La Corte Constitucional ordena la restitución de Las Pavas a las 123 familias campesinas de ASOCAB

Regreso de la comunidad a Las Pavas, 4 de abril de 2011. Foto: Fundación Chasquis

Un mes después de que la comunidad campesina de Las Pavas regresara por su propia iniciativa a la tierra de la que había sido desplazada por narcotraficantes, paramilitares y empresas palmeras, la Corte Constitucional ordenó la restitución de sus tierras.

La Corte ordena al Ministerio de Agricultura y al Gobierno que las normas en procesos agrarios respondan a los principios constitucionales y favorezcan a las poblaciones vulnerables y en situación de desplazamiento. Esta sentencia beneficia a las 123 familias campesinas de ASOCAB que el 4 de abril de 2011 regresaron a la Hacienda Las Pavas (El Peñón, sur de Bolívar).

Según Banessa Estrada, abogada de la comunidad y funcionaria del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, «es un buen fallo y es la sentencia que estábamos esperando, además de una oportunidad para que el INCODER dé aplicación a las normas agrarias desde una óptica constitucional, es decir a favor de las comunidades despojadas y desplazadas».

Regreso de la comunidad a Las Pavas, 4 de abril de 2011. Foto: Fundación Chasquis

La sentencia obliga a que se abra el proceso que ASOCAB inició en 2006 ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) para solicitar que declarase la Extinción de Dominio —en virtud del artículo 52 de la Ley 160 de 1994— sobre una extensión de tierra de 1.223 hectáreas a causa de su estado de abandono y que su propietario no ejercía actos de dominio ni de explotación económica mientras que las familias campesinas habían hecho posesión y habían puesto en producción gran parte de esta hacienda.

La Corte afirmó que las familias de ASOCAB no pueden ser desalojadas de la hacienda Las Pavas hasta que no se defina el proceso de extinción de dominio.

La historia de los desplazamientos en Las Pavas: narcotráfico, paramilitarismo y cultivo de palma aceitera

En el periodo de 1966 a 1969 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) adjudica diferentes baldíos en los municipios de El Peñón y San Martín de Loba (Bolívar). Son los predios conocidos como Las Pavas (el de mayor tamaño, 1.083 hectáreas), Peñaloza y Si Dios quiere que entre los tres suman 1.223 ha.

Cultivando tras el regreso de la comunidad a Las Pavas, 4 de abril de 2011. Foto: Fundación Chasquis

En 1983 y tras varias compraventas entre particulares estos predios quedaron en propiedad de Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. En 1992 las tierras dejaron de ser productivas y a finales de 1993 la finca quedó desierta. En esa época el Estado colombiano mató a Pablo Escobar y las casas de la finca Las Pavas —que fue visitada en diversas ocasiones por el Bloque de Búsqueda que perseguía al narcotraficante y allanada en 1984 tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla— fueron semidestruidas a raíz del saqueo y la búsqueda de dinero supuestamente escondido en ella fruto de los negocios de la venta y exportación de cocaína.

Abandonadas las tierras y manteniéndose improductivas, la comunidad campesina procedente del corregimiento Buenos Aires (municipio El Peñón, sur de Bolívar) entra en posesión del predio abandonado ante la falta de tierras para la producción agrícola y pecuaria. Esas personas entran de manera pacífica a ocupar y hacer productivas sus tierras ejerciendo mejoras en las mismas y preparándolas para el cultivo de arroz, yuca, maíz y ahuyama.

En 1996 el rumor de la presencia de grupos paramilitares pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cada vez era más insistente en las regiones aledañas. La comunidad explica cómo por el brazuelo del río Magdalena —caño conocido como Papayal— llegaron al caserío de Buenos Aires cinco chalupas repletas de hombres armados que se identificaron como paramilitares anunciando que iban a “limpiar” la zona. Lo que siguió después fue una oleada de asesinatos, descuartizamientos y desapariciones. Estos hombres se instalaron en el caserío de Papayal, a sólo 20 minutos de Buenos Aires.

Poco tiempo después de esta incursión paramilitar, Gustavo Sierra —quien ejercía como mayordomo de Escobar— reunió a los pobladores y junto al jefe paramilitar alias ‘El Rápido’ advirtió a las familias campesinas que: «si no dejaban de trabajar tierras ajenas los iban a matar, que mejor se fueran a los playones». Los campesinos se fueron a refugiar a Buenos Aires y pusieron la queja y las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, pero afirman que nunca hubo respuesta por parte de éstas.

