El abogado de los tres vigilantes asesinados por el GAULA en Bucaramanga en 2007 pide que se considere crimen de lesa humanidad

Así lo dejó sentado este 22 de noviembre Leonardo Jaimes, abogado representante de las víctimas e integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga (Santander), en la parte final del juicio oral en contra de diez integrantes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Brigada V del Ejército Nacional. Los diez militares son señalados de ejecutar extrajudicialmente a los vigilantes Marcos Quintero Rivera, Marcos Javier Quintero Niño y Nelsón Páez en hechos ocurridos entre el 27 y 28 de marzo de 2007 en el municipio El Playón (Santander).

Fiscalía: «Sí fueron ejecuciones extrajudiciales y ésta es una verdad innegable e incuestionable; se pretendía ocultar algo que responde a un horrendo crimen».

 El abogado representante de las víctimas basó su alegato, entre otras pruebas, en la declaración que dio el entonces mayor del Ejército Fernando López Colmenares y el investigador Jesid Ortíz. Este último fue clave porque, según el abogado Jaimes, «determinó la inexistencia de un informe militar previo que diera aval a la Misión Táctica Marfil 23; hubo irregularidades en la elaboración de la misión y en la determinación de sus objetivos».

 Entre las irregularidades más relevantes destaca que la operación se sustentó, según el testimonio dado por el mismo Colmenares y expuesto por Jaimes, en informaciones sobre la extorsión por parte de bandas criminales a un comerciante de la zona. Este comerciante atribuía el delito al Ejército Popular de Liberación (EPL) y la misión militar hablaba del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 «Al analizar la Operación Marfil, en el informe de patrullaje no se observa el desarrollo de la misión como tal, no especifica cómo se realiza la actividad y se basó en un testigo ocasional; no se observa en el informe de inteligencia en qué premisas se sustentó para realizar la operación», aseveró Jaimes.

 Según el abogado representante de las víctimas, a partir de dichas pruebas «estos homicidios son claramente ejecuciones extrajudiciales, en los que las víctimas fueron asesinadas y luego presentadas como personas caídas en combate».

 Y agregó, en solicitud que elevó ante la jueza, «que estos homicidios deben ser reconocidos como crímenes de lesa humanidad en vista de que se trató de un ataque a gran escala, sistemático, planificado, premeditado, de hechos que no son aislados».

 Por su parte, Gonzalo Quintero, padre y abuelo de las víctimas Quintero, expresó que «los testigos, especialmente Juan José Pérez, fueron preparados por ellos mismos; yo veo mucha mentira, mucha falsedad por su parte; lo que pido es que estos crímenes no queden impunes».

Argumentos del Ministerio Público

Por otro lado, el Ministerio Público rescató los argumentos de la Fiscalía y el representante de las víctimas en cuanto a adulteración de las pruebas, escenificación intencionada del lugar para hacerlo parecer como un combate, alteración de los cadáveres, entre otras, y solicitó ante la jueza la condena de los diez militares del GAULA.

En representación de la Fiscalía, Héctor Casanova enfatizó en su intervención que estos homicidios «sí fueron ejecuciones extrajudiciales y esta es una verdad innegable e incuestionable». Y añadió que «se pretendía ocultar algo que responde a un horrendo crimen», por lo que solicitó condena por coautoría en persona protegida.

El juicio contó con la concurrencia de los familiares de las víctimas y culminará el próximo 5 de diciembre con la sentencia del proceso.

Recuerdo de las víctimas

Marcos Quintero Rivera, de 44 años de edad, su hijo Marcos Javier Quintero Niño y Nelson Paéz, jóvenes de 22 y 24 años de edad respectivamente, eran padres de familia, de escasos estudios y habitantes de barrios extremadamente pobres del norte de Bucaramanga. Los tres fueron vistos por última vez en la noche del 27 de marzo de 2007, posteriormente en la zona rural del municipio El Playón el GAULA de la Brigada V los reportó como muertos en combate.

Según la Misión Táctica 23 denominada “Marfil”; Quintero padre e hijo y Páez eran «integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico o integrantes de la Cuadrilla Claudia Isabel Escobar Jerez del ELN».

Desde el 6 de septiembre de 2010, más de tres años después de ocurridos los hechos, un juez de garantías dictó medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida contra el subteniente Andrés Aranda Durán y los otros nueve militares que estaban bajo su mando.



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