Colectivos de mujeres acusan al Procurador de atentar contra la vigencia y garantía del Estado laico

Hoy martes 10 de mayo de 2011 tuvo lugar en Bogotá un plantón frente a la sede de la Procuraduría General de la Nación exigiendo un ministerio público laico y no confesional en referencia a los pronunciamientos y las posiciones religiosas del Procurador General, Alejandro Ordóñez, que, según las organizaciones convocantes —colectivos feministas, de mujeres y de cuestionamiento de la norma sexual—, «viola derechos y genera equívocas y moralistas interpretaciones en relación con el respeto y garantía de derechos fundamentales, políticos, sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas en Colombia».

 Con una batucada, adhesivos y carteleras advirtiendo «Monseñor Procurador se equivocó de profesión», caras pintadas y letreros alusivos a la libertad de elección frente al tema del embarazo y el aborto la movilización centró sus denuncias en las arbitrariedades y extralimitaciones de Alejandro Ordóñez a la vez que hacían un llamado para que el presidente de Colombia y el Congreso de la República no reelijan a Ordóñez y el Consejo de Estado vigile e investigue los pronunciamientos y actuaciones que como servidor público realiza. Las organizaciones exigen que «el procurador Ordóñez se declare impedido frente a pronunciamientos en relación con asuntos contrarios a su fe religiosa» y llaman a la sociedad colombiana a que no acepte servidoras o servidores públicos «inquisidores, represores, autoritarios y moralistas en el ejercicio de sus funciones».

El Procurador y su fe religiosa

Imagen de la campaña contra los pronunciamientos y las posiciones del Procurador.

La movilización de hoy insistió en que el Procurador General de la Nación «atenta contra el goce efectivo de los derechos reconocidos en Colombia como la despenalización parcial del aborto (sentencia C-355/06 Corte Constitucional), la porción conyugal para parejas de mismo sexo (sentencia C-283/11 Corte Constitucional), además de atentar contra la vigencia y garantía del Estado laico».

La Circular 030 de 2009 de la Procuraduría no reconoce a la interrupción voluntaria del embarazo el estatus de derecho en los tres casos señalados por la Corte Constitucional y le ordena al funcionariado público proteger el derecho a la vida del no nacido, lo cual fue explícitamente denegado por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 que reconoció el derecho a optar por una interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias.

La Silla Vacía informaba el 7 de Abril de 2011 que «la Procuraduría mintió para evitar inclusión de abortivo en el POS» ya que ordenó al Ministerio de Protección Social que no incluyera el medicamente abortivo Misoprostol dentro del Plan Obligatorio de Salud tergiversando dos textos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ese fin.

El Procurador solicitó la nulidad de la sentencia T-388 de 2009 de la Corte Constitucional que ordenaba al Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación diseñar y poner en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Ordóñez argumentó que se estaba ordenando al Estado «implementar campañas de promoción del aborto». El funcionario también declaró que la píldora de anticoncepción de emergencia es abortiva y debe salir del mercado a pesar de que el Consejo de Estado (del que él fue magistrado entre 2000 y 2008) sentenció en 2008 que la anticoncepción de emergencia es anticonceptiva.

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