Colombia es el cuarto país latinoamericano en proyectos del mercado de dióxido de carbono de la ONU

Según el Observatorio del Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch, en inglés) el negocio del dióxido de carbono entre empresas ha provocado agudización de conflictos territoriales, militarización de los espacios civiles, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la criminalización de las voces de protesta. Colombia impulsa ese mercado desde 2002 y hoy en día es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos registrados ante la ONU y el decimoprimero del mundo, los cuales se están desarrollando en los sectores de energía, forestal, transporte y sus principales beneficiarios son empresas nacionales e internacionales como ISAGEN, ARGOS S.A., CEMEX, Empresas Públicas de Medellín, Cerrejón S.A. o Transmilenio.

ARGOS tiene programas de reforestación con teca en los departamentos de Sucre y Antioquia que han sido aprobados como Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Recientemente, el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky afirmaba que para poder seguir justificando intervenciones económicas y militares desde Europa y Estados Unidos se necesitaban durante los años 90 otros pretextos que los de la amenaza comunista. La lucha contra las sustancias ilícitas durante esa década ofreció una buena alternativa justificando decenas de intervenciones militares, políticas y económicas en varios países de América Latina y Asia. A la vez se seguían buscando otros escenarios que legitimaban mantener prácticas de intervención y dominación. Las preocupaciones frente al cambio climático en este sentido parecían una opción que podía contar con un respaldo a nivel mundial y fue así como los años 90 estuvieron enfocados en crear un marco jurídico internacional al respecto.

El texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fue aprobado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. En 1993, la Convención había recibido 166 firmas y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. En 1997, la firma del Protocolo de Kyoto fue testigo de cómo 38 países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media del 5,2% respecto a los niveles de 1990.

 Las críticas desde el mundo ecologista remarcaban que este marco legal no atacaba las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global, sino que permitía crear nuevos mercados como el de las emisiones de CO2 (dióxido de carbono). Además, el discurso de ser una empresa CO2 neutral o verde constituía para las grandes corporaciones una excelente estrategia para promocionarse ante sus consumidores. A su vez, legitimaban nuevas intervenciones alrededor del mundo por parte de empresas multinacionales, ejércitos extranjeros y bancos y agencias multilaterales.

Destacan en este sentido documentos como el aprobado por el Estado Mayor del ejército canadiense en 2009 llamado “El contexto de la futura seguridad 2008-2030 en donde referencia el papel del ejército en el contexto del cambio climático: «En todo el mundo tendrán lugar fenómenos meteorológicos cada vez más violentos y cada vez más vinculados al cambio climático que exigirán intervenciones militares, desde misiones de socorro a las víctimas de catástrofes naturales hasta operaciones de estabilización a gran escala».

Comercialización de los gases y Mercado de Desarrollo Limpio

El nivel actual de concentración de dióxido de carbono es el más alto de los últimos 420.000 años y, probablemente, de los últimos 20 millones de años. El CO2 es el gas que más ha contribuido al efecto invernadero y proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, pero también se genera a partir de la producción de cemento y el cambio en el uso de los suelos. La Agencia Internacional de Energía estima que las emisiones en 2010 subieron a un récord histórico de 30,6 gigatoneladas.

La firma del Protocolo de Kyoto en vez de obligar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) abrió la puerta para comercializar este tipo de gases en dos grandes formatos: el sistema de “tope y trueque” (cap and trade) y el sistema de “compensaciones”.

El “tope y trueque” es un mecanismo que permite a gobiernos u organismos intergubernamentales como la Comisión Europea distribuir licencias para contaminar (o “permisos de emisión”) entre las grandes industrias. En lugar de cambiar su comportamiento, la industria contaminante puede después negociar estos permisos con otra que podría realizar cambios “equivalentes” de forma más barata.

El mecanismo de compensaciones no implica la reducción de las emisiones en el origen, si no que las empresas —y, a veces, los organismos financieros internacionales, gobiernos y particulares— financian “proyectos de ahorro de emisiones” fuera del territorio donde se deberían reducir.

El principal programa de este tipo es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) administrado por las Naciones Unidas. El mercado regulado por las Naciones Unidas es un mercado de Certificados de Emisiones Reducidas (CER) donde los proyectos han de ser aprobados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés, creada a partir del Protocolo de Kyoto). A través de este mecanismo, una empresa energética europea, por ejemplo, puede reducir sus emisiones comprando los bonos generados a partir de un MDL que se esté desarrollando en Colombia.

