Lucha indígena en Arauca contra el despojo y por la permanencia en el territorio

Con el inicio de la colonización del departamento de Arauca dirigida por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) se da apertura a una serie de acciones que destierran y desalojna a los pueblos indígenas que se movían libremente en esta vasta región que les proporcionó espacios naturales para desarrollar sus rituales y oraciones encaminadas a mantener sus raíces culturales milenarias y ancestrales. Vastas extensiones de tierra fueron tituladas a los colonos obligando a los indígenas a ubicarse en territorios agrestes como el caso de la comunidad u’wa en las estribaciones de la cordillera oriental y a la sikuani que ocupó sabanas que no proporcionaban los recursos necesarios para su subsistencia.

En la década de los 80 se inicia la explotación petrolera que viene acompañada de un considerable aumento del pie de fuerza militar —que se convierte en el elemento más cercano a la presencia estatal ya que se esperaba inversión en educación, salud, vías o servicios públicos—. Al no satisfacerse las necesidades básicas se produce el segundo paro cívico para exigir el cumplimiento de compromisos pactados por el Gobierno desde el año 1972 cuando se originó el primer paro cívico de la región del sarare, según recuerda Adelso Gallo, miembro de las Organizaciones Sociales de Arauca. El santuario de flora y fauna más sagrado, representativo y espiritual, la laguna del río Lipa, fue declarada reserva forestal mediante el acuerdo 0028 de 1976 por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) y luego convertida en santuario de flora y fauna de Arauca. El mismo INDERENA levanta en el año 1983 las categorías anteriores y de esta manera la empresa OXY inicia la explotación del petróleo.

En los años 90 las naciones uw´a y sikuani se organizan de manera autónoma en el Consejo Regional Indígena de Arauca (CRIA) y ASOUW´A (Cubará-Boyacá), además en Cabildos y Autoridades tradicionales por cada comunidad. Esto les otorga representatividad institucional y gestión nacional e internacional, gestándose una etapa de resistencia mediante grandes movilizaciones y paros cívicos contra el despojo de sus territorios, olvido e invisibilización. En ese proceso de unidad se encuentra y acompaña con el sector campesino que ya desde la década del 60 adelantaba un proceso organizativo en la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE) y la Asociación Intendencial de Usuarios Campesinos (AIUC) (1980) hoy conocida como ADUC (Asociación Departamental de Usuarios Campesinos), según relata el ex presidente de ADUC, Pedro Camargo.

En 1988 se desarrolla la “jornada de mayo” cuya movilización indígena y campesina tenía el propósito de tomar el campo petrolero de Caño Limón explotado por la estadounidense OXY para denunciar las constantes intimidaciones a campesinos e indígenas para que abandonaran las tierras adyacentes al campo petrolero. Con esa acción reclamaban la soberanía energética y el respeto de las libertades y derechos de los habitantes de Arauca para evidenciar los abusos de autoridad por parte de las fuerzas militares en su afán de custodiar la infraestructura del campo petrolero. Esta movilización fue reprimida a sangre y fuego en el municipio de Arauquita donde resultaron heridos cuatro indígenas guahibos. Además la Fuerza Pública minó un largo trayecto de la vía para impedir el tránsito de los manifestantes.

