Dos encapuchados entraron en la casa de una integrante de la OFP y de un sindicalista de SINALTRAINAL en Barrancabermeja

Rueda de prensa en CREDHOS con las últimas personas amenazadas en la ciudad: Ramón Rangel, Socorro Abril y Juan Carlos Galvis.

Miembros del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja (Santander) denuncian que se trata de «un operativo de inteligencia militar» cuyo objetivo era «el asesinato del sindicalista».

«Barranca sigue controlada por el paramilitarismo asestando golpes de manera individual». Son las palabras de Juan Carlos Galvis, sindicalista a cuya residencia entraron un hombre y una mujer con armas de fuego y el rostro tapado el pasado 9 de noviembre para intimidar a Jackeline Rojas, su esposa e integrante de la Organización Femenina Popular (OFP), y a su hija menor. También pintaron las paredes de su casa con la frase «H.P. Perro», revolvieron sus pertenencias y robaron dos computadores y dispositivos informáticos. La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía definieron los hechos como un hurto pero el directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) departamental asegura que «obedece a inteligencia militar por la manera como actuaron».

Tanto Jackeline Rojas como Juan Carlos Galvis tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el riesgo a su integridad física fruto de su trabajo social y sindical. No comparten la tesis del hurto por las motivaciones políticas que encuentran tras los hechos y afirman que en este año desconocidos han intentado entrar en su casa en dos ocasiones.

Ramón Rangel, ex directivo de la Unión Sindical Obrera (USO), precisó que el ingreso violento a la casa de miembros de organizaciones sociales es una metodología que se quiere implementar en la ciudad contra personas defensoras de derechos humanos y sindicalistas. Rangel también fue objeto de panfletos amenazantes que se distribuyeron en diferentes comunas de la ciudad durante su candidatura al Concejo de Barracabermeja por el Polo Democrático Alternativo en las pasadas elecciones locales. En ellos se resumía el proceso judicial iniciado en 2001 que lo vinculaba con la insurgencia armada y del que fue absuelto.

Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que hacen parte del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (ETTDDHH) de Barrancabermeja convocaron una rueda de prensa hoy jueves 17 de noviembre en la sede de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) para denunciar los últimos hechos sucedidos contra algunos de sus miembros y familiares.

Desplazamiento silencioso

«No nos vamos a ir de Barrancabermeja; queremos que se garantice la vida y el ejercicio de la actividad social y sindical», expresó Juan Carlos Galvis que afirma que esos hechos han significado el desplazamiento forzado de otros miembros de organizaciones sociales. Recuerda que hace cuatro años, el 4 de noviembre de 2007, desconocidos entraron a casa de Yolanda Becerra y pasó algo similar. La presidenta de la OFP se fue de la ciudad por las constantes amenazas.

En la rueda de prensa participó también Socorro Abril, presidenta de la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA). Ella relató que la Red de Cooperantes —mecanismo creado en 2002 para intercambio de información entre la población civil y la Fuerza Pública— porta fotos de diferentes personas, entre las que se encuentran su hijo y la compañera sentimental de él, ambos miembros del comité juvenil de ASODESAMUBA, y las entrega a ex miembros de la guerrilla y de grupos paramilitares para que les hagan seguimiento. La persona que le explicó este caso a Socorro Abril ha tenido que abandonar la ciudad.

La presidenta de la asociación de personas desplazadas asegura que en Barrancabermeja tiene lugar «un desplazamiento de manera silenciosa porque quienes lo hacen no se atreven a denunciar ya que conocen los nexos entre bandas criminales y Fuerza Pública». Asimismo lanza el interrogante a las autoridades: «¿Estas personas que tenían que trabajar para la paz reciben un sueldo para integrar un esquema de muerte?».

Situación nacional

Juan Carlos Galvis, directivo de SINALTRAINAL y de la CUT departamental.

Miembros del ETTDDHH se reunieron esta semana con la Alcaldía quien convocó a otros organismos para tratar la situación como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regional. Juan Carlos Galvis afirma que la Alcaldía ha jugado un papel importante y ha mostrado preocupación además de intermediar para que el vicepresidente Angelino Garzón esté al tanto de la situación. «Esta situación es de orden nacional y necesitamos que se respete el libre pensamiento; las diferencias de opinión y las contradicciones forman parte de la democracia y estas denuncias tiene que salir a la luz pública», añade Galvis.

Ramón Rangel apunta que el objetivo de la rueda de prensa es visibilizar esa situación para encontrar una solución y que se retome la dinámica de décadas anteriores en que «las organizaciones nos juntábamos como un imán cuando pasaban esas cosas y actuábamos como una sola organización».

Comunicado del ETTDDHH en Prensa Rural



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