikuani es reconocida en la legislación nacional y las normas internacionales y exige que si Ismael Uncasía ha cometido un delito debe ser juzgado por su propia legislación. ASCATIDAR denuncia que esta detención persigue «la defensa de nuestra soberanía y autonomía ante las políticas agresivas del Estado colombiano y de las empresas transnacionales, empeñados en la explotación y saqueo del patrimonio de los pueblos originarios que yacen en nuestra Madre Tierra».

Resistencia indígena a los intereses petroleros

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra destaca que este hecho sucede cuando las empresas petroleras han iniciado nuevos trabajos de exploración y construcción del tramo Banadías-Araguaney del llamado Oleoducto Bicentenario de Colombia que atraviesa todo el resguardo U´wa de Tame y bordea el Gran Resguardo Betoye de la etnia Sikuani.

Según la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, el movimiento indígena que representa Uncasía se ha destacado en la región por su participación activa en procesos de resistencia como el desarrollado en el año 2002 cuando un paro indígena paralizó la actividad petrolera de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en Cubará y Gibraltar. Antes, en 1988, tuvo lugar el paro cívico y la toma del complejo petrolero de Caño Limón.

El Gobierno ha hecho convenios con las compañías multinacionales que han dividido al departamento en bloques petroleros y según denuncia ASCATIDAR, «Tenemos una problemática y es que el Gobierno colombiano ha venido arremetiendo contra la dirigencia indígena por nuestra posición negativa a la exploración y explotación de recursos naturales. Estamos radicalmente en contra del saqueo de la sangre de la Madre Tierra».

Una semana antes de la detención del presidente de ASCATIDAR, tenía lugar junto con otras comunidades del departamento de Casanare y Curipao (Arauca) un proceso de acercamiento y consulta con el Gobierno y la compañía. Ese proceso se estancó con la detención del cacique indígena ya que según Felipe Rangel: «Nos sorprende porque mientras las comunidades indígenas hemos puesto una voluntad política de acercamiento y diálogo el Gobierno nos da una sorpresa a las comunidades. Nos ha hecho seguimiento y persecución de la dirigencia. Nosotros obedecemos órdenes de las mismas autoridades y ellas y las comuniudades nos dicen que no quieren que entren las compañías ni saquen el petroleo, y nosotros hemos intermediado para que este caso se lleve.

Pero después de este suceso, todo proceso de consulta con el Gobierno o con cualquier empresa queda suspendido hasta nueva orden de acuerdo a las exigencias de las autoridades indígenas del departamento de Arauca».

Explotación petrolera en territorio indígena

El tramo Banadías-Araguaney del Oleoducto Bicentenario de Colombia que afecta tanto a U’was como a Sikuanis forma parte del proyecto que a mediano plazo la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) considera «el más importante de todos»1. Según las previsiones de la empresa, este oleoducto se convertiría en el más largo de Colombia uniendo el departamento de Casanare con el puerto de Coveñas (Sucre) en el mar Caribe a lo largo de 960 kilómetros. La previsión es que tras recorrer ocho departamentos colombianos evacue 450 kbpd (miles de barriles de petróleo por día) en diciembre de 2012. Ello equivale al 44,8% de la cantidad total de crudo (1.005 kbpd) que proyecta evacuar Colombia en 2012 según lo anunciado por el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, en el VII Congreso Nacional de la Infraestructura, Postcrisis y Retos del Nuevo Gobierno, en la ciudad de Cartagena el 25 de noviembre de 2010, en el que expuso el tema de “Infraestructura para el desarrollo en minas, hidrocarburos y energía”.

Para esta gran operación económica, Ecopetrol ha conseguido que seis empresas2 se aliaran como inversionistas o productores de petróleo (es decir, futuros clientes del tubo) y se comprometan a aportar para esta primera fase el 70% de la inversión requerida (US$722 de US$1.031 millones de dólares) para las obras de construcción de la primera fase del proyecto. La inversión total del gran oleoducto se estima en US$4.200 millones de dólares y se espera que esté concluido en diciembre del 2012.

Detenciones masivas

La Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) en un comunicado del 31 de enero de 2011 rechaza lo que consideran «nuevos abusos del Estado contra el movimiento social araucano» ya que las detenciones masivas de miembros de organizaciones sociales y pobladores de Arauca han tenido diferentes episodios en el departamento oriental del país desde el 12 de noviembre de 2002. Ese día, un gran operativo militar retiene e identifica a más de 2.000 personas en el Coliseo Jacinto Jerez en Saravena, de las cuales 96 son conducidas a la sede del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro de Saravena (Brigada XVIII) y finalmente 43 son judicializadas y encerradas en las cárceles La Picota y Buen Pastor de Bogotá por más de tres años.

