La defensa de los acusados por el homicidio de jueza en Arauca insiste en que el juicio es un montaje

El homicidio de la jueza provocó una remilitarización de la región y de Saravena. El sábado fue detenido el presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), Carlos Alberto Núñez Flórez, a quien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares de protección a causa de la persecución estatal sufrida en años anteriores por su labor política y social.

Entre los días 13 y 16 de febrero tuvo lugar la cuarta sesión del juicio oral por el homicidio de la jueza penal Gloria Constanza Gaona en Saravena (Arauca)el 22 marzo de 2011. El grupo de juristas encargado de la defensa de los tres acusados detenidos afirma que el proceso judicial es un montaje contra pobladores y que la Fiscalía nunca investigó los hechos.

La Fiscalía por su lado sostiene la tesis de la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el asesinato de la jueza aportando como testigos a una mayoría de miembros de la Fuerza Pública que no presenciaron los hechos y cuyas declaraciones mantienen que el control del orden público en la región oriental del país está en manos de la insurgencia armada.

El martes una de las testigos presenciales de los hechos, Mireya Agudelo, oficial mayor del juzgado penal de Saravena y subordinada de la jueza, señaló a uno de los detenidos como el homicida. La defensa de los acusados impugnó la credibilidad de la testigo por su presunta incapacidad para recordar y comunicar los hechos por dudas expresadas en elementos clave.

En su primer texto de acusación, la Fiscalía solicitó alrededor de 50 testigos de los cuales ninguno presenció los hechos. En esa diligencia no solicitaba la presencia de Agudelo ni de otras dos personas: un agente de policía que vio al asesino desde su apartamento y otra funcionaria judicial que se lo cruzó de frente mientras huía a pie.

La defensa arguye que en una diligencia de reconocimiento fotográfico Agudelo no pudo reconocer al hombre que disparó cinco veces en el cuerpo de Gaona. En entrevistas con policía judicial le atribuyó una altura de 175 cm coincidiendo en esa característica física con los otros testigos presenciales. El señalado por esa testigo, Nelson Archila, quien ya cumplió una condena entre 2003 y 2006 por rebelión, mide 168 cm, una diferencia considerable y difícil de equivocar según la defensa.

El fiscal se opuso a que el abogado de Archila usara en el interrogatorio las dos entrevistas y el retrato hablado que Agudelo realizó ante los investigadores. La defensa sostiene que el objetivo de la Fiscalía era evitar que se hicieran más evidentes las contradicciones existentes entre esas primeras versiones y la que expuso en el juicio la testigo.

Mireya Agudelo se encuentra en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía colombiana y la defensa de los acusados cree que ha sido presionada o favorecida con ofrecimientos para inculpar a uno de los detenidos, lo cual explicaría el cambio de versión o las contradicciones en sus declaraciones.

El jueves el fiscal pidió una prueba sobreviniente, autorizada por la ley si en el desarrollo del juicio oral se conoce algo excepcionalmente relevante; se trata de un supuesto desmovilizado del ELN que dice haber pertenecido a esa organización desde enero de 2010 y entregarse al Ejército en septiembre de 2011. Supuestamente rindió una entrevista ante la policía judicial dos días después de concluida la audiencia preparatoria en la que se deben pedir las pruebas.

Para la defensa es un despropósito que el fiscal esperara más de cuatro meses para presentar esta prueba. Además, considera que el sujeto no pudo presenciar el homicidio ya que afirma su condición de combatiente rural pero que ese día se encontraba en pleno centro del casco urbano de Saravena gracias a un permiso de sus superiores. El supuesto reinsertado dice que era miembro de ASOJER, Asociación Juvenil y Estudiantil Regional araucana, y que esa sigla significa «Asociación de Jóvenes Revolucionarios… o algo así». La prueba fue autorizada por el juez y declarará en próximas audiencias.

Hasta esta semana, la “prueba reina” de la acusación era un video en el que supuestamente se apreciaban varias reuniones de hombres donde podían estar los implicados. El lunes la visión del video de las cámaras de seguridad del centro de Saravena no mostró nada relevante.

Impacto mediático del caso

Este crimen causó un gran impacto mediático porque su despacho se encargaba del caso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares acusado de la violación de dos niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanos de 9 y 6 años.

Una nueva sesión del juicio oral por este caso tuvo lugar la semana del 6 al 10 de febrero en Bogotá. Hasta ahora los testimonios de los militares que compartieron pelotón con el acusado y que fueron destituidos confirman su comportamiento irregular, según informa Humanidad Vigente. Una perito forense de Medicina Legal afirmó que el militar tiene una conducta típica de un «depredador sexual».

