El convenio entre la minera AngloGold Ashanti y la Universidad de Caldas es cuestionado en un seminario internacional sobre la gran minería en Manizales

Desde la actividad científica, la presión política y la movilización social se declaró en dicho seminario realizado en la ciudad de Manizales la “megarresistencia frente a la megaminería”.

El establecimiento de la actividad minera a gran escala y a cielo abierto como política económica central para impulsar el desarrollo económico del país fue el eje central de discusiones, ponencias y disertaciones los pasados días 5, 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Manizales (capital del departamento de Caldas) durante el «Seminario Internacional, Ciencia, Avances y Perspectivas frente a la Megaminería» organizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas.

En este evento de carácter académico, político y social se reunieron personas de los gremios académico, investigador (nacional e internacional), campesino, minero, indígena y social. Su pretensión era compartir investigaciones, hallazgos, experiencias, sentimientos, dolores y denuncias de la actividad de la megaminería en Colombia y algunos países de Latinoamérica y sus impactos en múltiples dimensiones de tipo ambiental, político, económico, social, ecológico y cultural.

El Centro de Estudios Kumanday (CEK) de la ciudad de Manizales —grupo de trabajo conformado por diferentes personas que gira en torno a lo ambiental y participante activo en dicho evento— explica que el Seminario tuvo por objetivo dar cuenta de las diferentes problemáticas y conflictos sociales derivados de megaproyectos que tienen una afectación directa en el medio ambiente. Asimismo, agrega que la propuesta de desarrollo económico diseñada por la administración de Juan Manuel Santos, sustentada en un modelo de libre mercado, ha establecido la extracción de los recursos minerales como una de las actividades centrales. Según Planeación Nacional, entre el 2011 y el 2014 el gobierno nacional espera que el PIB minero crezca 8,5%.

A partir de experiencias nacionales como la de Marmato (Caldas), La Colosa (Tolima), así como de internacionales como la del Bajo de la Alumbrera de Catamarca (Argentina) y las ponencias del senador de la República Jorge Enrique Robledo algunas conclusiones son: la actividad extractiva no genera producción, desarrollo económico o social, ni mucho menos consolida la industria o el agro, sino que los reemplaza. Asimismo, agudiza un proceso de achicamiento de las funciones sociales esenciales del Estado colombiano a la vez que lo reduce a actividades de control y vigilancia.

Estas funciones se han visto expresadas recientemente en la legislación colombiana (Código Minero, ley 1382 de 2010) que ha ilegalizado la actividad minera artesanal. Según Lorenzo Muelas, indígena guambiano y ex constituyente, se han venido socavando las bases de subsistencia socioeconómica de comunidades ancestrales y campesinas que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad. Las denuncias en el Seminario apuntaban a que el Estado con su fuerza pública ha perseguido y encarcelado a quienes se oponen a los grandes proyectos mineros con lo que se ven favorecidos los intereses de compañías mineras y petroleras transnacionales presentes en el territorio nacional como la AngloGold Ashanti y Pacific Rubiales, al adjudicárseles licencias y reducírseles impuestos y gravámenes.

El dato más reciente de la persecución, amenaza y desaparición de personas que han manifestado su oposición a proyectos mineros en el país es el asesinato del párroco del municipio minero de Marmato, José Reinel Restrepo Idárraga. Este hombre hacía parte del Comité Cívico Prodefensa de Marmato y fue acribillado en la tarde del 1 de septiembre cuando viajaba en una motocicleta por la vía que une las poblaciones de Belén de Umbría con Guática. Según el Colectivo Pocos días antes de ser asesinado, había denunciado que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro, podría costarle la vida.

Según han dicho diferentes personas de la región asistentes al Seminario, con este asesinato se reafirma una vez más cómo el acallamiento a la fuerza es una apuesta vigente para mantener el rendimiento de los intereses privados y económicos en Colombia. Para el Centro de Estudios Kumanday, «de esta forma se acentúan el despojo, la zozobra y el desplazamiento como consecuencias directas de los proyectos de megaminería a lo largo y ancho del territorio colombiano, ubicándose como factores determinantes que en la actualidad agudizan el conflicto social, político y armado; esto es la megaminería como alimento que atiza la guerra en el país».

