Movilización en Colombia en defensa del derecho a la educación

Estudiantes y educadores encabezan hoy marchas en Colombia en contra de las medidas gubernamentales que afectan el derecho a la educación.

El día 7 de septiembre de 2011, en varias ciudades colombianas, desde la Guajira hasta Nariño, pasando por Antioquia y los Llanos Orientales, el estudiantado de las universidades públicas y de algunas privadas, de colegios de secundaria, maestras y maestros de todo el país y otros sectores de la sociedad sensibles a la misma problemática educativa se expresarán por las calles en defensa del derecho a la educación.

En particular, señalan quienes organizan la marcha que la educación es cada día más una posibilidad sólo para las personas que pueden pagar por ella, pues las medidas privatizadoras que vienen desde hace varios años y que hoy alienta el gobierno de Juan Manuel Santos la convierten cada vez más en una mercancía y le quitan la condición de derecho humano fundamental.

La convocatoria está en manos de la Federación Colombiana de Educadores, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios y demás organizaciones que pertenecen a lo que se conoce como Multiestamentaria y que reúne varias organizaciones sociales del país. También la impulsa la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) en la que convergen la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, el proceso Nacional Identidad Estudiantil, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), otras 32 expresiones de universidades públicas y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Se suma a esta actividad más de la mitad de las 48 universidades privadas del país. También estarán presentes el Movimiento Estudiantil de Secundaria Anonimxs; Pizarrón Rebelde, Andes, la Coordinadora Distrital de Secundaria y otras organizaciones de estudiantes de secundaria.

La voz de la MANE

Explica la Mesa Amplia Nacional Estudiantil la exigencia por un Programa Mínimo: esta propuesta consta de 6 ejes que plasman los requerimientos para el avance de la educación superior en Colombia. Estos son: financiación del derecho a la educación, autonomía y la democracia universitarias, calidad académica, bienestar universitario, libertades democráticas y la relación universidad – sociedad.

Estos ejes surgieron de reuniones adelantadas por estudiantes los días 20 y 21 de agosto en la Universidad distrital en la ciudad de Bogotá. Entre sus principales objetivos están el rechazo integral y el hundimiento de la propuesta de Nueva Ley de Educación Superior, que el gobierno impulsa como modificación a la actual ley 30 de 1992; la construcción de una propuesta alternativa de universidad, el fortalecimiento del movimiento estudiantil y el desarrollo de un Paro Nacional Universitario. Todos son componentes principales de la agenda de movilización.

El estudiantado ha explicado que saldrá a la movilización del 7 de septiembre junto a maestros y padres de familia para rechazar la ausencia de financiación adecuada de la universidad pública, los créditos usureros y las matriculas impagables, la negación de la autonomía y la democracia universitarias, el desmonte de los sistemas de bienestar universitario, la militarización de los campus universitarios, como ocurre en la Universidad Industrial de Santander (UIS) o en la de Antioquia; la violación a las libertades democráticas y el irrespeto a los derechos humanos, la toma del sistema educativo nacional por las multinacionales y por universidades corporativas.

Explica el Mane que estos siguen siendo los problemas estructurales de la educación superior en Colombia y que la mentada ley del presidente Santos, antes que resolverlos, por el contrario, los agrava. Subraya que la movilización por el derecho a la educación en Colombia hace parte de una agenda más amplia que el estudiantado viene construyendo y que obedece al llamado Programa Mínimo. Dicha agenda comienza con esta gran jornada nacional por la educación. El próximo 6 de octubre emprenderá la Consulta Nacional Universitaria, que persigue un masivo pronunciamiento de la comunidad universitaria en contra de las pretensiones gubernamentales. El 12 del mismo mes llama a un cese de actividades académicas de 48 horas, en las que espera que se llenen las calles con el conjunto del movimiento social y popular colombiano.

La Mesa ratifica la convocatoria del Escenario Nacional Programático, en el que se espera la participación de sectores sociales y políticos de ámbitos distintos a los universitarios. La tarea es preparar el Paro Nacional Universitario. El compromiso, según explica, es construir una propuesta de educación alternativa, inspirada en el Programa Mínimo, y cambiar las bases de la actual política de educación superior.

Boris Duarte, de Identidad Estudiantil, organización que hace parte de la Mane, señala que existen dos objetivos fundamentales de la movilización de los estudiantes: el rechazo rotundo y el hundimiento de la propuesta de nueva Ley de Educación Superior y la exigencia de garantías y espacios para la construcción democrática de una propuesta alternativa de educación superior, que el gobierno actual no ha permitido. Juan Manual Santos, dice, no ofrece garantías en este sentido, pues aunque hace ofrecimientos sólo utiliza las mesas y espacios de discusión como escenarios para legitimar ante el país su propuesta de reforma a la educación superior, sin que en la práctica tenga en cuenta las propuestas de los estudiantes, los maestros y rectores.

El estudiantado explica que un punto fundamental de desacuerdo con la ley es el de las universidades con ánimo de lucro. El gobierno decidió sacarlo de la propuesta de la Ley. En la actualidad en Colombia las universidades públicas y privadas, por Ley, no pueden tener ánimo de lucro. Todo el dinero que ingresa por matrículas o proyectos deben invertirlo en la misma institución. El hecho de que ingresaran recursos de particulares y extranjeros abría la puerta para que las ganancias se quedaran en manos de los inversionistas. Sin embargo, la comunidad educativa considera que hay gato encerrado y que el gobierno está buscando introducir dineros privados. La sospecha existe pues la normatividad de la ley no se ha clarificado y el gobierno ya acordó aspectos en este sentido en el Tratado de Libre Comercio, que actualmente está en la perspectiva de ratificarse. A esto se agrega que la Ministra de Educación María Fernanda Campo siempre ha defendido ese punto del proyecto de ley.

Según explica Carlos Restrepo, de la Aceu, los estudiantes quieren ver cómo quedará el articulado final de la propuesta del gobierno, pues aunque dijo que retiraba del proyecto de ley lo concerniente al tema de ánimo de lucro, puede volverse a introducir en el articulado. La inquietud proviene del hecho de que «dicho artículo está contenido en el Capítulo XI relativo al Comercio de Servicios Transfronterizos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Colombia, pese a haber incorporado un anexo que le permite mantener o adoptar medidas que protejan éste sector, más bien ha dado muestras de querer incluirlo de manera integral como una mercancía más en el acuerdo que el Congreso de ese país se encuentra próximo a ratificar», como lo registra la declaración de la reunión en la Universidad Distrital, el 20 y 21 de agosto.

Otra inquietud que induce a movilizarse es el de la financiación. El gobierno dice que habrá un aumento del dinero del 3% de recursos adicionales para las universidades. Los estudiantes, maestros y rectores consideran que ese porcentaje es insuficiente y añaden que lo apropiado es un 9%. Saben que el gobierno no aceptaría y consideran que podría haber una negociación hasta el 5% del aumento del presupuesto para las universidades. Por ejemplo, dice el integrante de la Aceu, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, ha recalcado que no es suficiente lo que propone el gobierno.

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) señaló en el documento final del 20 y 21 de agosto:

«Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las universidades públicas».

Otras exigencias del estudiantado son el congelamiento de matrículas, la desmilitarización de campus universitario, garantías del reconocimiento de los procesos organizativos dentro de las universidades por parte del gobierno, ampliación de la planta docente y elección democrática de los cuerpos colegiados y proponen «generar un documento en contra de todas las formas de militarización de las universidades, que empiece a contener elementos del programa de la defensa de las libertades democráticas».



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