VIDEO: La Policía agrede a mineros en situación de discapacidad en la Alcaldía de Bogotá

«Trabajaba como cochero en una mina de carbón en Cúcuta. El 21 de noviembre de 2009 me accidenté y tengo siete discos de la columna dañados. Aun cuando tenía examen de ingreso positivo, ahora que me accidenté después de estar dos años en la empresa la ARP me dice que es enfermedad común. Según ellos nací con eso», Testimonio de uno de los trabajadores movilizados en Bogotá.

Nueve trabajadores afectados físicamente por sus actividades en las minas de carbón en Cúcuta (Norte de Santander) intentaron amarrarse el viernes 10 de febrero a las 7:30 de la mañana a la puerta de la Alcaldía de Bogotá. Una acción que decidieron adelantar ante la angustia de su situación: «Ante el desespero que teníamos porque llevamos aguantando hambre y frío hace 15 días, intentamos hacer un mitin frente a la Alcaldía y llegó la Policía y nos agredió física y verbalmente». Durante el desalojo la Policía golpeó a uno de ellos agravando su ya delicado estado de salud por lo que en estos momentos se encuentra internado en el Hospital San José y existe la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente.

Según diversas fuentes, esta situación no hubiera tenido lugar si el Ministerio de Protección Social hubiese atendido sus solicitudes de manera pronta y oportuna.En dos años y por sexta vez vienen a Bogotá. Los motivos de su protesta son varios y uno de los principales es la mora en el pago de incapacidades que en algunos casos puede llegar hasta 39 meses. Igualmente, insinúan que la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) Positiva envía cartas al personal médico de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Saludcoop para que no autoricen incapacidades.

Estos trabajadores del sector de la minería y la construcción exigen que les paguen las incapacidades, que les suministren los medicamentos que requieren y que el Estado solucione todas las irregularidades que surgen entre las Juntas Calificadoras de Invalidez tanto nacional como regional a la hora de medir su pérdida de capacidad laboral y de definir si las patologías que padecen son de origen común o enfermedades adquiridas por accidente laboral. También exigen que se preste atención a las circunstancias en las cuales vienen operando las EPS pues indican que muchas veces sus médicos se niegan a reconocerles la incapacidad.

Momentos de la caminata desde Cúcuta a Bogotá en enero de 2012.

A pesar de sus enfermedades e incapacidades físicas y requerir la mayoría de uso de muletas para poder moverse, decidieron caminar desde Cúcuta hasta Bogotá para exigir nuevamente que les traten con dignidad. «Arrancamos el 16 de enero de este año y duramos 15 días caminando; llegamos a la Plaza de Bolívar, nos dieron hotel cuatro días y de ahí nos han dado la espalda. Siempre nos mantienen con mentiras de que nos vamos a reunir con el Ministerio del Trabajo y muchas cosas más».

Esta es su historia reciente

El 11 de julio de 2011 y ante la recurrente negativa de las autoridades de Cúcuta en dar solución a esta problemática, un grupo de aproximadamente 50 mineros deciden movilizarse hacia Bogotá cuyo destino final sería la Plaza de Bolívar. En ese entonces solicitaban que se realizara una reunión inmediata con el presidente de la ARP Positiva, Gilberto Quinche Toro, con el Director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social, con el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación.

El 17 de julio y con la mediación de varias autoridades distritales acuerdan la evacuación de la Plaza de Bolívar con la promesa de que la solicitud de reunión fuera registrada en acta y se hiciera realidad el 21 de julio. En esa ocasión fungieron como garantes de este compromiso un asesor en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y un delegado de la Defensoría del Pueblo.

Mineros en la Procuraduría en julio de 2011.

El 21 de julio la esperada reunión no se llevó a cabo y, de acuerdo a lo manifestado por un funcionario de la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio de Protección Social ni la Procuraduría General de la Nación querían reunirse con ellos. Ante esa situación deciden abandonar el sitio donde fueron alojados e irse a las puertas de la Procuraduría General de la Nación, sitio donde acamparon cerca de 15 días a la espera de alguna respuesta.

