Se realiza audiencia judicial en Sincelejo (Sucre) en contra del miembro del MOVICE Carmelo Agámez

Entre el 8 y 10 de noviembre se llevará a cabo una audiencia judicial en la ciudad de Sincelejo (Sucre) contra Carmelo Agámez, miembro destacado del capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), quien salió en libertad después de dos años y diez meses de encarcelación por el presunto delito de concierto para delinquir.

Aunque el Estado colombiano fue obligado a liberarlo el 26 de septiembre de 2011 porque cumplió las tres quintas partes de su posible condena sin que se llegara a dictar sentencia en su caso, su proceso sigue abierto. Como dijo Juan Carlos Monge, delegado de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a propósito de Carmelo Agámez en el lanzamiento el pasado octubre del “Informe de revictimización contra el MOVICE”: «Un defensor de derechos humanos encarcelado debe salir de la cárcel absuelto, no por simple vencimiento de términos».

El caso de Carmelo Agámez

Carmelo Agámez ha sido secretario técnico del capítulo Sucre del MOVICE desde principios del año 2008 y por su trabajo en defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas ha sido sujeto de amenazas y detenciones que le obligaron en un tiempo a vivir en el exilio. En noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección por las constantes amenazas de las que ha sido víctima.

En noviembre de 2008 fue detenido acusado de participar en una reunión con el jefe paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’ a quien Agámez ha denunciado por sus acciones en la región. El MOVICE ha expresado que Carmelo Agámez no ha contado con un debido proceso ni garantías judiciales adecuadas: «Su detención se inició con allanamiento ilegal a su residencia, se le ha presionado y amenazado por paramilitares en el centro de reclusión, se le ha negado la detención domiciliaria basada en presupuestos de culpabilidad».

La defensa del miembro del MOVICE interpuso una acción de tutela por la que la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo reconoció el 13 de mayo de 2009 la vulneración al derecho fundamental al debido proceso ya que se le negó el acceso a conocer las pruebas en su contra y controvertir las mismas. Incluso, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en julio de 2009 en la que ordenó una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación por presuntos actos de corrupción en conexión. El Fiscal General llamó la atención sobre la falta de imparcialidad e independencia del fiscal de conocimiento, por lo cual, ordenó su reasignación a Bogotá.

Agresiones contra el MOVICE

En este año 2011 el capítulo Sucre del MOVICE denuncia haber sufrido 24 agresiones, 12 de ellas dirigidas contra Ingrid Vergara o miembros de su familia, actual secretaria técnica del capítulo, el cargo que desempeñaba Carmelo Agámez en el momento de su detención.

El MOVICE expresa que una sentencia confirmando la inocencia de Agámez es «la legitimación del trabajo del capítulo Sucre del MOVICE y, en general, de todos los defensores de derechos humanos y líderes sociales que defienden los derechos de las víctimas de crímenes de Estado». Aseguran que el fallo en este caso es clave dado el contexto de persecución judicial contra integrantes del MOVICE en todo el país ya que varios de sus integrantes se encuentran encarcelados en este momento, entre ellos, David Rabelo (Magdalena Medio) y Príncipe Gabriel (Atlántico); mientras que otros integrantes se encuentran en libertad pero con procesos abiertos en su contra, entre ellos, Winston Gallego (Antioquia), Harry Caicedo (Nariño) o Carolina Rubio (Santander).

La organización de víctimas de crímenes de Estado afirma que «los montajes judiciales basados en testimonios falsos han continuado e incluso aumentado durante el gobierno de Juan Manuel Santos». Igualmente, el MOVICE anuncia su participación el 12 de noviembre de 2011 en un Seminario sobre la criminalización de la protesta social en la ciudad de Bucaramanga.



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