Este nuevo proceso de detenciones masivas de febrero de 2011 tiene lugar menos de tres meses después de que 17 personas de Saravena fueran absueltas del delito de rebelión tras permanecer tres años privadas de libertad en la cárcel del distrito judicial de Arauca. Estas personas ya habían sido excarceladas por haber cumplido las tres quintas partes de la pena mínima como si hubieran sido condenadas por el delito de rebelión. El 9 de noviembre de 2010, la Juez Penal del Circuito de Saravena profirió el fallo en primera instancia que absuelve de toda responsabilidad penal a los 17 sarareños encausados y ordena la cancelación de todos los pendientes. El fallo fue impugnado por la Fiscalía y se encuentra en el Tribunal pendiente de decidir la apelación. Estas 17 personas vinculadas a diferentes Juntas de Acción Comunal o proyectos de economía solidaria fueron capturadas los días 13 y 14 de julio del año 2007 acusadas de pertenecer a las organizaciones insurgentes FARC o ELN y de actuar en un sin número de hechos delictivos como homicidios, secuestros, hostigamientos o extorsiones ya que les fueron imputados múltiples acciones armadas cometidas por la insurgencia.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que estas detenciones fueron «un montaje» desde la Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de seguridad del Estado. En todos los casos, las investigaciones se han fundamentado en supuestos reinsertados ya que casi la mayoría nunca ha formado parte de la insurgencia armada como, en algunos casos, la familia u otros testigos han confirmado.

El 31 de julio de 2008, diferentes sectores sociales y de derechos humanos organizaron una Audiencia Pública en el municipio de Arauquita3 en la que concluyeron que la Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación con base en la Brigada XVIII del Ejército Nacional es la responsable de «montajes […] utilizando a sujetos que tras unos beneficios económicos, jurídicos o de otra índole, hacen pasar como supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición, los cuales son puestos a verter toda serie de injurias, calumnias y falaces imputaciones». El resultado del análisis por parte de la Audiencia Pública es que lo que se cuestiona en esos procesos judiciales es «un trabajo y actividad social, satanizando también al proyecto de vida de los araucanos y sus organizaciones sociales […]; el objeto central de la persecución lo constituyen entonces las denuncias, las exigencias de un pueblo organizado, el estar presentes en la planeación y decisión sobre el propio futuro».

En esa fecha, el resumen de las detenciones masivas que se habían dado de similar manera según la Audiencia Pública de Arauquita eran:

  • 12/11/02, Saravena: 43 personas detenidas y judicializadas.
  • 21/08/03, Saravena: 37 personas detenidas y judicializadas encarceladas por tres años y medios.
  • 21/09/03, Arauca, Saravena y Tame: 31 personas candidatas a Gobernación y Alcaldía y miembros de corporaciones públicas y una defensora de derechos humanos.
  • –/02/04, veredas de Puerto Conteras y Puerto Nariño (Saravena): 16 personas detenidas y judicializadas.
  • 12/01/06, Arauquita: 6 personas (entre ellas un menor) detenidas por 20 días.
  • 12/09/06, Fortul: 13 personas, la mayoría miembros de organizaciones políticas y sociales, sindicadas de rebelión permanecieron detenidas por más de 18 meses.
  • 01/09/06, Arauquita: 19 personas detenidas y 13 de ellas privadas de su libertad por casi dos años.
  • 27-28/09/06, Saravena: 18 personas detenidas.
  • –/11/06, Saravena: 15 personas detenidas y judicializadas.
  • 05/03/07, Caserío Pueblo Nuevo (Tame): 23 personas detenidas y encarceladas por más de 13 meses.
  • 02/06/07, Arauquita: 6 personas detenidas.
  • –/06/07, Saravena: 13 personas detenidas y judicializadas.
  • 12-13/01/08, Arauquita: 15 personas detenidas
  • 01/02/08, Arauca: 22 personas detenidas.
  • 17/06/08, Arauca y Arauquita: 20 personas detenidas
  • 09/05/09, Saravena: 13 personas detenidas
  • 19/09/09, Saravena, fortul, Tame y Arauca: 20 personas detenidas
  • 19/12/09, Arauquita y Arauca: 16 personas detenidas

Fuente: Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

Pronunciamientos contra estas detenciones

En uno de los casos, el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá absuelve el 22 de enero de 2007 a 34 de los 36 ciudadanos detenidos el 12 de noviembre de 2002 en Saravena. La Fiscalía General de la Nación impugnó la anterior sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá quien el 9 de julio de 2008 confirmar el fallo de primera instancia y califica las detenciones como «ilegales y arbitrarias».

En otro pronunciamiento de mucho mayor peso, la Corte Constitucional —cuando se pronunció (Sentencia C1024 de 2002) sobre la constitucionalidad del Decreto de Conmoción Interior (2002/2002) en el marco de la cual se decretaron las zonas de rehabilitación y consolidación— planteó la inconveniencia de tener a las Unidades de Fiscalías en guarniciones militares, en igual sentido se pronunció la Procuraduría sobre las medidas tomadas con ocasión de la Conmoción Interior.