En ese momento todos los funcionarios, incluida una abogada de la ARP Positiva enviada a las instalaciones de este organismo de control, insistieron de manera vehemente que la reunión se llevara a cabo en Cúcuta aduciendo que ellos eran oriundos de esa localidad y que por tanto la solución a sus dificultades debía encontrar allí respuesta.

«Nosotros estuvimos aquí en junio y julio del año pasado y durante los primeros días de julio nos íbamos a declarar en huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la Nación. Conseguimos un acta diciendo que nos iban a solucionar nuestros problemas en Cúcuta y efectivamente fueron a Cúcuta los días 15, 16, 17 y 18 de agosto del año pasado. Se hizo una mesa de trabajo con unos acuerdos pero ya todos esos acuerdos se echaron para atrás y ahora es peor porque la ARP Positiva nos está cayendo más duro a nosotros por haber estado el año pasado acá».

Protesta en la Procuraduría en julio de 2011.

El principal acuerdo al que llegaron es que la ARP pagaría todas las incapacidades 15 días después de radicadas. Otro acuerdo al que llegaron fue que podían recibir atención médica a través del SISBEN. Sin embargo, el doctor Rafael Álvarez del SISBEN fue demandado por emitir varias incapacidades.

Seis meses después y ante el nuevo incumplimiento, dos de ellos deciden iniciar una nueva marcha hacia Bogotá. En esta ocasión no han venido cincuenta, son nueve mineros. Tras dos semanas durmiendo a la intemperie en la Plaza de Bolívar y en desagravio por el incidente del viernes con la Policía, la Secretaría de Salud les ofreció un hotel hasta la noche de hoy domingo a la espera —nuevamente— de que sean escuchadas y solucionadas sus peticiones: «Nosotros no estamos pidiendo nada que no figure en la Ley 100 y en la Ley 776; es la aseguradora y las EPS las que quieren desconocer la ley».

«Que se destape la olla podrida»

La ARP Positiva figura de manera reiterada en cada una de estas denuncias y exigencias porque estos trabajadores enfermos presumen su injerencia tanto en las EPS como en las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Fundamentan también esa sospecha en conversaciones con personal médico y en su percepción de que los jueces se niegan a hacer cumplir la ley.

No es el caso de todos los jueces ya que el Juzgado Penal 2 de Cúcuta ordenó el pago de 18 meses de incapacidad a uno de ellos, pero esa sentencia no ha sido acatada por la ARP.

La gerente regional de la ARP Positiva, Sylvia Patricia Corzo Román, es vista por ellos como «la piedra en el zapato». Sospechan que desde su oficina se han enviado cartas al personal médico de Saludcoop para que nieguen las autorizaciones de incapacidades a los trabajadores. Comentan igualmente las irregularidades que se presentan a la hora de calificar su pérdida de capacidad laboral (PCL). Un ejemplo es el caso de un trabajador accidentado en la mina donde laboraba a consecuencia de lo cual siete discos de su columna resultaron afectados y sin embargo la Junta Nacional de Calificación determina que su porcentaje de PCL es del 0%. Además de las dolencias que padece fruto de su accidente, enfrentó su despido estando incapacitado y con orden de reubicación. Al momento de ser entrevistado (julio de 2011) se le debía la liquidación desde el año 2009 y la cooperativa a la que estaba afiliado se había declarado en quiebra.

Las suspicacias de los obreros crecen cuando manifiestan que la gerente regional de Positiva es hermana del hoy presidente del Senado de la República, Juan Manuel Corzo Román. Según portales como La Silla Vacía, Juan Manuel Corzo es uno de los políticos más influyentes de Norte de Santander y cuenta con una estructura política fuerte; en su historial tiene seis investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, tres de ellas ya precluídas a su favor; dueño de la mayor burocracia de la ciudad de Cúcuta; fue uno de los escuderos de Uribe durante el proceso de la reelección. Corzo ha sido investigado por el carrusel de las notarías (Notaría Segunda de Cúcuta a cambio de votos para que el Congreso aprobara la reelección de Uribe); nexos con paramilitares (según confesión del paramilitar ‘El Iguano’); relaciones políticas con el narcotraficante extraditado Jensy Miranda; alianzas con el PIN; tráfico de influencias (entre otros en Corponor —llamado regionalmente ‘Corzonor’— y en la Procuraduría, donde tendría cuotas burocráticas).