Haciendo un pozo tras el regreso de la comunidad a Las Pavas, 4 de abril de 2011. Foto: Fundación Chasquis

Después de varios años, esas mismas familias organizadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) regresan en 1998 a estas tierras ya que continúan abandonadas. Así, retoman los cultivos de pancoger, siembran cacao y árboles maderables hasta que en el año 2003 los grupos paramilitares llegan nuevamente amenazando a la población y vuelven los asesinatos, las desapariciones, la quema de viviendas y el sacrificio de animales. De nuevo, y ante la falta de protección del Estado, estas familias campesinas vuelven a desplazarse de Las Pavas y deambulan por la región entre 2003 y 2006 en busca de mejores condiciones de vida y de otras alternativas laborales de subsistencia en medio del terror por el accionar paramilitar en la zona.

A causa de las difíciles condiciones de vida, estas familias deciden volver a ocupar pacífica y paulatinamente el predio a partir de 2006. En ese momento, ASOCAB inició trámites ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) para solicitar que declarase la Extinción de Dominio —en virtud del artículo 52 de la Ley 160 de 19941— sobre una extensión de tierra de 1.223 hectáreas a causa de su estado de abandono y que su propietario no ejercía actos de dominio ni de explotación económica mientras que las familias campesinas habían hecho posesión y habían puesto en producción gran parte de esta hacienda. La extinción del derecho de dominio privado a favor de la Nación sucede cuando el propietario de un predio rural ha dejado de ejercer sobre todo o parte del mismo la posesión durante tres años continuos y Escobar Fernández hacía unos diez años que no se acercaba por esas tierras. La Corte Constitucional obligó el 6 de mayo de 2011 que ese trámite de extinción de dominio que se encontraba parado se reabra.

Funcionarios del INCODER realizaron inspecciones en junio de 2006 y verificaron la explotación económica, regular y estable ejercida por parte de las familias organizadas en ASOCAB. Con base en estas inspecciones, la Unidad Nacional de Tierras (UNAT) mediante la la Resolución 1473 del 11 de noviembre de 2008 decide iniciar las diligencias administrativas tendientes a declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las Pavas (municipio El Peñón) y Peñaloza y Si Dios Quiere (municipio San Martín de Loba)2.

Las empresas palmeras

Un año después de la gestión y trámite ante el INCODER, Jesús Emilio Escobar Fernández vendió los predios en cuestión al Consorcio Labrador (empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A.). Ambas empresas están dedicadas al cultivo de palma aceitera en la región y están afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama es parte del Grupo Agroindustrial Daabon Organic propiedad de la familia Dávila Abondano que produce y exporta productos agrícolas como café, banano, azúcar y aceite de palma a Japón, Corea, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, entre otros países.

A comienzos de 2009, la comunidad campesina decidió darle un empujón a su actividad agrícola y consiguió un crédito para sembrar cacao y obtener así algunos ingresos económicos para subsanar sus necesidades, además de continuar con sus cultivos de pancoger.

El abogado que representa a las empresas palmeras se presentó en la vereda Las Pavas para comunicar a la comunidad campesina que pronto entrarían topógrafos, máquinas excavadoras y obreros a sembrar palma aceitera porque esos predios «ya tenían dueño». También dijo que no tenían por qué preocuparse dado que la empresa les reconocía sus mejoras y les aseguraba el desarrollo de un plan de vivienda. Mientras tanto, las máquinas preparaban el terreno, hacían drenajes con los cuales secaban y destruían las ciénagas donde el campesinado pescaba para su alimentación. Así, las mencionadas empresas palmeras tomaron de nuevo posesión de la casa de la hacienda y construyeron viveros para sembrar palma aceitera.

En enero de 2009, las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. iniciaron una querella para solicitar una acción policial de desalojo de las familias campesinas. Tras una serie de recursos judiciales el desalojo forzoso se hizo efectivo el 14 de julio del 2009. ASOCAB denuncia que la orden de desalojo fue dada de manera irregular ya que la ley colombiana (artículo 5, decreto 747 de 1992) prohíbe que se ordene el desalojo en predios que son objeto de procedimientos administrativos de extinción de dominio.

ASOCAB interpuso una acción de tutela y el juzgado Promiscuo de San Martín de Loba falló en su favor y revocó la orden de desalojo emitida por el inspector de El Peñón. El juez argumentó que la inspección violó el debido proceso al ordenar una acción de hecho sin tener en cuenta los antecedentes de las acciones jurídicas adelantadas por el campesinado. Las empresas impugnaron el fallo y el juzgado de segunda instancia revocó la decisión del juez y revivió la orden de desalojo. La Corte Constitucional ha declarado sin efecto las resoluciones que propiciaron el desalojo.

