«En Colombia hay autocensura; la información es la materia prima de la democracia»

El 9 de febrero, día del periodista, tuvo lugar un foro organizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) donde sus panelistas confirmaron que en Colombia existe la censura a la información. Presentaron el informe 2011 de la FLIP y diversos testimonios se refirieron a la necesidad de los comunicadores regionales de autocensurarse para sobrevivir.

El auditorio Marino Troncoso de la Universidad Javeriana de Bogotá fue el escenario del evento cuyo tema central fue la censura a los medios de comunicación y a los periodistas de las regiones en Colombia. Al evento asistieron cerca de 70 personas, en su mayoría periodistas y estudiantes de comunicación.

Entre quienes participaron estaban algunas de las 94 personas del gremio amenazadas durante el año 2011. De esa cifra da cuenta el último informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una de las organizaciones convocantes de este foro.

Este informe señala igualmente que durante este año la sede de dos medios de comunicación sufrieron atentados: la sede de Radio Nasa en Toribio y una emisora en Cesar a la que robaron todos los equipos. Luis Eduardo Gómez fue asesinado en Arboletes (Urabá Antioqueño) el pasado 30 de junio: «Las causas del homicidio estarían directamente relacionadas con su condición de periodista, especialmente por denuncias sobre la desviación de recursos públicos a favor de grupos ilegales». También tuvieron que exiliarse dos periodistas: Mary Luz Avendaño que salió del país el pasado 23 de agosto y cuyas últimas investigaciones, publicadas a mediados de 2011, «denunciaban a las tristemente célebres “polibandas”, que no eran más que vínculos entre algunos miembros de la Policía Departamental y bandas criminales de la ciudad de Medellín». Igual ocurrió con otro periodista de esta ciudad que pidió no divulgar su nombre.

Señala la FLIP que además de la violencia y la intimidación, los periodistas tienen que enfrentar la acción jurídica contra su actividad. Es el caso de la condena a 20 meses de prisión y 20 salarios mínimos contra el periodista Luis Agustín González a raíz de un editorial publicado en el año 2008 en la que el director del periódico Cundinamarca Democrática cuestionaba la aspiración al Congreso de Leonor Serrano de Camargo y «la defensa que tuvo que hacerse un periodista por la acusación de calumnia e injuria hechas por el ex presidente Uribe».

Uno de los hechos más graves y lamentables que registra este informe es el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez en una región azotada hace muchos años por la violencia. Un periodista que ha sobrevivido a esas olas de violencia en Urabá le dijo a la FLIP: «Allá hay de todos los grupos, pero ¿que se acabaron los ‘paracos’? Le digo una cosa, los ‘paracos’ siguen, y hoy cada cual hace lo que se le da la gana desde que cogieron a ese señor ‘Don Mario’. Los que eran los barrenderos pasaron a mandar». Es la misma región donde la banda paramilitar ‘Los Urabeños’ decretaron en enero de este año un paro armado en respuesta a la muerte de ‘Giovani’, uno de sus jefes.

El mismo documento señala la impunidad como un elemento grave pues los responsables de los crímenes contra los periodistas en su mayoría siguen en libertad. Señala por ejemplo que «de 139 casos de periodistas asesinados desde 1977, han prescrito 57 (en el 2011 prescribieron 9 casos) y ha habido sólo 17 sentencias condenatorias en este transcurso de tiempo». Los más significativos son el de Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá en 1999; el de Héctor Abad Gómez, ocurrido en Medellín en 1987; Amparo Leonor Jiménez, ocurrido en Valledupar en 1998; y el de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia (Antioquia).

Origen de las amenazas

En cuanto al origen de quienes agreden a la prensa con amenazas, cierre de espacios, asesinatos y maltrato físico, la FLIP resalta que el 37 % corresponde a políticos, funcionarios del Estado y miembros de la Fuerza Pública; otro alto porcentaje (15 %) corresponde a los grupos paramilitares hoy llamados bandas criminales (Bacrim). Respecto a esto último es preocupante su nuevo avance en varias regiones del país, con presencia en 347 municipios, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que se recogen en este informe. La insurgencia armada es responsable también del 5 % de estas agresiones.

Algunos de estos puntos fueron tratados en el resumen que hizo del informe Andrés Morales, director ejecutivo de la FLIP, y fueron la entrada a la temática del foro sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. A continuación de esto se realizó una videoconferencia desde Estados Unidos con Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Botero señaló que en la región hay dos grandes problemas que atentan contra la libertad de prensa. Uno, el crimen organizado, frente al cual varios Estados aparecen impedidos para confrontarlo porque éste los tiene altamente infiltrados o cooptados a sus funcionarios y eso ha llevado a que la violencia y la impunidad frente a la coacción de la libre expresión y la información sea creciente. El otro problema que señala la Relatora es el gran desprecio que tienen ciertos Estados respecto a los valores democráticos, en los cuales se quieren resguardar ciertos derechos restringiendo las libertades, perdiendo la oportunidad de que la libre expresión sea un mecanismo eficaz para enfrentar la corrupción y el autoritarismo.

La funcionaria indicó que en este último sentido se enmarca la discusión sobre las recomendaciones que hicieron Ecuador y Venezuela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la página ecuatoriana Confirmado.net: «Una recomendación muy criticada fue la de distribuir “de manera balanceada” los fondos entre las ocho relatorías de la OEA porque actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con empleados contratados a tiempo completo, gracias a un presupuesto anual cercano a los 900.000 dólares aportado completamente por fuentes ajenas a la OEA». Finalmente Botero planteó que lo ideal para que los medios de comunicación jueguen el papel que les corresponde en una sociedad depende de que los Estados garanticen que se desarrollen en tres espacios: el privado, el público y el comunitario.

