Más de 450 presos políticos permanecen en huelga de hambre en 14 cárceles exigiendo la visita de Colombianos y Colombianas por la Paz

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Hoy 21 de marzo, 193 internos de la cárcel de Cómbita (Boyacá) levantaron su huelga de hambre pero no dejaron la jornada de protesta. A la vez, 100 internos de la cárcel ERON Nueva Picota de Bogotá se adhirieron a la huelga de hambre en el marco de la jornada nacional de protesta. Hasta ahora la cifra de presos en huelga de hambre supera los 450 en 14 cárceles, en su gran mayoría en condición de detención por motivos políticos.

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El Gobierno negó la visita de una misión de verificación que ya había autorizado a la organización que busca el acercamiento entre las diferentes partes del conflicto armado mientras el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, niega la existencia de presos políticos en Colombia.

Ayer 20 de marzo la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) informó que más de 500 presos, en su mayoría presos políticos, iniciaron una huelga de hambre y esperan que unos 1.500 participen en unas diez cárceles del país. Los detenidos exigen al Gobierno que permita el ingreso de una misión internacional de verificación de la situación de las cárceles, de las personas privadas de libertad en general y de los presos políticos en particular. Esta misión fue propuesta por Colombianos y Colombianas por la Paz y otras organizaciones y ha sido negada por el Gobierno que ya había dado el visto bueno tras considerar que en Colombia no existen presos políticos ni de guerra.

Según Pedro Jesús Romero, preso político recluido en la cárcel El Barne en Cómbita (Boyacá) en la que unos 70 presos políticos se mantienen en huelga, las acciones serán pacificas: «No consumiremos alimentos y junto con cientos de otros presos políticos y presos de guerra estaremos denunciando las violaciones a los derechos humanos en las cárceles, hacinamiento, tratos crueles e inhumanos, violación al derecho a la salud, a la alimentación, a la visita, asesinatos».

Según acaba de informar Nixon Barrera, prisionero político recluido en la cárcel de Cómbita, los 193 presos del patio 1 que se encontraban en huelga han decidido levantar la protesta tras considerar que su reivindicación ha tenido el suficiente eco en la opinión pública y los organismos del Estado.

Presos políticos recluidos en la cárcel de Palo Gordo en Girón (Santander) anuncian que unos 170 presos entrarían en la huelga:

Otras cárceles en las que los presos políticos adelantan la huelga son: 12 en Quibdó, 15 en Urabá, 2 en La Modelo de Bucaramanga, así como en La Picota y ERON Nueva Picota en Bogotá, Valledupar, Dorada (Caldas), Buen Pastor en Cúcuta, Apartadó, los patios 2 y 8 en Itagüí, en Bella Vista en Antioquia y en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

El Colectivo de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra Antonio Nariño en Cómbita declara en un comunicado público: «La insurgencia colombiana ha venido dando pasos importantes en la posibilidad de explorar una solución política dialogada a la guerra. Y como muestra de esta firme convicción de buscar la paz entre los colombianos, con soberanía y determinación, es la entrega unilateral de los retenidos en su poder. Consideramos que si el Gobierno está convencido de buscarle una salida dialogada al conflicto debe hacer un gesto recíproco que anime a las partes a continuar apostándole a esta iniciativa y una debe ser la de reconocer el conflicto social y armado y, al mismo tiempo, la existencia de presos políticos y prisioneros de guerra y permitir la verificación propuesta por Colombianos y Colombianas por la Paz».

¿Existen presos políticos en Colombia?

Otras organizaciones de apoyo a presos políticos como Fundación Lazos de Dignidad o la Campaña Traspasa los Muros apoyan las reivindicaciones de las personas privadas de libertad y rechazan el pronunciamiento hecho por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien en el marco de la negativa de ingreso a las cárceles del país de la comisión de verificación dijo el pasado 7 de marzo: «(…) tendrían como población objetivo a los presos y presas políticos, de guerra y de conciencia que, como dije, no existen en Colombia, y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de mediar, sin que el Gobierno la hubiera autorizado para ello».

La FCSPP sostiene que es innegable la existencia de los presos políticos en Colombia por dos razones: «Primero el Gobierno actual aceptó públicamente la existencia de un conflicto armado y por ende la existencia de los prisioneros de cada uno de los bandos en confrontación; y en segundo lugar, algo que al parecer el ministro desconoce, que en nuestro Código Penal existe el delito de rebelión para “los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución (…)”». En ese sentido la FCSPP concluye que no se puede negar la existencia del delito político en Colombia y por consiguiente los presos políticos, los cuales son «discriminados, amenazados, perseguidos y reprimidos, algunos torturados por lo que se hace necesario un acompañamiento de la sociedad civil con el fin de verificar, denunciarla y realizar recomendaciones que ayuden a poner fin a esta situación en las cárceles de Colombia».

La FCSPP muestra una profunda preocupación pues «el jefe máximo del sistema penitenciario, quien determina las condiciones de reclusión de los presos, niega la existencia de cerca del 5 %; le pedimos al ministro Esguerra que deje atrás los años que ejerció como ministro de Defensa y actúe como ministro de Justicia generando políticas encaminadas a las garantías y el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones carcelarias».

En el reciente informe “Perspectiva en punto de fuga: Propagación del Modelo de Represión por Causas Políticas” presentado por la Fundación Lazos de Dignidad y la Campaña Traspasa Los Muros en el Foro Colombia entre Rejas sostienen que desde los años 70 han sido constantes las denuncias sobre la existencia de personas prisioneras políticas en el país. A partir del año 2006, diferentes organizaciones de derechos humanos alertan sobre la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la libertad por causas políticas en Colombia; sin embargo, el 4 de agosto de 2011, los presos del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el aumento de esta cifra estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisioneras y prisioneros políticos en el país.

Según el INPEC, la población privada de la libertad a 31 enero de 2012 ascendía a 102.292 personas, hallándose 21.199 de estas personas asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). La conclusión de los prisioneros guerrilleros según estos números es que en Colombia existen un mínimos de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos.

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