La Segunda Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar da a conocer las conclusiones del recorrido por la región.

Participantes de la II caravana en la rueda de prensa

 

En rueda de prensa ofrecida por las organizaciones participantes de la II Caravana Internacional que marchó por el Sur de Bolívar, se conocieron las conclusiones del recorrido que hicieron por la región entre el 4 y el 12 de agosto.

Un informe presentado por los caravanistas que recorrieron el Sur de Bolívar señaló que su recorrido se hizo por las poblaciones de Aguachica (departamento de Cesar) y por municipios y corregimientos del Sur de Bolívar: Río Viejo, Buenos Aires, Las Pavas, Caimital, El Hatillo, Puerto Rico, El Antojo, Cobadillo, La Garita, Buena Vista, San Rafael, Caño Hondo, Micoahumado, La Arcadia, Simoita, Canelos, Puerto Gaitán, Mina Gallo, Mina Caribe, Mina Viejito, San Pedro Frío, Norosí, Arenal y Tiquisio. Estos lugares corresponden a tres zonales definidos desde un principio por la Caravana: El Oso, Alejandro Uribe y Orlando Caamaño (sobre el origen de los zonales, véase artículo sobre la Caravana publicado el pasado 9 de agosto de 2011).

Pancarta alusiva a la II caravana internacional

En la Caravana participaron 40 personas de distintas nacionalidades: españolas, canadienses, francesas, inglesas, japonesas, estadounidenses y colombianas.

El informe explica que el Estado colombiano no cumple sus obligaciones de garantizar la subsistencia de la comunidad y que ante eso, las mismas poblaciones se han organizado para para resolver sus necesidades básicas, es decir, salud, educación, vivienda, y demás condiciones fundamentales para tener una vida digna, por ejemplo, proveerse de agua potable, que es inexistente en la región.

Señala el informe que derechos como la sanidad y la educación no sólo no están garantizados sino que es difícil acceder a ellos, pues son casi inexistentes las vías de comunicación; esta carencia impide también el desarrollo económico de la región y genera un encarecimiento de los productos en los comercios locales.

Añade que las estrategias gubernamentales en materia económica no se encaminan a beneficiar a quienes habitan el Sur de Bolívar y que están sufriendo el abandono estatal. Dichas estrategias, por el contrario, usurpan, según el informe, los recursos naturales irrespetando el medio ambiente; pruebas de ello son la presencia de transnacionales que cultivan palma para agrocombustibles y las concesiones para las explotaciones mineras, que además de poner en peligro el equilibrio ambiental, afectan los procesos productivos de la población.

Al respecto, la Caravana resalta que las comunidades adelantan experiencias productivas con algún grado de tecnificación y con posibilidades de comercialización en el territorio. Explica además que estas experiencias se orientan a garantizar la soberanía alimentaria, pues producen alimentos en la misma región y apuntan a la sostenibilidad del medio ambiente.

Frente al tema del conflicto armado, las personas que integraron la Caravana y las organizaciones impulsoras explican que la presencia del Ejército, los paramilitares y la insurgencia y sus constantes enfrentamientos le confieren al territorio unas características especiales, pues esas circunstancias se mantienen en el subconsciente colectivo, lo que afecta la vida cotidiana en la región.

El Ejército patrulla la zona pero siguen los asesinatos de los grupos paramilitares. Foto : D. Fellous/Libre arbitre

A los testimonios recogidos durante el recorrido sobre asesinatos y desapariciones, el informe agrega el de una masacre ocurrida el 17 de agosto, días después de finalizar la Caravana. En el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo, los paramilitares asesinaron a 3 pobladores en horas de la noche; en la rueda de prensa se explicó que dichos grupos paramilitares, que hacen presencia en la región, actúan al servicio de intereses económicos de transnacionales mineras, de palma aceitera y del narcotráfico.

Notiagén supo además, por información aparecida en el periódico Vanguardia Liberal, que el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez denunció otra masacre en la región, sucedida el 13 de agosto (Vanguardia Liberal, 19 de agosto. Véase además noticia en este blog, el 20 de agosto de 2011).

En la rueda de prensa se denunció que la violencia de los paramilitares ocurrida hace más de diez años tiene el mismo patrón de conducta de los crímenes cometidos en la actualidad y que busca al igual que en el pasado aterrorizar a la población para obligarla a abandonar el territorio o aceptar cualquier imposición.

El Ejército hace presencia en los poblados pero igual siguen las masacres de los paramilitares. Foto: Redher

Las conclusiones de quienes participaron en la Caravana internacional por el sur de Bolívar, señalan un nuevo problema: se refiere a la forma en que se muestran a la luz pública las acciones de violencia cometidas por las llamadas Bandas Criminales (o Bacrim). Dicen en su informe a la prensa que las informaciones oficiales presentan las acciones de estas bandas sin ninguna conexión con el Estado, pues el gobierno de Juan Manuel Santos tiene el discurso de perseguir a las “bandas organizadas”; pero las evidencias y los testimonios recogidos durante los días de la Caravana dan cuenta de la posible coordinación del paramilitarismo con la Fuerza Pública, lo que genera mayor desprotección para representantes, voceros y demás personas de las comunidades.

Frente al despojo y a los impactos ambientales, los y las caravanistas concluyeron que existe una estrategia en la región basada en un modelo económico en el que las empresas trasnacionales explotan en forma masiva los recursos naturales; modelo que no sólo despojaría a las comunidades, sino que además destruiría las prácticas productivas y el modelo de vida tradicional del campesinado y de las personas dedicadas a la pequeña minería.

Bandera de Fedeagromisbol

Denuncian que el Estado colombiano está modificando normas sobre la minería para expulsar a los pequeños grupos de minería tradicional, a que obliga a cumplir la misma normatividad que las transnacionales, a pesar de estar en desventaja económica. Señalan que el mismo Estado viene imposibilitando al campesinado el acceso a la tierra, mientras impulsa iniciativas como el Parque Natural Nacional, situación denunciada por las comunidades pues contraría sus propuestas de vida y desarrollo.

También explican que las multinacionales contribuyen a generar desplazamiento y desalojo de las poblaciones, para colocarlas al servicio de los monocultivos, como ocurre en la Hacienda Las Pavas, ubicada en la Isla de Papayal, en donde empresas como la multinacional samaria Daabon han sido la piedra en el zapato de las 123 familias desplazadas en varias ocasiones por paramilitares y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); además, el territorio pertenece legalmente a la empresa palmera Aportes San Isidro. Dichos monocultivos vienen afectando las fuentes de abastecimiento de alimentación como las ciénagas, ríos, quebradas y demás zonas de pesca. El informe a la prensa señala que todas estas situaciones producen crisis humanitaria en la región y afecciones al medio ambiente.

Finalmente, en la rueda de prensa se dijo que la violencia sigue siendo una herramienta que articula la relación entre grupos paramilitares y empresas transnacionales, con colaboración de la Fuerza pública.



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