La venta de ETB, una jugada calculada que afecta al patrimonio de Bogotá

Los sindicatos exigen a la nueva alcaldesa que retire el proyecto de acuerdo de venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que aporta al Plan de Desarrollo Distrital 240.000 millones de pesos cada año.

por Carolina Ibáñez

Trabajadores de ETB frente al Concejo de Bogotá, 17 de junio de 2011.

El viernes 17 de junio de 2011 tuvo lugar una sesión en el Concejo de Bogotá centrada en el proyecto de acuerdo de enajenación del total o una parte de la participación del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Está previsto que el posible acuerdo no se resuelva hasta el 29 de julio. En esta ocasión el sindicato mayoritario en la ETB, Sintrateléfonos, la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines (ATELCA) y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (SINTRAEMSDES) protagonizaron la protesta frente a la sede del Concejo con el objetivo de oponerse a ese proyecto de acuerdo y para exigir a la recién designada alcaldesa, Clara López Obregón, que retire ese proyecto y defienda la estatalización de ETB. Durante la protesta que fue acompañada por otros sindicatos en conflicto y por sectores estudiantiles los diferentes voceros insistieron en la importancia del momento para evitar la venta de ETB y que la movilización social en las calles y las acciones jurídicas en el Concejo y otras instancias son las que pueden frenar lo que se considera una jugada bien orquestada.

Aurelio Suárez: «Le dicen al Concejo que este patrimonio tiene que valorarse con los intereses del comprador y no del vendedor con fórmulas financieras que favorecen al inversionista y no al patrimonio bogotano».

Historia de la privatización de ETB

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá nació en 1884 como propiedad del Distrito Capital. Carlos Velásquez, actual fiscal del sindicato mayoritario en la empresa, Sintrateléfonos, afirma que una de las políticas de Estado es la venta o liquidación de las empresas de telecomunicaciones, sectores muy productivos, como Telecom (proceso de venta iniciado en 2003), Inravisión y Audiovisuales (liquidaciones iniciadas en 2004) o Adpostal (proceso iniciado en 1998).

En 1998 el Concejo Distrital en cabeza de Enrique Peñalosa autorizó la enajenación de parte de sus acciones en la ETB, la cual fue suspendida por parte del Tribunal Contencioso Administrativo tras la oposición de Sintrateléfonos y otros organismos estatales de control. Entre 2002 y 2007, la alcaldía de Antanas Mockus generó una nueva estrategia que llevó a crear un 11,5% de nuevas acciones que compraron los llamados “accionistas minoritarios”. En marzo de 2009 y con Samuel Moreno de alcalde, la Junta Directiva de la Empresa —creada tras la entrada de esos accionistas minoritarios que controlan directamente cinco de los siete puestos— propuso a la Asamblea de Accionistas buscar un “socio estratégico” para reforzar financieramente a ETB. Sintrateléfonos consiguió que el Juzgado 38 de Bogotá ordenara suspender el proceso de privatización del 49% de la ETB.

Instituciones como el Banco Mundial con informes como Welfare Consequences of Selling Public Enterprises (Consecuencias para el bienestar de la venta de empresas públicas) de 1992 promueven y sientan doctrina a favor de la privatización de las empresas estatales que tienen que regirse por la “mano invisible del mercado”. Para la Corte Constitucional, y según su sentencia C-037/94, la privatización tiene que estar «dentro de una estrategia dirigida a mejorar la productividad de la inversión económica, con menores costos, y reducir, por otra parte, el tamaño del Estado especializándolo en aquellas áreas de importancia para el interés general».

Es por ello que los argumentos del mejoramiento de la productividad de ETB y los anuncios de quiebra y falta de competitividad chocan de frente con las afirmaciones de Carlos Velásquez que insiste en que «está demostrado a saciedad por bancos internacionales que ETB no necesita plata, somos AAA, el pasivo pensional está fondeado, tecnológicamente estamos bien, dicen que ETB compra muy costoso, lo cual es falso, que económicamente estamos mal, también falso».

Según indicadores de la empresa entregados por la propia administración, los activos a 2010 superan los 4,8 billones de pesos y el patrimonio es superior a los 2,5 billones. Dispone de alta capacidad de endeudamiento equivalente a 820.000 millones en diciembre de 2010. Las calificadoras de riesgo otorgan cualificación “AAA” a la capacidad de pago de deuda corporativa de la ETB. La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó a ETB en abril de 2011 la calificación crediticia “AAA” y anotó que «genera flujos de caja suficientes para fondear sus planes de inversiones de capital». Los ingresos operacionales del año 2010 fueron de 1,47 billones, cifra superior al 2009. La deuda externa total significa el 3% sobre el total de pasivos. Para el concejal de Bogotá del Polo Democráctico Alternativo, Jaime Caicedo, «todo esto demuestra la fortaleza de ETB y su potencial para financiar por sí sola buena parte de su desarrollo técnico y de servicios».