Crisis social, ambiental y de derechos humanos

En agosto de 1998 la violación de los derechos humanos, la crisis social y ambiental dio paso a una nueva jornada cívica de protesta donde se denunció la existencia de la falsa cooperativa denominada Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Asociación de Servicios Comunitarios El Corral Ltda (1997). “El Corral”, que a sí se conocía, no tenía soporte legal por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y su oficina estaba ubicada frente a las instalaciones de la XVIII Brigada. Según la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, esta cooperativa asesinó a 45 personas en menos de dos meses. El paro esta vez no fue solamente de indígenas y campesinos, sino que contó con la solidaridad y participación de otros sectores sociales como los trabajadores sindicalizados y los jóvenes. En él se rechazó el paramilitarismo —impulsado por las transnacionales petroleras y el Gobierno con sus fuerzas militares, según la denuncia de las organizaciones sociales— y exige el pago de la deuda social producto de la explotación petrolera rechazada por el movimiento social de la época. El paro también denuncia los daños causados al ecosistema tal y como se señaló en la preaudiencia del Tribunal Permanente de Pueblos Indígenas en Arauca en abril de 2008: «El uso de explosivos y las fuertes detonaciones efectuadas en estas zonas de exploración y explotación petrolera ocasionan la muerte o la migración de un sinnúmero de especies animales, muchas de ellas útiles en la alimentación de las comunidades. La erosión en las zonas deforestadas degradan en gran medida las aguas receptoras al incrementar el nivel de turbiedad o la cantidad de sedimentos y elementos tóxicos ajenos a éstas». En esa misma preaudiencia sus particpantes sentenciaron que «si se continúa con la explotación petrolera, además de hacerse persistente el grave deterioro y contaminación del medio ambiente, se profundizará la deforestación y la degradación de otros recursos naturales y su capacidad para sostener el equilibrio ecológico de la región y del país; estos impactos negativos también implican la afectación de la salud de las poblaciones, su organización social y el rompimiento del tejido social de sus habitantes». El paro también reclama por la afectación a la cultura indígena guahiba, para lo cual se exige justicia y reparación y se pide condena por los crímenes atroces producto de la guerra sucia y el abuso militar.

Las movilizaciones también rechazan la explotación petrolera adelantada por la OXY en territorio u’wa en el denominado bloque Samore (Norte de Santander) y exigen la legalización del resguardo Unido u’wa. El Gobierno de Pastrana creó la comisión interinstitucional para realizar seguimiento a la situación de derechos humanos y explotación petrolera en territorio de los u’wa y mientras firmaba actas de acuerdo que nunca cumplió, incrementó la militarización —incluso con presencia militar estadounidense: “Boinas verdes de Estados Unidos en Arauca” en http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/txt/2002/1209boinas_verdes.html—y el paramilitarismo en la región.

Según el “Informe sobre derechos humanos” del equipo Nizkor en 2002 (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/arauca/cap1.html), ese fue una año difícil para el departamento en materia de violación de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. La violencia, que siempre ha estado presente, se incrementó. Así por ejemplo, en el municipio de Tame con algo más de 45.000 habitantes los homicidios se aumentaron un 67,44% en 2002, un 209% en 2001 y un 10% en 2000. En la capital del departamento se aumentaron en 45 los homicidios, pues se pasó de 101 durante el 2001 a 146 en el último año.

En lo que respecta a violaciones a los derechos humanos se tiene que en el 2001 se produjeron 22 hechos constitutivos de violación a estos derechos, mientras que en el 2002 se registraron 67 lo que supone un incremento del 304%. En este informe de Nizkor, se considera violaciones a los derechos humanos las cometidas por agentes del Estado o por particulares mediante su concurso, aquiescencia o permisividad.

Nizkor también señala que con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y su “política de seguridad democrática” aumentaron las violaciones a los derechos humanos, pues de 67 hechos constitutivos de violaciones 31 (46,26%) se presentaron en tan sólo cuatro meses y 23 días.

Resistencia indígena y guerra sucia

En ese contexto, se pone en marcha la exploración sísmica en Gibraltar por encima de la voluntad y decisión del pueblo u’wa de no permitir la explotación de petróleo en su territorio sagrado considerado como su madre tierra.

La resistencia de los pueblos indígenas continúa. En Gibraltar (Norte de Santander) y Cubará (Boyacá) se desarrolla la jornada de protesta más larga y contundente por la defensa de los territorios indígenas y en rechazo a la explotación petrolera. La jornada fue encabezada por los pueblos u’wa y guahibo y apoyada por el campesinado y otros miembros de organizaciones sociales y tuvo una duración aproximada de seis meses comprendidos entre el año 1999 y 2000. Esa movilización detuvo la explotación petrolera, paralizó el comercio y la producción agropecuaria, afirma Victor Chivaraquía, indígena de la organización Ascatidar.