Los mineros enfermos concluyen que ese poder de Corzo protege a su hermana de las investigaciones. Sylvia Corzo perdió su investidura de diputada departamental en Norte de Santander en 2007 por donaciones irregulares a candidatos vulnerando el Artículo 110 de la Constitución.

«Todos estamos amenazados»

Actualmente y no obstante la precariedad de su situación afirman que son objeto de amenazas y persecución y que desde la marcha adelantada el año pasado uno de ellos fue asesinado en su casa y otro más fue herido. También sostienen con preocupación que la presión ejercida por la ARP Positiva va en aumento. Estos argumentos son los que explican las razones por las cuales —aun en el estado de salud en que se encuentran— deciden una vez más marchar hacia Bogotá y una vez más con la esperanza de que el poder ejecutivo del nivel nacional atienda sus reclamaciones. «Ahora le estamos pidiendo al Estado que nos brinde y nos garantice la vida de nosotros y de nuestras familias porque tenemos amenazas de muerte».

Sin embargo, en Cúcuta y el departamento no son nueve ni tampoco cincuenta los afectados; podrían ser muchos más los trabajadores afectados por accidentes laborales que en este momento sufren la misma situación. Colombia Informa no ha logrado establecer una cifra aproximada pues mientras ellos afirman que podrían ser cerca de mil los trabajadores en esta situación, el gerente médico de la ARP Positiva afirmaba, a propósito de la pasada marcha, que eran solamente cincuenta —precisamente los que se encontraban en la Procuraduría— los que tenían algún problema con la aseguradora.

¿Un problema de cifras?

El gerente de la Asociación de Empresarios del Carbón (Asocarbón), Luciano Canal, afirmaba el 13 de mayo de 2011 en El Tiempo que hay 10.500 personas dedicadas a la extracción y el transporte de carbón en Norte de Santander.

En su informe de rendición de cuentas, sólo entre enero y junio de 2010 Positiva reportó 69.058 accidentes de trabajo (324 de ellos mortales) y 1.789 enfermedades profesionales entre sus casi 3 millones de afiliados en el país. En ese periodo recibió 3.054 solicitudes de indemnización por incapacidad permanente parcial de las cuales 1.037 fueron negadas. El siguiente cuadro detalla los datos de siniestralidad laboral para el departamento y los datos en los sectores de minería y construcción para todo el país según los informes de rendición de cuentas de la entidad:

Accidentes de trabajo de afiliados a ARP Positiva en Norte de Santander

Enero-Junio 2010

2009

Accidentes

2450

4684

Mortales

8

25

Enfermedades Profesionales

86

71

Accidentes en todo el país de afiliados a ARP Positiva

Construcción

Accidentes

21460

11420

Mortales

71

35

Enfermedades Profesionales

68

45

Minería y canteras

Accidentes

6602

4428

Mortales

53

107

Enfermedades Profesionales

114

95

 (Fuente: Informes de Positiva de enero-junio 2010 y 2009)

Para mayor precisión habría que acceder a datos completos de Positiva, pero esa magnitud de siniestralidad laboral indica que aunque sean nueve, cincuenta o mil los afectados se trata de un problema que, tal y como reclaman, urge la intervención de las autoridades del más alto nivel dado el carácter de las denuncias que se han hecho.

La invitación que en este momento hacen es al presidente de la República «para que envíe una comisión que dé cuenta e investigue los atropellos a los que nos hemos visto sometidos». No quieren que un juez falle a su favor por la fuerza de las circunstancias, tan sólo que se garanticen y protejan sus derechos y que se haga cumplir la ley porque esta situación afecta gravemente a sus familias.

«Tengo ahora discopatía degenerativa y la ARP no me quiere responder»

Algunos de los testimonios de los trabajadores acampados en la Plaza de Bolívar dan cuenta de una situación insostenible por mucho tiempo.