La editorial del diario económico Portafolio del 15 de junio de 2011 reconoce: «Aparte de que tiene en sus manos tres cuartas partes de las líneas fijas de telefonía que existen en Bogotá, es el primer proveedor individual del servicio de Internet en Colombia y tiene una buena aceptación entre sus usuarios. Además, su operación es rentable de manera consistente, como lo muestran unas utilidades de 121.718 millones de pesos en el 2010 y un margen de ganancias —antes de impuestos, intereses y depreciación— del 44%, que es muy bueno. Para completar el cuadro, hay que resaltar que no existen problemas de caja y el nivel de deuda es razonable».

Jugada calculada

Para Fernando Rojas, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo (PDA), «nunca antes están más cerca de lograr vender la ETB; está diseñada la jugada de tal manera que está previsto lograr hacerlo». Para Rojas la jugada calculada se inicia con la suspensión como alcalde de Samuel Moreno quien había presentado al Consejo de Gobierno un proyecto de acuerdo que implicaba la venta del 51% de las acciones de ETB ya que su inicial propuesta del socio estratégico había fracasado. Es entonces cuando Juan Manuel Santos dicta el Decreto 1755 de 2011 que designa como alcaldesa ad hoc (ad hoc es una locución latina que significa literalmente “para esto”) a Cristina Plazas Michelsen para que «conozca y decida lo relacionado con la presentación de un proyecto de acuerdo para enajenar la propiedad accionaria de la Empresa de Teléfonos de Bogotá».

Trabajadores de ETB esperando la salida de Fernando Carrizosa, presidente de la junta Directiva de ETB, frente al Concejo de Bogotá, 17 de junio de 2011.

La alcaldesa ad hoc se crea porque la alcaldesa interina nombrada por el presidente de la República para sustituir a Moreno tras la suspensión por la Procuraduría de la Nación, María Fernanda Campo, es accionista privada de ETB y se generaría un conflicto de intereses.

El nombramiento de ambas alcaldesas provisionales ha sido denunciado por el Polo Democrático Alternativo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Santos. El argumento fundamental es que la designación debe ser de una terna del partido del suspendido mandatario local.

Un mes después de la suspensión de Moreno, el 10 de junio, el mismo día que Juan Manuel Santos designa a Clara López Obregón como alcaldesa del PDA, la alcaldesa ad hoc procedió a radicar en el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 por el cual «se autoriza al Distrito Capital, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, a la Lotería de Bogotá y al Instituto de Desarrollo Urbano enajenar las acciones que poseen en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá».

Ese proyecto de acuerdo permitiría la venta del total del 88,4% de las acciones que el Distrito posee en ETB. El trámite de ese proyecto centra la polémica entre sectores partidarios y opositores de la privatización de ETB. Por un lado existen motivos económicos y políticos y, por otro, lado jurídicos.

Dos alcaldesas en Bogotá

La bancada del PDA no deja de señalar que hoy en día la capital de la República tiene dos alcaldesas. Por un lado, Cristina Plazas a quien se le encomendó la presentación del proyecto de venta de ETB y su sanción y por otro Clara López. Los caminos jurídicos para impedir la venta de ETB van por dos vías que están en manos de la segunda.

En primer lugar, los propios compañeros de partido de Clara López como el concejal Fernando Rojas le recriminan que no ha sido capaz de retirar el proyecto de acuerdo ni de suspender las sesiones extraordinarias del Concejo de Bogotá que son las salidas legales que tiene para frenar la privatización de ETB. También le recriminan que «no ha sentido violada su condición de alcaldesa» ya que existe otra alcaldesa que puede sancionar un acuerdo. Según Rojas, «Clara López ha sido inferior a la responsabilidad que por escrito le hemos colocado la bancada de concejales del Polo ya que si este proyecto de acuerdo llega a pasar en el primer y segundo debate y llega a sanción, también a ella le pertenece, no puede escurrir el bulto allí». Fernando Rojas también reprocha a Clara López que tampoco ha sido capaz de alegar que le han usurpado sus funciones y no puede seguir admitiendo eso.

El otro camino jurídico remite a la Ley 136 de 1994 que obliga a que Clara López —designada alcaldesa de Bogotá por el Decreto 2035 de 2011— adelante su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular inscrito ante la Registraduría Nacional quedando así sujeta a la Ley estatutaria del voto programático y el Plan de Desarrollo de la ciudad. La Ley 136 de 1994 en su artículo 106 dice: «El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático». Y, ¿cuál es ese programa?: «Programa de Gobierno del candidato Samuel Moreno Rojas para la alcaldía mayor de Bogotá 2008-2011 por el Polo Democrático Alternativo: “El Distrito Capital se fortalecerá como espacio ciudadano de defensa de lo público, contrario a toda idea de privatización. (página 2)” y “En mi administración dinamizaremos la economía a través del fortalecimiento de las empresas públicas de la ciudad. (página 10)». En el caso de que Clara López no siga ese programa de gobierno que niega la privatización de ETB, concejales como Jaime Caicedo del PDA ya han anunciado que interpondrían una acción de cumplimiento que haría que los tribunales obligaran a la alcaldesa a dar cumplimiento del mandato legal.