En este proceso judicial también se introdujo la declaración de un supuesto desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quien afirma que escuchó a un comandante de esa guerrilla ordenar el homicidio de los niños.

Gaona instruía una mayoría de procesos por rebelión —un 80-90% del total de sus casos según Mireya Agudelo— y también de ejecuciones extrajudiciales donde había miembros de la Fuerza Pública implicados. La misma tarde del homicidio estaba programada una reconstrucción de los hechos sobre uno de estos casos de ejecuciones extrajudiciales —que en Colombia se han conocido como ‘falsos positivos’—. La semana siguiente estaba prevista una audiencia sobre el caso de los niños asesinados.

El propio director de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), general Carlos Ramiro Mena, asumió la investigación del homicidio de la jueza y ordenó la conformación de un grupo especial que tras cinco semanas de investigación y seis allanamientos la Policía capturó a tres hombres y los acusó de ser los autores del asesinato de la funcionaria pública.

Voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos, incluido el mismo presidente, afirmaron que los jóvenes judicializados eran milicianos del ELN y que con tal hecho quedaba descartada la participación del Ejército Nacional en el crimen de la funcionaria judicial. Miembros de organizaciones sociales araucanas afirman que la institución necesitaba limpiar su imagen ya que se colocó en el centro de las acusaciones por el homicidio de la jueza. Hasta ahora ninguna organización armada ha reconocido la autoría del crimen

Los testigos y el baile de millones

>Mena llegó a Arauca y ofreció 500 millones de pesos de recompensa por conseguir información sobre los responsables del asesinato: 450 millones ya fueron repartidos entre personas que no presenciaron los hechos.

De los 500 millones, 75 fueron para una persona condenada por extorsión que en el momento de los hechos estaba en prisión y recibió esa cantidad porque supuestamente escuchó una conversación previa entre dos personas que él asoció con el posterior homicidio de la jueza. Este hombre reconoció que el objeto de su declaración fue recibir la recompensa y así resolver problemas económicos. También dijo que le habían ofrecido una rebaja en la condena, pero él mismo dijo en el juicio oral que no se ha hecho efectiva. La versión de cómo la policía judicial llegó hasta el informante tampoco quedó clara en el juicio: el testigo no aclaró quién buscó a quién.

El resto de esa cantidad de dinero ha ido a parar a individuos que no presenciaron los hechos y cuyas versiones son contradictorias. Según el jefe del grupo especial que realizó la investigación, el mayor de la DIJIN (Dirección de Investigación Judicial) Edwin Urrego, entregó 75 millones a otro hombre que fue capturado después de los hechos e igualmente condenado por extorsión.

Entregó otros 100 millones a una mujer que dijo haber visto a uno de los acusados pasar en una motocicleta frente a su residencia, la cual ni siquiera se ubica cerca del lugar del homicidio. Esta mujer declaró en enero pasado y afirmó que desde el año 2010 colaboraba con la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial de la DIJIN). La informante y testigo dijo que conocía a dos de los acusados desde que ella tenía nueve años y ellos doce y que «desde entonces sabe que son milicianos del ELN porque ellos se lo habían dicho».

También entregó 200 millones a dos personas que afirmaron estar a una cuadra de los hechos e identificar a dos personas en moto.

Según informó Noticias Uno el 6 de agosto de 2011, una testigo que señaló a los supuestos autores del crimen de la jueza denunció que funcionarios de la Fiscalía en Saravena le ofrecieron dinero para que declarara contra los tres detenidos.

Estigmatización de la población civil

Organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca indican que las judicializaciones forman parte de la estrategia del Estado para mantener el control territorial. En esos procesos ganan protagonismo las declaraciones de supuestos desmovilizados de grupos armados ilegales.

También explican que la población de Arauca ha sido estigmatizada y violentada históricamente a causa de la explotación petrolera y la presencia de organizaciones insurgentes en esa región limítrofe con Venezuela. Sus organizaciones sociales han sufrido los efectos de la confrontación ya que el Estado las ha vinculado con los grupos armados.

Según informa la Fundación Joel Sierra, el caso más reciente es la detención del presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), Carlos Alberto Núñez Flórez, el 18 de febrero de 2012. A causa de la persecución estatal sufrida en años anteriores por su labor política y social, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares de protección. Precisamente, el miércoles 15 de febrero fue nuevamente reseñado por miembros de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior en el marco de la elaboración de un supuesto estudio de riesgo para el cumplimiento de esas medidas. Tres días después es capturado acusado del delito de rebelión.

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