El mecanismo de la UNFCCC para algunas de las empresas que quieren compensar sus emisiones es demasiado costoso y burocrático por lo que se han creado varios mercados paralelos. Estos mercados de emisiones de carácter voluntario comercializan Emisiones Reducidas Verificadas (VER) y no Certificadas como las de la UNFCCC. La verificación corre por cuenta de organizaciones no gubernamentales que buscan posicionarse como referentes para las empresas que quieren comprar los bonos. Entre los mercados voluntarios existentes se encuentran los mercados de Montreal en Canadá, el de Santiago de Chile y de Tianjin en China, entre otros.

La financiación de los proyectos de MDL y otros proyectos de compensaciones en gran parte corre por parte de instituciones financieras como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como también por parte de las empresas que se dedican al consumo de las fuentes energéticas fósiles —y por ende las que más CO2 producen— como son las mineras, petroleras o energéticas, entre otras. British Petroleum, Chevron o Xstrata, por mencionar algunas, son empresas involucradas en este negocio que tienen proyectos de MDL o financian a través de terceros estos proyectos.

Los proyectos de compensaciones hasta la fecha han permitido la financiación, implementación y legitimación de megaproyectos económicos desarrollados por empresas minero-energéticas y organismos multilaterales de financiación en países del sur. La necesidad de grandes extensiones de tierras para algunos de estos megaproyectos ha llevado, entre otras, según el Observatorio del Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch, en inglés) a la agudización de conflictos territoriales, la militarización de los espacios civiles, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la criminalización de las voces de protesta.

Política en Colombia frente al mercado de carbono

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) impulsó los mercados de carbono en Colombia creando un marco legislativo desde 2002 y promocionando entre las empresas minero-energéticas el gran potencial que podía tener Colombia en este aspecto. La Ley 788 del 27 de diciembre de 2002 daba unos incentivos tributarios en proyectos de reducción de emisiones de carbono a través de sus artículos 18 y 95 promoviendo la participación en este mercado de las empresas de reforestación y las hidroeléctricas.

El 25 de agosto de 2003 el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Medio Ambiente publicaron el documento CONPES 3242 —“Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático”— que «busca promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero»..Se designó como autoridad nacional frente a la UNFCCC al Ministerio del Medio Ambiente que aprobó el primer proyecto de MDL en 2006.

Las ganancias que generaron los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio para el año 2010 en Colombia eran de alrededor de 140 millones de dólares, cubriendo muchas veces los costos de producción o implementación del proyecto. Los megaproyectos presentados como Mecanismos de Desarrollo Limpio se están desarrollando en los sectores de energía, forestal, transporte y sus principales beneficiarios son empresas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran ISAGEN, ARGOS S.A., CEMEX, Empresas Públicas de Medellín, Cerrejón S.A. y Transmilenio.

Por ejemplo, la empresa ARGOS S.A. ha implementado un proyecto de reforestación en los Montes de María donde fueron sembradas casi 3.000 hectáreas con teca en una zona en la que organizaciones de derechos humanos denuncian que alrededor de 120.000 campesinos y campesinas dejaron sus fincas como resultado de la violencia ejercida por estructuras paramilitares y la Fuerza Pública. Los costos para implementar este proyecto fueron cubiertos por los ingresos que presentaba el proyecto como MDL. Por un periodo de 25 años ARGOSy la empresa que ayudó en la elaboración del proyecto, MGM, estarán recibiendo 500.000 dolares al año por la supuesta captura de CO2 que representa este proyecto.

Colombia es hoy en día el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante la ONU y el número 11 del mundo. Los países que más han impulsado este nuevo mercado han sido Brasil, Corea del Sur, India y China que como potencias económicas emergentes encontraron en los MDL una fácil financiación de sus megaproyectos energéticos. A finales de 2010 el número de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente era de casi 180. El gobierno colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo se propone que para 2014 este número haya llegado por lo menos hasta 300. Los proyectos luego de que hayan sido aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente se presentan ante las Naciones Unidas, que tiene un proceso más extensivo de aprobación. Los proyectos de MDL registrados ante las Naciones Unidas son en este momento 34.

Mercado voluntario en Colombia

La necesidad de implementar un mercado de carbono con más velocidad y extenderlo a más sectores llevó a que desde el año 2010 el Ministerio de Medio Ambiente empezara a explorar las posibilidades para crear un mercado voluntario de carbono en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Natura y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).

