VIDEO: Inseguridad en El Tamarindo (Atlántico) y amenaza de desalojo contra 110 familias desplazadas

En la finca El Tamarindo (ubicada en el corregimiento de Juan Mina en la vía que de Barranquilla conduce al municipio de Galapa, departamento del Atlántico), 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente a El Tamarindo y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos precios. Estas personas han promovido varios procesos de desalojo que, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se han caracterizado por extralimitaciones de la Fuerza Pública desconociendo las normas que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas.

En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a quienes allí habitan. La maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas matando a los animales y dejando personas heridas. Adicionalmente, las personas que se declaran dueñas de estos predios han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López, alias ‘La Gata’, que se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad en contra de sus miembros estando en la actualidad uno de ellos desplazado. En todo este proceso seis de los campesinos han sido amenazados de muerte.

Según informó el CSPP, el día 26 de abril hizo presencia en la finca El Tamarindo la Inspectora Quinta de Policía de Barranquilla, Berlys Roa, en compañía de efectivos de la Policía tanto del municipio de Galapa como de la Metropolitana de Barranquilla, así como agentes del ESMAD, carabineros y miembros del Ejército Nacional. La finalidad era hacer efectiva una diligencia de desalojo sobre una parte del predio de una extensión de 12 hectáreas en la que existían siete ranchos y vivían 15 familias cuya propiedad alegan las empresas Invermas y Abdala Saieh y Cia., actualmente intervenidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Sobre el predio que alegan la propiedad esas empresas y pretenden el desalojo pesa un proceso por extinción de dominio.

El asentamiento El Tamarindo está compuesto por un grupo de unas 110 familias provenientes de varios sitios de la costa Caribe. Inicialmente, este grupo de personas desplazadas recibió las ayudas temporales de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Una vez las ayudas se acabaron y a causa de las necesidades materiales, estas personas ocuparon pacíficamente la finca El Tamarindo en 2001 ya que la encontraron baldía y abandonada.

En ella se dedicaron a fabricar carbón de leña y a sembrar cultivos de yuca, maíz, arroz, patilla, melón, plátano, sorgo y a criar peces, gallinas, pavos y otros. La posesión de estos pobladores consta en los registros llevados a cabo por la Inspección Quinta Urbana de la Policía, Inspecciones de Reacciones Inmediatas, Comisaría General de la Policía, Comandante de Policía Departamental. Así mismo, en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Barranquilla y en la Procuraduría Regional de Barranquilla constan registros de este asentamiento.

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