Detenciones masivas frente a impunidad

Según informa el portal VerdadAbierta.com en su artículo «Hijo de ‘Comandante Tolima’ delató a su padre»4, Félix Tomás Bata contó a la Fiscalía los vínculos de su padre con políticos e integrantes de la Fuerza Pública cuando fue jefe paramilitar en Arauca. Bata habló de reuniones de su padre donde participaba Julio Acosta, actual concejal de Bogotá e hijo del ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal. El testigo dijo que en esa reunión su padre anunció el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la candidatura del ex gobernador quien resultó elegido en octubre de 2003. El ex gobernador tuvo una orden de de captura por homicidio, concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares pero el 12 de febrero de 2009 fue revocada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cúcuta. Según otro jefe paramilitar extraditado en Estados Unidos, ‘El Mellizo’, ‘Tolima’ y el ex gobernador «eran uña y mugre»5.

Según la confesión ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz por parte del ex jefe paramilitar Ferney Alvarado Pulgarín, alias ‘Cúcuta’, la acusación contra el ex gobernador podría llegar más lejos. Según el ex paramilitar, el mismo Acosta Bernal entregó a las AUC un listado con los nombres de un centenar de personas entre las que se encontraban funcionarios y políticos que debían ser asesinados para asegurar su posesión. En esa lista se encontraba el registrador delegado para ese departamento Juan Alejandro Plazas Lemónaco. Alias ‘Cúcuta’ confesó haber realizado los homicidios por lo que Acosta le entregó 10 millones después de asesinar al registrador.

Acosta también fue acusado por haber incurrido presumiblemente en el delito de concierto para delinquir agravado. En otra confesión ante la Fiscalía, alias ‘El Mellizo’ Mejía, jefe máximo del bloque Vencedores de Arauca, afirmó que financió la campaña electoral del ex gobernador de Arauca con la condición de que una vez posicionado beneficiara los intereses de las estructuras paramilitares. La Fiscalía llamó a juicio al ex mandatario de Arauca por el homicidio de Juan Alejandro Plazas y reiteró la orden de captura pero las Organizaciones Sociales de Arauca esperan su detención.

Arauca en el mapa

El departamento de Arauca está ubicado entre la Cordillera Oriental colombiana y la República de Venezuela y después de décadas abandonado por el Estado, empezó a servir de refugio y colonización de familias desplazadas por la barbarie de la violencia después de l948. A partir de entonces, la falta de cobertura de las necesidades básicas obligó a la auto-organización de la población para darles solución. La primera expresión organizativa del pueblo sarareño fue la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COOAGROSARARE) nacida en 1963 como resultado de los primeros esfuerzos organizativos del campesinado en la región y respondía a la necesidad de resolver problemáticas concretas con el mercadeo de los productos agropecuarios y la educación de jóvenes y niños.

En 1972 tiene lugar el primer paro cívico del campesinado exigiendo medidas en salud, educación, vías y créditos para el campo por el cual resultan tres personas encarceladas bajo el delito de rebelión. Al año siguiente, tiene lugar el primer congreso campesino, pilar fundamental del naciente y futuro movimiento campesino en la región concretado en al creación de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC). En las décadas de los 70 y 80 aumenta la colonización del Sarare araucano dirigida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), aumentando la población y con ella las necesidades económicas y sociales. En el año 1982 tiene lugar el segundo Paro Cívico denunciando diez años de incumplimiento y abandono del Estado. En esta acción las peticiones centrales son la electrificación, vías, medios de comunicación, educación, salud y créditos.

Unas décadas después de organización, exigencias, acciones y represión estatal, el movimiento social se estructura principalmente en torno a las Organizaciones Sociales de Arauca integradas por los sectores campesino (Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, ADUC), indígena (Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas, ASCATIDAR), juvenil (Asociación de Jóvenes y Estudiantes Regional, ASOJER), obrero (Central Unitaria de Trabajadores, CUT), cívico y popular (Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, FEDEJUNTAS), de mujeres (Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, AMAR) y las empresas cooperativas y comunitarias como la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Arauca (ECAAAS).

1«Carta Petrolera», Ecopetrol, número 123, julio-septiembre de 2010. Ver: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera123/portada.htm

2 Estas seis compañías son Pacific Rubiales, Petrominerales Colombia, Hocol S.A., Rancho Hermoso S.S.-Canacol Energy, el Grupo C&C Energía (Barbados) y Vetra Exploración & Producción Colombia S.A.S., quienes compraron el 45% de la participación accionaria de la sociedad llamada Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A., donde el otro 55% pertenece a Ecopetrol.

3«Una estrategia macabra de Estado», Organizaciones Sociales de Arauca, agosto de 2008. Ver: http://www.organizacionessociales.org/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=61

5‘El Mellizo’ Mejía salpica a Julio Acosta Bernal, VerdadAbierta.com, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/1912-el-mellizo-mejia-salpica-a-julio-acosta-bernal


One Comment on “Seis personas detenidas y 17 más con órdenes de captura en Arauca”

  1. […] del país. Afirman que precisamente estas agresiones se han caracterizado por la ocurrencia de gran número de detenciones masivas y selectivas, especialmente desde el año 2002 hasta la fecha. Carlos Núñez (derecha, gorra blanca) durante la Asamblea Constitutiva de la […]


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