Las 41 principales empresas nacionales e internacionales que operan en Colombia se agrupan en CECODES —entre ellas se encuentran Bavaria, AngloGoldAshanti, Cerrejón S.A., ARGOS S.A., HOLCIM, ISAGEN, Fedepalma o Smurif Kappa— y este mercado permite a esas grandes forestales, mineras y energéticas poder tener acceso a beneficios económicos y presentarse hacia sus consumidores como una empresa verde sin tener que depender de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).

Para ello fueron creadas decenas empresas y organizaciones que se dedican a realizar numerosos cálculos sobre la huella de carbono de cada empresa y el impacto de mitigación que tienen sus proyectos de compensación. En Colombia, la Fundación Natura, fundada en 1984, es una de las principales organizaciones conservacionistas que han sido acusadas de ser instrumentalizadas por el sector extractivista para poder legitimar e implementar un mercado voluntario de carbono a través de proyectos forestales que han de generar Verificados de Emisiones Reducidas tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Otras empresas como Terra Commodities y la empresa Ecoeficiencias —cuyo gerente general es Tomás Uribe, hijo del ex presidente— se han dedicado al desarrollo de proyectos o a la verificación y medición de emisiones y mitigaciones de CO2 para empresas del sector privado que ven las posibilidades económicas del mercado de carbono.

Una de las apuestas de CECODES, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Ministerio de Medio Ambiente es REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y de la Degradación Forestal), una propuesta que por primera vez fue mencionada en 2005 en el marco de la XI Cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas, realizada en Montreal (Canadá), que busca frenar la deforestación, poniéndole un precio monetario a los bosques naturales existentes en el mundo. En Colombia la versión actualizada de la propuesta, llamada REDD+, implicaría la comercialización de las reservas forestales y la vinculación de proyectos de lucha contra los cultivos de uso ilícito como el de familias guardabosques y proyectos productivos al mercado de emisiones de CO2. Según el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de erradicación manual voluntaria, se continuará con «los programas de proyectos productivos y familias guardabosques, señalando la importancia y potencial que tienen los ecosistemas estratégicos donde existe la problemática de los cultivos ilícitos para la implementación de esquemas REDD y MDL para mitigar el cambio climático».

A pesar de que el mecanismo de REDD+ todavía no ha sido aprobado en la UNFCCC por las críticas desde comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas que argumentan que no se pueden mercantilizar las reservas naturales de esta manera, el Ministerio de Medio Ambiente, el BID y el CECODES han implementado varios proyectos REDD, en espera de la futura aprobación de esta propuesta en el marco de las Naciones Unidas. La Fundación Natura a través de talleres y publicaciones cumple el papel de legitimar dichos proyectos ante las comunidades y los consumidores y dinamizar su implementación. La apuesta no tiene pérdidas, ya que en el caso que REDD+ no pase en el marco de UNFCCC, los proyectos siempre se podrán presentar en el Mercado Voluntario.

El mercado de carbono en Colombia, tanto a través de los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio como REDD+, y los proyectos en el mercado voluntario son mecanismos acusados de usarse para legalizar la usurpación ilegal de tierras productivas, ya que la mayor parte de los proyectos que se implementan en el marco de MDL necesitan grandes extensiones de tierra, muchas veces en zonas que han sido escenario de desplazamiento forzado.

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CASOS TIPO

Caso ARGOS: plantaciones de teca en los Montes de María (Sucre)

Enlace a PDF: ARGOS S. A. en los Montes de María. Moritz Tenthoff, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC), agosto 2011

La empresa cementera ARGOS S.A. perteneciente al Sindicato Antioqueño—grupo económico que agrupa a las principales empresas antioqueñas— es una de las cinco empresas colombianas más valoradas en el año 2010. ARGOS tiene un proyecto MDL en San Onofre (Sucre) de una plantación de teca y otro que ha sido aprobado por la Fundación Natura y que entra al mercado voluntario de carbono. Entre los dos proyectos, ARGOS pretende sembrar más de 12.000 hectáreas en los Montes de María de este árbol apreciado por su madera que sería comercializada en los mercados internacionales. Según pobladores de la zona que viven cerca de las 4.000 hectáreas que calculan que ya han sido sembradas, la llegada de la empresa ha estado acompañada de gente de Antioquía y Urabá, entre las que se encuentran reinsertados de estructuras paramilitares a quienes se les ha visto ir camuflados y con armas largas AK-47 patrullando en medio de las plantaciones, identificándose como “los protectores de la teca”. Según estos testimonios parece haber una relación directa entre las plantaciones de teca y las estructuras paramilitares que operan en la región, ya que las personas armadas no tienen una identificación visible y usan armas de guerra y prendas militares a pesar de que no pertenecen a la Fuerza Pública.

