Carlos Restrepo (ACEU): «Quiero saber si esta sociedad está dispuesta a acabar con lo que hasta ahora ha sido la educación y que deje de estar al servicio de la sociedad para acabar al servicio de las multinacionales»

Entrevista sobre la reforma de la Ley 30 concedida por Carlos Restrepo, representante nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios (ACEU) y estudiante de la Universidad del Cauca.

¿En qué consiste la ley 30?

Carlos Restrepo: La Ley 30 fue aprobada en el año 1992 y el Gobierno piensa en reformarla y cambiar todo el sistema de educación en Colombia. La Ley 30 definía cómo iba a ser la financiación de las universidades del Estado y cómo iba a ser el control de la calidad de todas las universidades públicas y privadas. La misma Ley definió el sistema de acreditación que en ese momento era voluntario mientras que las medidas de la nueva ley hacen que sea obligatorio. La Ley 30 definía cual era la composición del órgano máximo de las universidades, el Consejo Superior Universitario, donde se definían unos miembros del Gobierno nacional, unos representantes del sector productivo y otros de los estamentos universitarios como estudiantes y profesores. Creó el sistema de créditos ICETEX y todo el sistema de créditos en la educación que hoy ha hecho crisis en términos del pago de esas deudas. Éstas son algunas de las cuestiones más importantes, entre otras, de los elementos de regulación de la educación en Colombia.

 ¿Cuál es el balance general que ustedes hacen de la Ley 30?

CR: El movimiento estudiantil se opuso a la aprobación de la Ley 30 cuando se aprobó en 1992. Decía que las universidades públicas y privadas debían ser autónomas, pero definía unas cuestiones que eran violatorias de dicha autonomía como una presencia desmedida de miembros externos a la universidad en el Consejo Superior. Éste está compuesto por nueve personas: un representante del presidente de la República, otro del Ministerio de Educación, otro del gobernador o de una figura local o departamental dependiendo de dónde esté la universidad y otra figura es el representante del sector productivo. El Gobierno nacional siempre argumentaba que eran esas cuatro personas frente a cinco representantes universitarios, pero entre los universitarios está un representante del rector, otro de los ex alumnos, otro de las directivas académicas que en este caso serían los decanos, otro representante de los profesores y un representante de los estudiantes. Sucede muy comúnmente que el representante del rector o el de los ex alumnos son personas externas a la universidad y terminan dejándose llevar por intereses políticos del orden nacional o local conformando un bloque junto a estos miembros del Gobierno nacional y del sector productivo. Ex alumnos y representantes de rectores hacen que se pierda la autonomía universitaria y que estudiantes y maestros tengan muy poca incidencia en el órgano interno de la universidad.

¿Qué pasó después con la Ley 30?

CR: Con los años los estudiantes terminaron defendiendo la Ley 30 y su sistema de financiación porque los gobiernos de turno querían restarle o dirigir menos recursos a la educación superior de lo que definía la Ley 30. Nosotros decíamos: “Si eso ocurre en las universidades públicas hay que defender la Ley 30”. Sin embargo, ese esquema de financiación que defendíamos hizo crisis y ya no sirve porque las universidades han crecido en infraestructura, número de estudiantes, contratación de profesores, calidad académica… pues la calidad académica de las públicas sigue siendo superior a las privadas. En ese sentido, el esquema de financiación como está escrito en la Ley 30 simplemente incrementa el presupuesto de acuerdo con la inflación. Pero resulta que así como se incrementa el presupuesto con la inflación, también se incrementan los gastos de funcionamiento y adiciónele a eso los gastos en contratación de profesores, el crecimiento del número de estudiantes o el desarrollo de infraestructura. Entonces hay gastos adicionales y esos ya no los cubre la Ley 30 por lo que las universidades tienen que recurrir a recursos propios que no son suficientes.

