Violencia sexual en Boyacá, un dolor que se niega a permanecer escondido

Discriminación laboral, agresiones físicas y verbales, abuso sexual, amenazas y desplazamiento forzado por actores armados son algunas de las múltiples situaciones que padecen muchas mujeres en Boyacá, departamento que ocupa el deshonroso tercer lugar en violencia sexual a nivel nacional.

Según Rafael Parra Serna, director seccional de Boyacá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2011 se conocieron 21.000 casos de violencia ejercida hacia las mujeres colombianas: «Esta cifra comparada con la de años anteriores muestra un incremento significativo que no necesariamente indica que la violencia venga aumentando, como sí un cambio de actitud en las víctimas quienes temen cada vez menos a la hora de denunciar a sus agresores».

El carácter ascendente de las denuncias se sustenta en por lo menos 1.352 detenciones de hombres agresores en lo que llevamos del presente año 2012 en todo el territorio nacional, según fuentes estatales.

En el último estudio sobre el tema, presentado por la revista Forensis 2010, se relacionó para el caso boyacense el número de víctimas y la forma de violencia ejercida evidenciando que 475 mujeres habían denunciado abuso sexual y 3.192 agresiones físicas en el hogar, de las cuales 2.325 culpaban a sus parejas.

De acuerdo a la información obtenida, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual constituyen las formas más frecuentes de sometimiento e intimidación hacia las mujeres en el departamento, como se muestra en la Tabla 1.

Municipio	Violencia sexual	Violencia intrafamiliar-conyugal
Tunja	74	462
Sogamoso	42	392
Puerto Boyacá	41	128
Duitama	33	255
Chiquinquirá	22	138
Paipa	18	63

 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

A causa del conflicto armado que existe en Colombia muchas personas son obligadas a abandonar sus regiones. A Boyacá llega población proveniente de Casanare, Arauca, Santander y Norte de Santander; de esa misma población desplazada, el 70% son mujeres quienes buscando un lugar tranquilo en donde comenzar de nuevo con sus familias se establecen en Sogamoso, Nobsa, Samacá, Moniquirá y Santana. «Ellas generalmente bajo amenaza huyen solo con sus hijos porque sus compañeros han sido asesinados o desaparecidos», dijo Julio Roberto López, activista por los derechos humanos de la Corporación Zoscua y la Fundación Pedagógica Rayuela.

Muchas mujeres opinan que Colombia dio un paso importante con la Ley 1257 de 2008 «por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres»; sin embargo resulta necesaria y útil la realización de foros de socialización y pedagogía, como el que tuvo lugar hace algunos días en Tunja y que estuvo a cargo de la senadora Gloria Inés Ramírez. Las jornadas pretenden que las mujeres conozcan algunas herramientas legislativas para defender sus derechos.

Rafael Parra invita a las mujeres que han sido violentadas de cualquier forma «a que hagan valer sus derechos y a que denuncien oportunamente a los agresores ante entes que seguramente estarán dispuestos a colaborarles» como La Casa de la Mujer, Profamilia, los juzgados, las fiscalías, Policía Judicial y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta última entidad apoya los procesos judiciales iniciados por cuenta de las mujeres vulneradas con pruebas periciales realizadas con el consentimiento de ellas y con la orden expedida por la autoridad competente.

Dispuestas a brindar apoyo

Ingrid Langebeck, médica y directora de Profamilia en Boyacá.

Profamilia, entidad privada sin ánimo de lucro, maneja un completo programa de atención a mujeres agredidas denominado Avise (Atención Integral a la Violencia Sexual) que busca visibilizar esas situaciones lamentables de violencia que han tenido que vivir muchas mujeres. Solo con el documento de identidad es posible recibir bajo el principio de confidencialidad absoluta y casi de manera gratuita servicios médicos en general, ginecológicos, psicológicos y asesoría jurídica.

Ingrid Langebeck, directora de Profamilia, asegura que «cuando una mujer decide denunciar encuentra ayuda de todo tipo con la que incluso puede ser reubicada si su vida corre riesgo; la mayoría de estas mujeres logra rehacer su vida, mejorar su salud emocional y la relación con sus hijos cuando se alejan de ese entorno violento».

Ingrid coincide con muchas de sus colegas en que las causas sociales y culturales obedecen básicamente al machismo y a algunas fallas en el sistema educativo. «Se supone que la mujer debe ser muy sumisa porque él es su dueño y quien maneja el hogar, mientras ella debe hacer lo que le ordenen».

La Casa de la Mujer por su parte es un espacio adscrito a la Unidad de Extensión y Consultoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) que surgió como iniciativa de las mujeres del Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios para la Equidad de Género. Allí, donde hay lugar para niñas, niños, jóvenes, madres comunitarias, adultos de la tercera edad y mujeres en general, se generan proyectos que aportan, siguen y evalúan políticas públicas de género y diversidad sexual.

Astrid Castellanos, médica y directora de La Casa de la Mujer en Tunja.

Según Astrid Castellanos, su directora, «muchas mujeres no quieren denunciar porque algunas instituciones las mandan a conciliar con su agresor, aun cuando la violencia contra la mujer es un delito irreconciliable e injustificable».

Astrid asegura que resulta clave erradicar la cultura patriarcal; vencer el miedo a denunciar, a quedarse sin protección ni recursos económicos; romper paradigmas como «el lugar de la mujer es secundario», «la mujer debe estar en casa criando», «dentro de los deberes de una mujer está dejarse maltratar», «¿cómo va a dejar sin padre a sus hijos?», «¿cómo va a meter en la cárcel al padre de sus hijos?»… y continúa Astrid diciendo si acaso a alguien se le ocurrió preguntar: «¿Y cómo se le ocurre al padre pegarle a la mamá de sus hijos?».

---