El Concejo de Bogotá rechaza la venta de la ETB

Trabajadores de ETB esperando la salida de Fernando Carrizosa, presidente de la junta Directiva de ETB, frente al Concejo de Bogotá, 17 de junio de 2011. (Foto Archivo Notiagen)

Los 15 miembros de la Comisión de Gobierno del Concejo Distrital rechazaron por unanimidad la venta de las acciones de la ETB

Carolina Ibáñez

Cuando parecía que la única fórmula para proteger el patrimonio público y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) era la venta de todas o parte de las acciones propiedad del Distrito, los 15 miembros de la Comisión de Gobierno del Concejo Distrital rechazaron por unanimidad la venta del 86,6% de las acciones que tiene en la ETB.

El lunes 25 de julio de 2011, la Comisión de Gobierno respaldó las ponencias negativas a la venta de la ETB presentadas por Andrés Felipe Arbeláez (Mira) —quien actuaba como ponente coordinador—, Edward Arias Rubio (Partido Verde) y Laureano Alexi García (Polo Democrático Alternativo). Las ponencias, que se acabaron fusionando en una sola para la votación, criticaron que el único documento utilizado para motivar la venta es un informe confidencial de la banca de inversión Santander Investment en 2009 que le costó a ETB más de 2.484 millones de pesos con el objetivo de identificar opciones estratégicas y financieras de consecución de recursos para la empresa. Sin embargo, la banca de inversión presentó solamente una opción que tampoco ha cuajado: vincular un socio estratégico.

Al respecto, la alcaldesa designada para Bogotá, Clara López (PDA), expresó: «Quiero anunciarles que se han iniciado conversaciones con UNE de Medellín y con grandes compañías estatales extranjeras para realizar alianzas estratégicas. Estas alianzas se podrán realizar sin modificar el carácter público de la ETB, fomentarán el éxito de la empresa y contribuirán a garantizar la estabilidad y crecimiento de sus ingresos y sus utilidades». En su ponencia, Edward Arias Rubio, sostiene que UNE —la empresa propiedad de Empresas Públicas de Medellín conformada como una sociedad anónima por acciones que presta servicios de telecomunicaciones— «es la empresa más opcionada para realizar una alianza estratégica que le permita a ETB expandirse y no sólo ser competitiva en el mercado de Bogotá, sino llegar con sus servicios a todo el país».

Las ponencias presentadas

Andrés Felipe Arbeláez, coordinador ponente, cuestionó la legalidad del procedimiento para la presentación del Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 por parte de la alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas Michelsen, ya que ésta no es del partido con el que el suspendido Samuel Moreno llegó a la alcaldía de Bogotá. De la misma manera, se refirió a la Ley 136 de 1994 que obliga a que quien ejerza la alcaldía —en este caso, Clara López, designada por el Decreto 2035 de 2011— adelante su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular inscrito ante la Registraduría Nacional: el que fuera presentado por Moreno excluye literalmente las privatizaciones.

Arbeláez explica que han sucedido irregularidades frente al reglamento interno del Concejo de Bogotá regulado por el Acuerdo 348 de 2008. Detalla que estas anomalías tienen relación con el artículo 15 referente a la instalación de sesiones ordinarias y extraordinarias, el artículo 44 sobre las sesiones extraordinarias o el 67 relacionado con la radicación. Por ejemplo, la presidenta del Concejo, María Victoria Vargas, «señaló el levantamiento de la sesión [del día 9 de junio de 2011], mas no la clausura, originándose una irregularidad que demuestra el desconocimiento del reglamento». Arbeláez expresa en su ponencia que la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 de junio para realizar el sorteo del Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 —que definió la competencia de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno para tramitarlo y realizó los sorteos correspondientes para la elección de los ponentes— omitió «una vez más el procedimiento regular establecido por el reglamento, que demanda en primer lugar, instalar la sesión, entonando el Himno Nacional y el del Distrito Capital».

En el mismo sentido de las inconsistencias en la forma de la presentación del proyecto, el concejal Fernando Rojas (PDA) alertó sobre la ilegalidad en el trámite por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 190 de 2010 que regula el procedimiento para las relaciones político-normativas entre el Concejo y la administración de la ciudad. Rojas también planteó públicamente que si los concejales otorgaban ponencia positiva al proyecto los acusaría de prevaricato porque el trámite no se había ceñido al decreto citado. Incluso, cuatro secretarios distritales confesaron que habían recibido la presentación de un anteproyecto y que no habían firmado el visto bueno del Proyecto de Acuerdo 172 de 2011. La insistencia del concejal Rojas y de parte de la bancada del PDA en denunciar las irregularidades jurídicas y formales del proceso fue determinante para que el Concejo valorara, además de las cuestiones técnicas y financieras, el alcance social de la ETB en el apoyo presupuestal a la Universidad Distrital y en el acceso a la cobertura tecnológica de la población que vive en los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá.