La actividad extractiva del oro viene revalorizándose en el país por el boom minero declarado por el gobierno nacional. Según la Red Colombiana frente a la Gran Minería Trasnacional (RECLAME), cerca del 40% del territorio nacional está pedido en concesión por las compañías mineras para explotarse y en esa extensión se incluyen resguardos, páramos, zonas de reserva y áreas protegidas por la Constitución colombiana.

Además de las facilidades otorgadas por el gobierno Santos para consolidar una confianza inversionista a través de la reducción de impuestos y las licitaciones, la presencia de compañías mineras transnacionales tiende a incrementarse en el país debido a la dinámica del mercado internacional del oro, cuyo valor en bolsa ha pasado de 600 dólares la onza troy en 2004 a estar por encima de los 1.900 dólares actualmente. El valor del oro se incrementa del mismo modo que aumentan ambiciosos proyectos megamineros en el país: La Colosa (Tolima), Mandé (Chocó), La Toma (Cauca) o Marmato (Caldas).

En función de la gran minería

El seminario mostró que para atender las situación marcada por la dinámica del mercado internacional se reorientan las instituciones educativas, la investigación y la ciencia a cargo del Estado. En esto coincidieron Lorenzo Muelas y Jorge Enrique Robledo en el seminario sobre megaminería. Es el caso de el convenio firmado entre la Universidad de Caldas (Manizales) y la AngloGold Ashanti para desarrollar un monitoreo ambiental en el proyecto de La Colosa. El valor de este proyecto va más allá de los 2.000 millones de pesos por los que fue firmado pues expresa el uso de la infraestructura, equipos y trayectoria de una institución educativa pública para la puesta en marcha de un proyecto privado. Además, es importante mencionar cómo la relación entre una compañía minera transnacional —cuestionada por la violación de derechos humanos por parte de Human Rights Watch en países como Tanzania, Ghana y la Republica Democrática del Congo— y una institución de educación superior de carácter público se realiza precisamente para lograr legitimidad y respaldo científico y académico de un proyecto minero que no genera ningún tipo de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones intervenidas. Así lo aseguró la académica argentina Mirta Antonelli en dicho Seminario.

Por esta razón, gran parte de la dinámica del Seminario internacional giró en torno al cuestionamiento de la ética y sus funciones de extensión y labor social de la Universidad de Caldas, en la medida que esta institución se hace cómplice del agravamiento de un conflicto ambiental regional cuyas repercusiones se extienden a lo social y cultural e incluso a la dinámica de la guerra en el país.

Es por estas razones que una de las conclusiones más notables del Seminario en la ciudad de Manizales es la importancia de la reflexión y de un trabajo académico y científico riguroso que confronte las tesis y apuestas de quienes pretenden darle legitimidad a proyectos de megaminería favorables a los intereses del mercado internacional del oro a la vez que se desatienden las necesidades más sentidas de la región. Pero además de volcar la ciencia y sus argumentos hacia la defensa de la vida, la declaración final del Seminario reconoció la importancia de la movilización social como mecanismo legítimo y eficaz para lograr frenar proyectos mineros de gran envergadura en el territorio colombiano.

Uno de los referentes para este posicionamiento es la movilización en torno a la defensa del Páramo de Santurbán (Santander) en el que sectores populares, académicos, ambientalistas, estudiantes, así como empresarios y el gobierno regional consolidaron una importante fuerza social logrando frenar la concesión para minería a cielo abierto a la compañía minera Greystar. Así mismo, el Foro Minero Ambiental en el departamento de Quindío realizado en agosto pasado obligó a los gobernantes locales y a los candidatos para las próximas elecciones de octubre a hacer explícita una postura clara frente a este tipo de proyectos.



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