Las universidades han tenido que empezar a vender servicios en desmedida y esto va más allá de sus capacidades y de sus gastos. Se desvirtúa el propósito de la universidad que es brindar educación con calidad puesto que se dedica a vender servicios para obtener los recursos que necesita para subsistir. La Ley 30 y todo su articulado es caduco y hay que cambiarlo. El problema es que la propuesta del Gobierno nacional, “la propuesta de nueva ley de educación”, es reformar la Ley 30 y eso es mucho peor porque lo que proponen es que esos nuevos recursos que necesita la universidad se busquen a través del sector privado.

El problema es que el sector privado tiene unos intereses muy particulares. Por ejemplo en un foro internacional que convocó la ministra de Educación hace unas semanas se presentó como un gran ejemplo de esos acuerdos entre la universidad pública y el sector privado un caso en Medellín. La cementera Argos de carácter multinacional tiene un convenio con todas las universidades de Medellín que consiste en que hacen una inversión y colocan los laboratorios. Cuando Argos quiere hacer una nueva mezcla de cemento contrata a unos estudiantes que pasan ese problema como tema de investigación y ésa es su tesis de grado. Un estudiante regular dirá que se ve beneficiado pues le pagan y se gradúa. El problema es que todo nuevo conocimiento que generan esos proyectos de investigación los patenta Argos, no los patentan los estudiantes ni la universidad. Esta empresa explota la patente de la generación de ese nuevo conocimiento y eso vale mucho dinero. Obviamente si la universidad tuviera recursos adicionales del Gobierno para que esa patente la pudieran explotar los propios estudiantes que generaron ese conocimiento o la misma universidad se beneficiarían los mismos estudiantes o la universidad.

¿Por qué buscar que el sector privado se beneficie cuando el mismo Estado puede hacerlo en retroalimentación de la misma sociedad, de los mismos estudiantes o de la universidad? La lógica es que siempre que haya inversión privada va a haber unos intereses particulares de esos inversionistas por sacar un lucro que subordina el objetivo de las universidades que es generar conocimiento en beneficio de la sociedad en general.

¿Qué propuestas alternas tienen frente a la Ley 30?

CR: El movimiento de los profesores tiene un articulado alternativo. El sistema universitario estatal que es el que recoge a todos los rectores de las universidades públicas han hecho unos estudios sobre cuál debe ser el incremento que necesitan las universidades hoy para funcionar. Ellos calculaban que en promedio eran más o menos 500.000 millones de pesos. Nosotros no proponemos un incremento desmedido del presupuesto de las universidades; de acuerdo con los estudios que han hecho los rectores y el sindicato de profesores universitarios, proponemos que: 1) para financiación haya un incremento de acuerdo a esos estudios; 2) debe haber un cambio en la estructura del gobierno universitario donde se incrementen los miembros universitarios en el Consejo Superior y se disminuya la presencia de miembros externos a la universidad; 3) haya un incremento en los recursos para bienestar universitario y que, como el mismo Gobierno ha dicho, sea para garantizar que los estudiantes puedan terminar sus carreras porque obviamente cuando los estudiantes no terminan sus carreras es una inversión que ha hecho el Estado que se pierde; y 4) haya un debate sobre hacia dónde debe orientarse la investigación en este país y que sea a resolver las necesidades de la sociedad; muchos sectores tienen necesidades por ejemplo en todo este tema del invierno, entonces cómo se pone la universidad en función de resolver todos estos problemas o de muchos que tiene la sociedad.

Nosotros hemos escogido una posición propositiva y creemos que eso está en construcción. Existen muchas ideas que pueden darse desde las universidades.

¿Qué posibilidades hay de lograr revertir esas medidas del Gobierno o de que el Gobierno escuche al sector estudiantil y docente y aquellos vinculados con la educación y las universidades?