Por su parte el periodista mexicano Jacinto Rodríguez, Revista Eme-equis, expresó que una de las razones del periodismo es ser contrapeso del poder y en eso han pecado los periodistas en su país al acompañar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 70 años de poder sin cuestionar todo lo que se fraguó en ese tiempo que dio origen a lo terrible que se vive hoy con el narcotráfico y la corrupción. Según el informe de 2010 de la CIDH, 64 periodistas han sido asesinados y 11 desaparecidos en México entre los años 2000 y 2010. Afirma que la prensa se encuentra sola y sin el apoyo de la sociedad ante esta arremetida de las mafias, una soledad que ella misma construyó por su alejamiento a las comunidades y su maridaje con el poder.

Ignacio Gómez, presidente de la FLIP y subdirector del noticiero colombiano de televisión Noticias Uno, aportó elementos a este debate señalando que en el país hay un incremento en las amenazas a los periodistas, sobre todo en regiones como Arauca. Explica que allá no sólo los amenazan, sino que por el hecho de informar sobre el desarrollo de hechos como un paro armado en la región los mismos mandos militares los señalan de hacer el juego al terrorismo.

Respecto a Urabá y otras regiones donde supuestamente ha disminuido el asesinato de periodistas, señaló que la realidad es que allí ya no hay periodistas para asesinar e incluso tampoco hay periodismo. Ubicó que cuando hay un periodista amenazado hay que protegerlo y también el tema que investiga. En este sentido hizo referencia a la historia de Tamalameque (Cesar) donde la periodista Amparo Leonor Jiménez fue asesinada el 11 de agosto de 1998 en Valledupar después de haber sido amenazada en 1996 por investigar el caso de la hacienda Bellacruz. Sobre esta hacienda reclama propiedad Carlos Arturo Marulanda, ex ministro de Desarrollo, ex embajador ante la Unión Europea, acusado de conformar grupos paramilitares y del desalojo violento de 200 familias de estos predios.

Intervino allí Andrés Villamizar, director general de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, para plantear lo que el Gobierno está haciendo frente a este panorama de la autocensura de los periodistas. Esta unidad fue creada recientemente por el Gobierno de Juan Manuel Santos y pretende, según noticia de El Heraldo de 31 de octubre de 2011, «integrar en un solo programa los esquemas de protección de los jueces y fiscales, testigos, defensores de derechos humanos, población en situación de desplazamiento, periodistas, sindicalistas, además de otras poblaciones vulnerables».

Villamizar afirmó que el Gobierno reconoce que efectivamente hay un maridaje entre los políticos de cada región con el grupo armado dominante y tiene que ver en muchos casos con el manejo de las rentas locales. Por lo mismo el Gobierno está trabajando en municipios emblemáticos de corrupción y apunta a hacer una acción coordinada donde se actúe efectivamente sobre el problema y se proteja a quien informa o denuncia.

Fausto Joshua Ríos, director y periodista del Canal Seis, canal de televisión comunitaria de Guarne (Antioquia) que cubre información de los municipios del oriente del departamento, comentó ante los participantes del foro que tiene muchas dificultades para ejercer su oficio. Explicó que por un lado es inevitable hacerse visible cuando se trabaja para informar a la gente, en parte porque las personas le otorgan confianza y credibilidad al ver reflejados sus problemas en un medio de comunicación y porque nadie quiere responsabilizarse por lo que otro dijo, de ahí que para quienes se molestan por lo que se dice es fácil saber a quién amenazar. También está la coacción económica sobre todo de parte de las autoridades municipales que son quienes determinan a quien se le dan las pautas publicitarias y por lo tanto condicionan diciendo «bueno yo te pauto, pero cuidado con lo que vas a decir». Concluye que la censura viene en gran parte desde las administraciones porque se señalan las cosas que pasan y quiénes son los responsables, «por eso tenemos enemigos en los 23 municipios».

El foro fue coordinado por Claudia Morales, directora de la sección Enfoque de la revista Semana, quien ubicó los objetivos del foro y fue saludando a algunas personas conocidas del público, en especial a Jineth Bedoya, una periodista que después de 11 años de haber sido secuestrada, torturada y violentada sexualmente, tuvo que colocar una demanda ante la CIDH para que su caso se resolviera. Bedoya, muy emocionada, informó a los presentes que por fin la Fiscalía identificó en días recientes a uno de los paramilitares responsables de los hechos.

A los asistentes a este foro se les entregó un CD con copia del informe de la FLIP titulado «¿La censura en las regiones, llegó para quedarse?». Respecto al tema en la página 32 de este informe dice: «Germán Arenas, corresponsal de Caracol Radio en el Putumayo, asegura que “la censura viene de los dueños de los medios de comunicación y viene de la dirigencia política, porque, desafortunadamente, en el departamento el periodista tiene que pagar su espacio. No hay empresa privada, no hay industria, no hay comercio. Así que la pauta viene del sector oficial”. Bajo estas condiciones, muy pocos periodistas se atreven a cuestionar las instituciones que les dan de comer». Acompañaba este CD, una cartilla del Ministerio del Interior sobre seguridad preventiva titulada: «Quien maneja la información, controla el riesgo» y un manual para el acceso a la información de parte de la FLIP que pretende resolver preguntas como: «¿Tengo derecho a conocer y divulgar este información? ¿Pueden negarme al acceso a este tema? ¿Pueden restringir mi acceso al lugar de los hechos o prohibir un cubrimiento noticioso?» y señala otra idea importante en su introducción: «La información es la materia prima de la democracia».

stage

Descarga el informe 2011 de la FLIP clickando en la imagen.

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