Ecopetrol pretende destituir e inhabilitar al presidente de la USO por diez años

La sanción contra Rodolfo Vecino todavía está en proceso de apelación que se resolverá el próximo lunes 19 de diciembre. Ecopetrol sigue procesos disciplinarios contra cerca de 1.000 trabajadores afiliados a la USO.

Rodolfo Vecino, presidente USO, dirigiéndose al público en un foro petrolero en Puerto Gaitán (Meta) en octubre de 2011.

La oficina de Control Disciplinario de Ecopetrol notificó el 13 de diciembre de 2011 la destitución e inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos al presidente de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera, Rodolfo Vecino. Esa decisión está motivada por hechos sucedidos en octubre de 2010 cuando el sindicalista recomendó en un acto público el voto por el entonces candidato a la Gobernación de Bolívar, Dionisio Miranda (Polo Democrático Alternativo). En ese mismo proceso iniciado hace un año estaban incluidos otros seis miembros del sindicato y finalmente la sanción recayó sólo en Vecino.

El sindicato petrolero presentó hoy jueves 15 de diciembre el escrito de apelación ante la segunda instancia en este caso que es el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy. El lunes Gutiérrez Pemberthy tiene que hacer pública la decisión; si se mantiene la sanción, el presidente de la USO tendría que recurrir al tribunal contencioso-administrativo.

«Esta decisión es un hecho político contra el sindicato», afirma Rodolfo Vecino a quien la Junta Directiva de la USO sigue respaldando como presidente. «Se está judicializando la lucha sindical y los hechos de todo este año reflejan esa persecución y estigmatización contra la USO para aniquilar al sindicato y desmoralizar a los trabajadores».

Según el comunicado difundido por la USO, «los despidos contra la dirigencia sindical de la USO obedecen a una decisión política sincronizada y coordinada con lo que está ocurriendo en los conflictos laborales y sociales en las regiones de explotación petrolera, las declaraciones públicas de Uribe Vélez, el ex ministro Londoño, el ex vicepresidente Francisco Santos, que han señalado a la USO como un sindicato armado y terrorista». La USO añade que estos hechos ponen en riesgo la estabilidad del sindicato «que siempre ha sido el principal obstáculo que históricamente ha tenido la oligarquía colombiana y las multinacionales para privatizar Ecopetrol y saquear el petróleo sin ninguna oposición».

Esta notificación sucede el mismo día que la USO-Barrancabermeja denuncia que la administración de Ecopetrol y las diferentes empresas contratistas se niegan a reconocer los acuerdos alcanzados tras los diez días de anormalidad laboral en el mes de noviembre en la refinería del Magdaleno Medio.

Igualmente, el sindicato informa que los trabajadores de Reficar —firma contratista para el proyecto de ampliación de la refinería en Cartagena— llevan dos meses de conflicto laboral sin resolución y la empresa no ha querido sentarse a dialogar con el sindicato.

Más de 1.000 expedientes contra trabajadores de Ecopetrol

Los trabajadores de Ecopetrol están sometidos al régimen disciplinario de los servidores públicos contenido en la Ley 734 de 2002 y el control interno lo asume la Oficina de Control Disciplinario y la segunda instancia corresponde al presidente de la empresa.

A principios de año, todos los dirigentes sindicales de Barrancabermeja tenían hasta 15 procesos disciplinarios por realizar mítines, entregar información y boletines, visitar los sitios de trabajo y participar en huelgas. Todos esos hechos son investigados por la Oficina de Control Disciplinario.

A la vez existen otros casos que preocupan al sindicato como los procesos contra miembros de la USO: Isnardo lozano, secretario general de la Junta Directiva Nacional de la USO, a quien se le adelanta el levantamiento de fuero sindical acumulación de faltas; Joaquín Padilla, USO Cartagena; Jaime Rodríguez, Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO).

La misma Oficina de Control Disciplinario despidió e inhabilitó de por vida a diez trabajadores afiliados al sindicato en la SUO y sigue procesos disciplinarios contra cerca de 1.000 trabajadores afiliados a la USO.

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