CR: El Gobierno nacional dice estar en una actitud de diálogo, ha hecho unos foros. Nosotros hemos planteado algunos puntos del debate, pero el Gobierno conceptualmente quiere cambiar todo ese modelo de educación que se ha tenido hasta ahora porque en este momento está metido en unas negociaciones de un tratado de libre comercio y de acuerdos internacionales que lo obligan a cambiar esa concepción. En países como Estados Unidos, Corea o Chile el Estado no invierte en la educación, sino que es vista como un mercado que debe entregarse a la inversión privada. Entonces, cuando usted está negociando un tratado de libre comercio, la lógica es una negociación en donde la educación debe abrirse a la inversión privada. Nosotros hemos tenido acceso a los documentos en donde claramente se plantea que la educación es vista como un mercado de explotación privada. El Gobierno se halla comprometido con esos intereses de cambiar la educación y convertirla en una mercancía y está proponiendo que se creen universidades con ánimo de lucro, es decir que usted pueda construir una universidad y convertirla en una sociedad anónima. Esta junta directiva de una universidad con ánimo de lucro podría decidir que si el mercado de estudiantes de una carrera determinada está decreciendo, entonces ese programa hay que cerrarlo. Ya no se pensarían los programas académicos para resolver los problemas de la sociedad sino dependiendo del número de estudiantes que haya y qué tan lucrativo es ese mercado.

El Gobierno está muy comprometido con esos acuerdos y muy cerrado a modificar esta posición. Para evitar esto es necesario explicarle a la sociedad porque muchas personas no tenían claro que este Gobierno iba a cambiar la concepción de lo que es la educación superior en Colombia. Yo quiero saber si esta sociedad está dispuesta a acabar con lo que hasta ahora ha sido la educación y deje de estar al servicio de la sociedad para acabar al servicio de las multinacionales. En ese sentido deben unirse muchos sectores de la sociedad colombiana y debe unirse todo el movimiento universitario para decirle al Gobierno: “Nosotros no estamos de acuerdo con ese cambio”. Eso es lo que estamos promoviendo en estos momentos, estamos llamando a que otros sectores se unan al movimiento universitario. Hemos logrado pronunciamientos desde el sector educativo básico, por ejemplo estudiantes, maestras y maestros.

¿Desde cuándo vienen trabajando?

CR: Esto arrancó este semestre que fue cuando Santos hizo la presentación de la nueva Ley. Nosotros venimos luchando desde el año 92 y desde muchos años atrás por una educación distinta al servicio de la sociedad. Esto se generó este semestre en las universidades públicas y también en las privadas y estudiantes de ambas universidades se han movilizado porque entienden que si se crean universidades con ánimo de lucro, ¿cómo van a competir las universidades privadas o públicas con esas universidades con ánimo de lucro? O sea, no hay igualdad de competencia.

¿Las universidades privadas no son con ánimo de lucro?

CR: Las universidades privadas según la ley deben constituirse como fundaciones sin ánimo de lucro que prestan un servicio, en ese sentido su objetivo no es generar un margen de utilidades ni ganancias. Ellas lo que deben hacer es invertir en la universidad en lo pedagógico y la infraestructura, su objetivo y el objetivo de los socios no es lucrarse, sino prestar un servicio. Las matrículas son altas pero se ve la inversión en la universidad y en los procesos académicos. Es muy complicado demostrar que ellas no se lucran y que no le saquen algo, pero legalmente eso no es permitido. Con la reforma a la Ley 30 cualquier empresa, y no una fundación ni corporación, se puede conformar con el objetivo de lucrarse. El cambio que el Gobierno le quiere hacer a la ley es hacer eso posible. El objetivo de las universidades con ánimo de lucro es que lo educativo y el objetivo de enseñar desaparecen y entraría a ser prioritaria la ganancia, generar utilidades para los socios de esa empresa.

¿Qué otras consecuencias vendrán para las públicas y para las privadas?

CR: La intromisión del Gobierno en las universidades públicas también ocurrirá en las universidades privadas. Y todos los problemas que se han creado con los préstamos del ICETEX que muchos estudiantes ya no los pueden pagar y muchos de ellos están en universidades privadas.

¿Cuál ha sido la respuesta del sector estudiantil de las privadas?

CR: Hoy hay estudiantes de universidades privadas que están junto a nosotros en este proceso de decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con su política educativa. Necesitamos que otros sectores de la sociedad tomen conciencia y podamos decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con esa política que está proponiendo.



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