Quejas con la dirección

Arbeláez se pregunta: «¿Cuál es uno de nuestros reparos al estado actual de la ETB?». Responde sin rodeos: «La ideología presente en el direccionamiento de la empresa. Para nadie es un secreto que el presidente en ejercicio de la empresa [Fernando Carrizosa], desde hace muchos [años] atrás ha mostrado su favoritismo frente a la venta de las acciones de nuestro operador público de telecomunicaciones». Un pie de página de su ponencia señala que «así lo reconoció recientemente en el curso de un debate de control político en el Concejo de Bogotá, hace un par de meses». Además, Arbeláez insiste: «Creemos razonablemente que ni la administración distrital ni la junta directiva han debido respaldar la designación del presidente actual, si lo querido por ellas hubiera sido el sostenimiento y mejoramiento de la ETB».

Laureano García también tiene palabras para la dirección de ETB en su ponencia: «La junta directiva y la presidencia de ETB tienen responsabilidad en el estado actual de la empresa ya que priorizaron durante más de 2 años la privatización de la ETB descuidando tareas fundamentales para sacarla adelante; fracasaron en su empeño por vincular un socio estratégico, gastando más de 2.848 millones de pesos en la consultoría; la desmantelaron a través de un Plan de Retiro Voluntario de más de 767 trabajadores para darle paso a la tercerización que le costó 113.000 millones de pesos; la llevaron del primer al tercer lugar en banda ancha; condujeron a una baja ejecución de la inversión de la empresa y permiten retrasos en la ejecución del cuestionado plan estratégico corporativo de la empresa; la mantienen con alto nivel de peticiones, quejas y reclamos; por la baja en la calidad del servicio obligan al retiro de miles de usuarios; una altísima concentración de la contratación en unos pocos contratistas, etc. sólo para mencionar algunos efectos negativos de las acciones de la dirección de la empresa».

¿Venta de ETB?

El concejal Arbeláez cree que ETB merece una oportunidad por haberse mantenido durante más de 125 años en el mercado de las telecomunicaciones que en las últimas décadas ha presentado «dinámicas sumamente agresivas, cambiantes y de difícil aprehensión para el sector público». Destaca que el Concejo «debe hacer un ejercicio objetivo e intentar poner la mira de los acontecimientos en su justa medida, para tomar una decisión acertada». El coordinador ponente concluye: «El Distrito Capital debe seguir como socio mayoritario de la empresa, no obstante debe capitalizarse y fortalecerse estratégicamente, sin perder el control de la misma». En este proceso, Arbeláez opina que las acciones de los socios o aliados estratégicos deben pasar de ordinarias a preferenciales y que las acciones del Distrito Capital no tengan derecho a voto y sólo reciban la liquidez de la actividad empresarial.

El secretario de Hacienda, Héctor Zambrano, sostuvo que ETB se puede fortalecer con endeudamiento, créditos, emisión de acciones, venta de activos improductivos y alianzas estratégicas. En el campo internacional, afirmó que hay fondos especializados de inversión interesados en aportar capital, «sin que eso implique venta de acciones».

Edward Arias Rubio, otro de los ponentes, sostiene: «La administración cuenta en la actualidad con una herramienta jurídica para enajenar las acciones que tiene en la ETB. Considero que proponer un Proyecto de Acuerdo en este sentido es desgastar tanto al Concejo de Bogotá como a la administración distrital, la cual no ha llegado a un consenso en cuanto a la venta de dicha empresa». Se refiere al Acuerdo 7 de 1998 que autorizaba la enajenación de acciones y afirma que hay que darle aplicación. En cambio, Laureano García, señala en su ponencia que, «para él, el Acuerdo 7 de 1998 perdió vigencia y se canceló mediante los Decretos 787 de 199 y 792 de 2000».

Para Laureano García, la ETB es rentable y lo seguirá siendo y en ese sentido afirma: «Es inaceptable que Bogotá se margine de los beneficios sociales y rentabilidad económica que genera, entregando la ETB para que inversionistas privados se enriquezcan a costa de los ciudadanos. La ETB tiene que seguir como empresa del Estado, debe aprovechar las fortalezas que tiene, superar las dificultades, no volver a cometer errores, para de esta manera aportar al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Con resultados e indicadores tan favorables en el 2010, no hay razón para vender la empresa; hay que mejorarlos y si se requiere recursos económicos para enfrentar la competencia, hay que buscarlos».



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