Amenazas y judicialización

Casi dos años después del último desalojo, la comunidad anunció públicamente que haría efectivo su derecho al retorno. Tras ese anuncio, la comunidad denunció la presencia de personas ajenas en el corregimiento de Buenos Aires «que vigilan constantemente a los líderes de ASOCAB» y la presión a ciertos miembros de ASOCAB por parte de integrantes del Consorcio Labrador, así como la quema por parte de desconocidos del salón comunal.

Una semana antes del regreso a Las Pavas, la Fiscalía 39 de San Martín de Loba (Bolívar) citó a diligencias de conciliación judicial a tres miembros de ASOCAB acusados del supuesto delito de invasión de tierras en grado de tentativa. El mismo 30 de marzo uno de ellos, Misael Payares, fue citado por un supuesto delito por calumnia denunciado por Mario Mármol, una persona que la comunidad reafirma que forma parte de las estructuras paramilitares que participaron en el desalojo de 2003 y que hoy en día sigue en la zona. Ambas denuncias están fundamentadas en la entrevista realizada el 14 de febrero en la emisora radial ‘La W’ en donde ASOCAB hizo explícito su derecho al retorno.

Litigio por Las Pavas y Plan de Choque

La finca de Las Pavas se encuentra en litigio jurídico por su posesión entre la ASOCAB y el Consorcio El Labrador —actual propietario de una parte de los predios cuyo objeto es la producción de palma aceitera— integrado por C.I. Tequendama (Grupo Daabon) y Aportes San Isidro S.A. Asimismo, la Corte Constitucional está considerando desde septiembre de 2009 el caso respecto al derecho de retorno y restitución de la población campesina, pero aún no ha producido un fallo.

Las familias de ASOCAB fueron incluidas por el Ministerio de Agricultura en el llamado Plan de Choque de restitución de tierras. El pasado 25 de marzo, funcionarios del Ministerio visitaron a la comunidad para informar de las medidas previstas para ASOCAB. La comunidad campesina desplazada denuncia y rechaza las pretensiones del Gobierno de «apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el Sur de Bolívar». La propuesta estatal implica un proceso de recuperación de baldíos de la Nación que no incluye la tierra reclamada de Las Pavas y un contrato de comodato entre el grupo empresarial Labrador y la comunidad para que el consorcio palmero ceda algunas de las tierras a las familias campesinas. ASOCAB asevera que «más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales».

Los resultados de un estudio de una comisión independiente de la empresa minorista de cosméticos The Body Shop y la ONG Christian Aid en junio 2010 sobre la producción de palma en la Isla Papayal y el desplazamiento de la comunidad de Las Pavas confirmó que la tierra no es apta para este tipo de cultivo por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente de la región y la cultura. El daño incluye la destrucción de los cauces de los ríos y lagos y la tala y la quema de los bosques de la comunidad, una zona protegida para la caza y la conservación de la fauna.
A principios de octubre de 2010, The Body Shop anunció que iba a dejar de comprar aceite de palma de Daabon. El 28 de octubre de 2010 Daabon anunció públicamente que pondría fin a sus operaciones de aceite de palma en Las Pavas pero hasta la fecha continua su trabajo allí y sigue como copropietario de los predios. A pesar de la evidencia documentada de la complicidad de Daabon en el desplazamiento y el daño ambiental a Las Pavas, la publicidad de la empresa palmera afirma que «aseguran que nuestras actividades sean social, económica y ambientalmente son sostenibles».

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1 El artículo 52 de la Ley 160 de 1994, relativo a la extinción de dominio sobre tierras incultas dispone en su artículo 52: «Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936, durante tres años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes».

2 En dicha resolución se indica: «De conformidad con las pruebas allegadas, se establece que los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere no han sido objeto de explotación económica por el titular del Dominio. (…) De los hechos establecidos a través de la visita previa se desprende que éste se encuentra ocupado por terceros desde hace más de 8 años aproximadamente que implantaron diversos cultivos en sus tierras. Actualmente existen 113 familias establecidas en estas tierras, sin reconocer dominio ajeno, en donde adelantan explotación económica en actividades agropecuarias».

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Un Comentario on “La Corte Constitucional ordena la restitución de Las Pavas a las 123 familias campesinas de ASOCAB”

  1. laureano monroy dice:

    Hola amigos comunicadores, gracias por la información enviada ¿ Podemos tomar alguna para publicar en EL VOCERO 25 ? Dandoles el crédito


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