Caso ISAGEN: hidroeléctrica sobre el Rio Amoyá (Tolima)

La empresa energética ha construido una pequeña hidroeléctrica sobre el río Amoya en el sur de Tolima que funciona haciendo pasar el caudal del río por turbinas. El proyecto ha sido aprobado como Mecanismo de Desarrollo Limpio en enero de 2011. Según la empresa, la comunidad se estaría beneficiando de diferentes programas sociales desarrollados por ISAGEN que incluyen acceso a la educación y mejoras en la salud y la infraestructura.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), Jailer González, en entrevista en junio de 2011 relataba: «En los municipios Chaparral, Río Blanco y Ataco van a construir siete hidroeléctricas que son beneficiadas por los inversionistas nacionales e internacionales. (…) El problema más grande que tenemos los campesinos en el sur de Tolima es que el Estado nos mira como si fuéramos terroristas; los inversionistas nos ven como bichos raro, como maligna para sus megaproyectos. Lo más fácil es con la misma Fuerza Pública confrontar al campesinado y desplazarlo, asesinarlo y amenazarlo diciéndole: “no puede denunciar lo que estamos haciendo porque detrás de nosotros vienen paramilitares o vienen los que les van a asesinar; aténgase a las consecuencias”».

ASTRACATOL ha denunciado amenazas y riesgo para la integridad de Jailer González. Además, el 30 de marzo de 2011 fueron asesinados dos integrantes de la misma asociación en el municipio de Chaparral donde se está desarrollando la hidroeléctrica sobre el río Amoya. La organización campesina se ha opuesto a la construcción de las hidroeléctricas y aboga por una política agraria de la que se pueda beneficiar el pequeño campesinado.

Caso EMGESA: represa El Quimbo

La represa sobre el río Magdalena desarrollada por EMGESA ha sido polémica desde sus inicios. Las comunidades en esta parte del Huila se han organizado alrededor de la organización ASOQUIMBO y argumentan que las afectaciones sociales y ambientales de la represa sobre su territorio serán irreversibles. ASOQUIMBO propone crear una Zona de Reserva Campesina en la zona afectada por el proyecto El Quimbo para asegurar que su territorio a corto y largo plazo sea protegido frente a este tipo de megaproyectos. El Quimbo ha sido aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente como MDL y espera su aprobación por la UNFCCC. La directora del Programa Climático de International Rivers, organización ambientalista internacional, al comentar la documentación presentada por EMGESA ante la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) solicitando la aprobación como MDL ante la UNFCCC, exigió que no se otorgue el registro debido a sus impactos negativos sociales y ambientales: «Si hay un riesgo grande de este tipo de catástrofes naturales, entonces no es prudente construir una represa en la región y ninguna cantidad de dinero de la venta de créditos de carbono puede disminuir este riesgo y proteger un proyecto de tales calamidades. Una decisión inteligente es no construir en las regiones propensas sísmicamente».

Caso ISAGEN: represa Hidrosogamoso

La represa sobre el río Sogamoso en el departamento de Santander ha generado fuertes protestas de las comunidades afectadas. A pesar de que ISAGEN pidió al Medio Ambiente que el proyecto fuera aprobado como MDL, el 19 de mayo de 2011 el Ministerio a través del oficio 2000-232169 negó dicha solicitud. El Ministerio sustentó su negativa en el hecho de que ISAGEN no posee la totalidad de licencias y permisos legales que este proyecto requiere, como tampoco cuenta con los permisos necesarios de explotación de recursos naturales renovables. Las comunidades cercanas al río Sogamoso han denunciado en reiteradas oportunidades que el proyecto desarrollado por ISAGEN ha afectado los afluentes del río causando la muerte de peces, tortugas y otras especies que habitan en el ecosistema. Una de las personas implicadas en el proceso de resistencia contra la represa, Honorio Llorente, fue asesinado en octubre de 2009. A pesar de que el proyecto no cuenta con todas las licencias y no ha sido aprobado por la UNFCCC como MDL, el proyecto sobre el río Sogamoso se sigue construyendo.


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