Según el anterior informe de Nizkor, a comienzos del año 2002 arrecian las acciones de guerra sucia con la estrategia paramilitar, la cual fue reconocida por las comunidades como acciones encubiertas de las fuerzas militares y policiales. Esas acciones benefician, según la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, a las transnacionales petroleras al buscar acallar los miembros de organizaciones sociales y romper el tejido social. Esa estrategia se centra en los municipios de Tame y Arauca, ante lo cual diferentes organizaciones nuevamente se movilizan desarrollándose en febrero de 2002 un nuevo paro cívico para denunciar asesinatos, masacres, violaciones y desapariciones, crímenes recogidos en el informe de Nizkor. Según Adelso Gallo, «todos ellos con el propósito de desplazar a los campesinos e indígenas y dejar el territorio libre para la explotación de los recursos energéticos y la ejecución de los megaproyectos viales con miras al TLC».

Hecho sin precedentes

A principios del año 2011 se produce un hecho sin precedentes en el escenario regional: por primera vez los pueblos indígenas se movilizan en rechazo a la judicialización y captura de su máximo dirigente. El 25 de enero es detenido por fuerzas del Estado colombiano Ismael Uncasía, presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradiciones Indígenas de Arauca (ASCATIDAR), en una operación denominada “Desafío”. En el marco de la misma, el Estado priva de su libertad a la Secretaria de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Arauca, Verónica Solis, y al etnoeducador Alvaro Leal Toloza, entre otros miembros de organizaciones sociales. Para la judicialización de estas personas la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía, a través de su estructura de apoyo que funciona en la sede de la Brigada XVIII en Arauca, presentó como principal testigo de cargo la supuesta entrevista a la coordinadora de la Oficina de Asuntos Indígenas de Saravena, quien según el organismo investigador se había convertido en informante al servicio del Ejército y de la policía judicial desde el año 2003 y quien fuera asesinada en este municipio el 13 de agosto de 2010.

De inmediato las comunidades indígenas, con el respaldo del sector campesino, trabajador, joven, de mujeres y de comunidades desplazadas, entre otros sectores sociales del departamento, se movilizan en paro cívico desde el 3 hasta el 11 de febrero. Ese paro ocasionó una parálisis total en la región, especialmente en transporte de carga y pasajeros, centros educativos y comercio. También se afectó la actividad petrolera impidiendo el acceso a los campos de Banadías y el traslado de 40 camiones tractomulas que transportaban el crudo.

Esta movilización fue señalada por parte del gobernador del departamento, Luis Eduardo Ataya Arias, de estar infiltrada por las organizaciones insurgentes, a pesar de que la Defensoria del Pueblo-Seccional Arauca verificó que en los puntos de movilización y concentración se hallaban indígenas y campesinos de los diferentes municipios araucanos.

Luego de reuniones con delegados de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior y de Justicia, los pueblos indígenas u’wa y sikuani levantaron los bloqueos en las carreteras araucanas. La protesta continuó a través de una Asamblea Permanente durante otras tres semanas en las cuales tomaron las iglesias católicas de los municipios de Arauquita, Tame y Saravena para solicitar la intervención del clero ante el Estado para el cumplimiento de sus exigencias. Esa protesta culminó con un cabildo abierto el 4 de marzo después del cual las comunidades indígenas se retiraron a sus respectivos resguardos a fin de recuperarse física y espiritualmente y de prepararse para futuras acciones en defensa de su autonomía.


3 comentarios on “Lucha indígena en Arauca contra el despojo y por la permanencia en el territorio”

  1. Alvaro dice:

    Bien me gusta, sinceramente quede sorprendido en los parque de Arauca, como los indigenas estan en condiones de drogadicciíon y alcoholismo, que hacemos. me gustaria hacer algo pero no se que?

  2. San dice:

    Qué propone?

  3. elvira hernandez s dice:

    ES MUY TRISTE CONOCER LA HISTORIA DE NUESTROS ANCESTROS Y COMO LA VIOLENCIA HACE DE LAS SUYAS. RESCATEMOS NUESTROS INDÍGENAS UNIENDO FUERZAS.


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