Comunidades del Alto Baudó (Chocó) exigen mesa de concertación sobre fumigaciones

Una gran agitación social se vive desde comienzos del mes de junio en el Chocó, ante el anuncio de que se fumigarían con glifosato varios municipios del departamento. Varios alcaldes prendieron las alarmas y alertaron a las comunidades ya que se había fijado el 8 de junio como fecha de inicio de las aspersiones aéreas en el marco de la llamada política antinarcóticos.

Comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó

Las fumigaciones con glifosato han sido cuestionadas por los nocivos efectos directos que provocan en la salud de las personas, los animales domésticos y los cultivos de pancoger, al tiempo que expertos han señalado su poca eficacia en el control de cultivos de uso ilícito y por estar directamente relacionadas con el escalamiento del conflicto en zonas de erradicación. El investigador  Ricardo Vargas, se ha referido en varias ocasiones “a la doble agenda que en materia de políticas de drogas Washington ha hecho prevalecer en múltiples casos” expresando que “en el caso de Colombia, las fumigaciones han servido también de vehículo para garantizar la militarización de las áreas cocaleras bajo control insurgente”  De esta forma las fumigaciones y la política antidrogas, se habría convertido en parte de la lucha contrainsurgente.

Por otra parte ya en el año 2002 la Defensoría del Pueblo “exigió la suspensión inmediata del programa de erradicación aérea” En esa ocasión el defensor Eduardo Cifuentes dijo que “la fumigación era ilegal porque no estaba apoyada en un plan de manejo ambiental como lo exige la ley”. Pero además a través de sus propias investigaciones en el departamento del Putumayo, la Defensoría “reveló, en relación con las quejas por problemas de salud presuntamente por las fumigaciones, que el 29% de las personas presentaba deficiencias respiratorias; el 26,4% gastrointestinales; el 15,8% dérmicas; el 1,9% sicológicas; el 15,5% fiebre; el 5,4% malestar general, y otros el 0,9%.”

Por eso ante la inminencia de las fumigaciones en el Chocó se multiplicaron las asambleas, las reuniones y las movilizaciones. Según la página oficial del municipio de San José del Palmar, la decisión de fumigar estaba tomada desde mucho antes y  se oficializó mediante una visita “del Gobernador del Departamento del Chocó, el Comandante de la Octava Brigada con sede en Armenia Quindío, un representante de la Policía Antinarcóticos y otras personalidades”  y debía “ iniciarse el día Viernes ocho de Junio, situación esta que generó una amplia discusión entre los Sectores Productivos lícitos y los Defensores del Medio Ambiente”.

En el caso del Alto Baudó, al centro occidente del departamento, fueron los cabildos y los consejos comunitarios quienes tomaron la iniciativa y realizaron dos asambleas para analizar la problemática y proponer alternativas.  En una asamblea llevada a cabo el día cinco de junio, 14 comunidades del río Baudó iniciaron la denuncia manifestando que las “fumigaciones afectarían todos sus cultivos, los cuales por cultura se hacen en medio de la selva y revueltos”. Así mismo expresaron que el objetivo final de este tipo de operaciones era sacarlos del territorio.

El sábado 16 de junio en una reunión de Consejos Comunitarios Afrocolombianos y Autoridades Indígenas del  río Baudó se quejaron del abandono histórico en que se encuentra sumida la región y dijeron que “sólo conocemos de la presencia del Estado cuando vienen a envenenarnos y a imponernos sus decisiones, tomadas desde cómodas oficinas en Bogotá”

En esta misma reunión acordaron convocar al gobierno nacional, departamental y local a constituir una mesa de concertación con las comunidades donde se tomen las medidas frente a la  siembra de hoja de coca, la cual, dijeron “se ha implementado como recurso extremo con el propósito de superar mínimamente las agudas condiciones de pobreza a que nos hemos visto abocados históricamente.”

Por el momento las fumigaciones no se han realizado, resultado quizás de las gestiones y acciones comunitarias e institucionales, pero las comunidades  han iniciado ya una movilización, no solo para impedir su ejecución en un futuro inmediato, sino que han empezado a discutir sobre el desarrollo que requiere la región en condiciones de dignidad.



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