Los taxistas convocan un paro indefinido en Barranquilla a partir del miércoles 25

Taxistas encadenados a sus vehículos en la Plaza de la Paz de Barranquilla.

Hoy lunes 23 de abril una docena de taxistas se encadenaron a sus herramientas de trabajo en la Plaza de la Paz en Barranquilla y mediante una huelga de hambre anunciaron la jornada de protesta pacífica que tendrá lugar a partir del miércoles 25 en toda la capital del Atlántico y que se prevé indefinida hasta que la administración no resuelva sus peticiones.

En Barranquilla hay alrededor de 15.000 taxis y otros 5.000 en Soledad y el área metropolitana. Según el Sindicato de Conductores de Taxis de Barranquilla (Sincontaxbar) al cual están afiliados 6.000 conductores, supone una sobreoferta que afecta el derecho al trabajo: «No hay cama para tanta gente», expresa el presidente de Asodacia, Rafael Álvarez. Por cada 200 habitantes debería haber un taxi y según esa ecuación la ciudad tendría 7.500 taxis. Cuando el sindicato pidió los últimos datos, la Secretaría de Movilidad informó que existen 11 empresas que tienen registrados 12.565 vehículos tipo taxi e, incomprensiblemente, una “empresa indeterminada” con 61 vehículos.

Por el incremento de taxis irregulares en la ciudad, el alza del precio de la gasolina, la inmovilidad de la ciudad y la afectación al ambiente, el gremio de conductores de taxi convoca a un paro indefinido desde las 6 de la mañana en el Parque Suri Salcedo. Sus miembros invitan a llevar camiseta amarilla y flores marchitas ya que, según explican los taxistas Orlinson Villa y Orlando Sovieth, el jardín que la alcaldesa Elsa Noguera dijo que iba a florecer en Barranquilla está marchito.

Orlando Sovieth, Rafael Álvarez y Orlinson Villa, conductores de taxi de la ciudad.

Los trabajadores que se encadenaron hoy entienden que el sobrecupo de taxis es un problema social —rebusque, desempleo, informalidad laboral— cuya resolución no está en sus manos y que la administración tiene que resolver de alguna manera. «El paro es indefinido hasta que el Secretario de Movilidad, Jaime Pumarejo, y la alcaldesa decidan cuándo se acaba esto. Hemos tenido acercamiento con las autoridades pero dicen que nuestras peticiones no son viables».

Los conductores afirman que cuando empiezan a trabajar tienen una deuda de más de 100.000 pesos. Sus gastos son: 60.000 pesos de tarifa, 30.000 de combustible, 12.000 por la radiofrecuencia, más otros diversos. Dicen que el ingreso que le queda al taxista es de alrededor de 20.000 pesos.

El ‘pico y placa’

Algunas de sus propuestas son el censo obligatorio y no más entrada de taxis de manera irregular a la ciudad. «Barranquilla colapsó de carros y es la única ciudad donde el ‘pico y placa’ se aplica solo a taxis y no a particulares». El sindicato cree que los particulares también tienen que aportar a la movilidad de la ciudad y asumir la aplicación del ‘pico y placa’, una restricción horaria de tránsito en función de los números de la matrícula y los días de la semana.

El propio sindicato pidió el ‘pico y placa’ para taxistas ante el sobrecupo existente que se aplica hoy en día y para particulares solamente se aplicó durante cuatro meses (diciembre 2010-abril 2011). El decreto del ‘pico y placa’ duró cuatro meses con el objeto de estudiar la medida. El sindicato nunca estuvo de acuerdo con que se levantara la medida y algunos conductores explican que fue una medida electoral pues el ‘pico y placa’ a carros particulares afectaba a los potenciales votantes de la actual alcaldesa.

En el momento de la derogación del decreto, el Secretario de Movilidad, Jaime Pumarejo, afirmó que los problemas de movilidad en la ciudad se resolvían mejorando la amabilidad de la vía y reforzando la educación vial. El sindicato declaró en su momento que el ‘pico y placa’ sí funcionó pero debía extenderse el horario; entre otros gremios, Fenalco y Fendipetroleo celebraron la derogación de ese decreto.

Las Dacias

Rafael Álvarez con su taxi tipo Dacia.

Los conductores de las camionetas Dacias sufren una problemática especial. Después de 18 años prestando un servicio comunitario en la informalidad laboral, la administración dice que debe salir de circulación porque un taxi no puede prestar un servicio colectivo y no es una ruta adjudicada. El presidente de Asodacia, Rafael Álvarez, es claro ante el asunto: «La Secretaría de Movilidad insiste en que estamos en la ilegalidad y nosotros decimos que estamos en la informalidad cuya legitimidad nos la dan los 18 años de estar prestando esta actividad».

Álvarez sostiene que son un parque automotor que realiza una ruta —Simón Bolívar desde La Uno hasta la carrera 38— cuyo servicio hace 18 años nadie quería prestar pues «ese corredor era conocido como el botadero de muertos de la ciudad, nadie se le medía a esa ruta».