«Yo tengo dos hijos que son menores de edad que también han pasado mucha necesidad por este problema. Ellos no tienen una vida digna, digámoslo así, no pueden ir al colegio; tengo un niño que no se pudo poner a estudiar por falta de dinero. Yo era el que trabajaba, hacía mercado y le daba todo a los niños; ahora no, ahora es mi mujer la que trabaja».

«La ARP paga la incapacidad a tiempo uno o dos meses y luego volvemos a caer en la misma situación».

«Yo tengo dos niñas y tengo un hijastro que se salió de las manos, ya está consumiendo vicio porque no pude seguir dándole el estudio; ahora ya tiene como cuatro días que no llega a la casa, tiene 13 años».

«Yo tengo dos hijos, uno de once y uno de seis, tengo que pasarles una cuota alimentaria mensual y el menor me llama casi todos los días preguntándome qué pasó con lo de los cuadernos y el uniforme para el colegio. Entre la ARP y Saludcoop hace seis meses que no me pagan, que no me dan incapacidad y entonces estoy aquí por esa situación. Ya no me da trabajo ninguna empresa ni nadie, pues entonces que me definan mi situación».

«[De los nueve manifestantes], el que menos, tiene tres patologías».

«Tengo fractura en la pierna, discopatía, en el brazo tengo un desgarramiento, tengo tres músculos perdidos. Por no darme el tratamiento a tiempo [fue valorado 180 días después del accidente] ahora tengo discopatía degenerativa, es un dolor crónico, y la ARP ya no me quiere responder».

El tipo de dolencias que sufren no sólo les impide encontrar un nuevo empleo sino simplemente moverse, un problema cuya gravedad quizá no se avizora si además de la reducción de la calificación de su PCL por parte de las juntas, no se tiene en cuenta que en el caso de que fueran pensionados por enfermedad de origen común tendrían que pasar a cotizar ellos mismos.

¿Qué es Positiva?

En octubre de 2008 ARP Positiva se constituyó como la nueva Aseguradora de Riesgos Profesionales del Estado a partir de la fusión del antiguo Instituto de Seguros Sociales y Previsora Seguros de Vida. Positiva es una sociedad anónima de participación mayoritaria del Estado que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Está sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado de conformidad con el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En noviembre de 2009 la sociedad calificadora de valores Value and Risk Rating S.A. otorgó una calificación Doble A más (AA+) al portafolio de inversión de Positiva. En concepto de la evaluadora de riesgo, la compañía ofrece «Fortaleza financiera y capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales».

Hoy en día cuenta con casi 3 millones de trabajadores afiliados de los cuales casi 50.000 son del departamento de Norte de Santander.

Drama que afecta a otros sectores

El drama que viven los trabajadores que fueron golpeados el viernes en la puerta de la Alcaldía no es sólo de los mineros ni del departamento de Norte de Santander. En la Plaza de Bolívar tuvieron la oportunidad de encontrarse con otros trabajadores en la misma situación como los mineros afiliados a la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto (ASOTREDP) y algunas personas más que dijeron ser trabajadores del sector de la construcción o antiguos afiliados al extinto Seguro Social.

Todos concluyeron que sufren las mismas circunstancias y que quizá es hora ya de ponerle solución a esta problemática. Coinciden en ello organizaciones sindicales y sociales que vienen ambientando una movilización nacional de los trabajadores en situación de discapacidad de todo el país y de todos los sectores productivos, una iniciativa que será adelantada, coordinada y anunciada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


2 comentarios on “VIDEO: La Policía agrede a mineros en situación de discapacidad en la Alcaldía de Bogotá”

  1. En junio 2011, habian dado una entrevista al blog Colombia Tierra Herida en la Plaza Bolivar.

    http://locombiaphoto.blogspot.com/2011/06/le-travail-cest-la-sante.html

  2. b dice:

    Pienso que el gobierno esta sacando leyes que dicen mejorar el sistema de salud en el país,
    pero para mi se que es un requisito exigido por el gobierno americano para que se de el tratado de libre comercio, las leyes que emitan en el momento son por cumplir con este requisito. No podremos tener nada en orden mientras la corrupción a nivel gubernamental sea el tema diario lamentablemente, demos gracias que tenemos tanta plata que al pobre país
    le queda algo.


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