La ruta nace por la necesidad social donde un grupo de propietarios de vehículos decide organizar el servicio que cubre un corredor del suroccidente de Barranquillla de estratos 1 y 2 donde hay varios institutos de educación media. «Prestamos un servicio de hasta 500 pesos para estudiantes, una tarifa diferencial que no hace el transporte masivo, es por eso que la gran problemática no es de conductores, es de ciudad», explica Álvarez. El Estado se queda en los efectos de los problemas y no en las causas, insiste el conductor de la Dacia, uno de los protagonistas de la protesta de hoy.

Afirma que el transporte de las Dacias genera unos 700 trabajos indirectos: «Al principio éramos 364 vehículos, pero a causa de la represión a la que nos ha sometido el Distrito, quedamos 120 vehículos». Las multas, la inmovilización de vehículos y la constante estigmatización y amenaza de quedar sin empleo han hecho que un gran grupo de conductores de Dacias hayan abandonado el trabajo.

Álvarez afirma que la única manera que tienen de subsistir es ser taxi colectivo: «Así como existe la flexibilización laboral hacia las empresas, pues también pedimos que haya flexibilidad hacia el sector informal: o son flexibles con la informalidad o hallan una solución social». La asociación hizo todo el proceso de legalización y homologación sin resultados y cuando los grandes empresarios vieron que era lucrativo, las Dacias fueron desplazadas.

En ese sentido, Álvarez explica que aunque Planeación Nacional impedía a partir del año 2002 la adjudicación de nuevas rutas de buses, el área metropolitana de Barranquilla otorgó a dos empresas filiales de Sistur y Metrocaribe —operadoras de Transmetro, negocio privado de transporte masivo— la misma ruta de las Dacias desconociendo el trabajo y servicio de esta asociación de trabajadores y priorizando los intereses de grandes corporaciones.

Leyes que se aplican de manera diferente

Repartiendo el volante a los taxistas que pasaban por el lugar de la protesta.

Tras la última reunión del viernes con el Secretario de Movilidad, el funcionario adujo que no podía dejar de aplicar la normatividad y la legalidad. Su compromiso fue llevar a la reunión de hoy mismo unas propuestas de solución pero hoy tampoco había propuestas de solución, sino más bien de dilación de la problemática.

Al respecto, los conductores preguntan si esa intransigencia con la ilegalidad no aplica también para la Ley 336 de 1993 que obliga a que las empresas de taxis deben cumplir con los requisitos para que los conductores disfruten de los beneficios de la seguridad social. A pesar de las denuncias, las empresas siguen sin cumplir la Ley.

Los conductores explican que otros gobiernos locales permitieron nuestro trabajo, pero con la administración del alcalde Alejando Char vino totalmente la represión. Los taxistas dicen que internamente en la Secretaría de Movilidad existen planes conocidos como “Plan Exterminio Dacia”.

En los últimos tres años ha habido unas mesas de diálogo pero sin solución al conflicto. Álvarez dice que todos los gobiernos han aplicado la misma medida y no ha habido voluntad política. Los antecedentes no son muy halagüeños pues quien fuera director de Metrotransito —entidad de regulación de tránsito distrital antes de llamarse Secretaría de Movilidad—, Carlos Altamar, fue acusado de haber defraudado 28.000 millones de pesos de las finanzas públicas en 2007. Fue acusado de organizar una falsa chatarrización de unos 2.400 taxis para vender 2.400 nuevas licencias de vehículos de transporte público. Fue acusado de organizar una oficina de movilidad paralela a la oficial para multar y quedarse directamente con el dinero de esos comparendos falsos: el rumor popular llama Villacomparendo al edificio privado que Altamar construyó en el barrio Montecristo.

Momento de la protesta en la Plaza de la Paz.

El dinero alrededor de la movilidad en Barranquilla tiene muchos tentáculos. Algunos conductores explican que una medida para no aplicar el ‘pico y placa’ a particulares es la necesidad del ingreso a través de multas. Al respecto, explican que la empresa Transporte y Grúas Ltda. tiene la concesión de los cuatro patios de inmovilización de vehículos de la ciudad. Cada fin de semana son inmovilizados unos 150 vehículos que suponen unos buenos ingresos. A parte de la multa que puede oscilar entre los 400.000 y 500.000 pesos, el servicio de grúa es de 87.300 pesos más IVA para vehículos particulares y 10.200 pesos más IVA por el parqueo diario. Eduardo Varela, gerente de Transporte y Grúas Ltda., es el padre del actual presidente del Concejo, Alfredo Varela.

El siguiente Secretario de Movilidad, Alfredo Piñeres, es recordado por los taxistas por su frase «Déjame hablar con el jefe» pues no tenía ninguna autonomía para tomar decisiones en las reuniones con el gremio de conductores. Para algunos fue una de las tantas burlas de la administración Char con los taxistas: «En cuatro años no logramos nada: nunca conocimos a Alejandro Char». Es por ello que gran parte de ellos reconoce que a Elsa Noguera no la creen y por ello el paro del miércoles es indefinido con camiseta amarilla y flores marchitas.

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