Argumentos económicos

Aurelio Suárez, economista del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), corriente dentro del PDA, argumenta que la exposición de motivos del proyecto de acuerdo para la venta de ETB es mentirosa. Dice que ésta asegura que las telecomunicaciones ya están privatizadas en el mundo pero Suárez pone como ejemplos de empresas de telecomunicaciones estatales a la más grande del mundo, China Mobil, y a la más grande de la India, a la vez que países como Suecia o Suiza tienen una presencia enorme en el control de sus comunicaciones. Asimismo, asevera que los Estados Unidos no permiten que haya inversión extranjera en telefonía básica ni de larga distancia en más de un 25%.

El economista dice que la exposición de motivos miente cuando dice que ETB ha disminuido sus ingresos porque es ineficiente e incapaz ya que «todo el sector de telecomunicaciones de Colombia viene disminuyendo sus ingresos en los últimos cuatro años y la que menos ha disminuido sus indicadores financieros con relación a sus ingresos es ETB; Telefónica y Telmex tienen números negativos y menos liquidez que ETB». Y añade: «Los resultados del año 2010 están viciados por un atentado, el plan de retiro voluntario, que le quitó a la empresa 130.000 millones en su margen neto; si no fuera por eso, la empresa tendría una rentabilidad del 8% y le callaríamos la boca a esta gente».

Según la Contraloría de Bogotá, existieron irregularidades en la asignación de una póliza exequial así como de trabajadores que según el Plan de Retiro Voluntario no tendrían derecho y que fueron incluidos como beneficiarios del mismo. La Contraloría dice que ello ocasionó un presunto detrimento al patrimonio del Distrito Capital en una cuantía de 228 millones de pesos.

El baile de las acciones

En abril 2009 la Alcaldía anunció que ETB buscaba un socio estratégico. Aurelio Suárez denuncia que en ese momento, los accionistas privados cogieron tres millones de acciones con el propósito de valorizarlas si entraba el socio estratégico. El senador Jorge Robledo solicitó al Superintendente Financiero de Bogotá, Gerardo Hernández, que abriera una investigación contra los accionistas privados de ETB por una posible manipulación del valor de las acciones de la empresa.

Esta solicitud está fundamentada en la «enorme volatilidad que en los últimos dos años ha tenido el valor de las acciones de ETB». Así, Robledo explica que cuando se inició el proceso de búsqueda de un socio estratégico, la acción valía 691 pesos; para finales de 2009, el precio subió a 1.300 (un aumento del 188%) y después del fracaso del proceso, las acciones cayeron a 656: «Es probable que al iniciarse el proceso de capitalización-privatización de la ETB se hubiera montado una burbuja especulativa, la cual duplicó el precio de la acción con el propósito de que los accionistas privados pudieran sacarle el máximo provecho a la venta, bastante valorizada, de sus acciones». Aurelio Suárez explica que el socio estratégico nunca apareció porque algunos montaron una burbuja especulativa.

Robledo resaltó que en la bolsa casi nunca se negoció más del 0,5% de las acciones y que el cambio de los precios coincidió con el cambio de “capitalización” a “venta” de las acciones del Distrito. En ese momento esa baja cotización fue un argumento a favor de la privatización que además incidiría en la compra a menor precio de la empresa.

Ética y transparencia

El economista del MOIR enfatizó en que los trabajadores de ETB «se avergonzarían si leyeran en la exposición de motivos los mecanismos que le ofrecen al Concejo de Bogotá para valorar la venta de ETB». Explica que le recomiendan al Concejo que no consulte el verdadero valor real de ETB ni su marca —una de las mejores 50 empresas de Colombia según Suárez— sino que consulte la tasa de retorno y la tasa de interés del capital de quien la va a comprar: «Le dicen al Concejo que este patrimonio tiene que valorarse con los intereses del comprador y no del vendedor con fórmulas financieras que favorecen al inversionista y no al patrimonio bogotano».

Para Aurelio Suárez resulta «coincidencial» que se den tres situaciones: el precio de ETB según la Bolsa de valores es el mismo que dijera hace un año el presidente mundial de Telefónica, César Alierta —que dijo que esa empresa no valía más de 700 millones de euros (2 billones pesos)—, y el mismo que recoge la propuesta de valoración de ETB para el Concejo de Bogotá. «Este es el gran raponazo [acción de arrancar algún objeto contra la voluntad del dueño] en la historia de Bogotá, lo de los Nule es un juego de niños; me extraña que los grandes dueños de la moral, esos señores que hablan de transparencia y ética, que atacaban el carrusel de los Nule no estén acá para evitar el raponazo de las multinacionales», señala Aurelio Suárez.

Las propuestas para que ETB presente informes al Distrito y exista transparencia en su administración y gestión chocan con la Ley 1341 de 2009 —que define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—. Es algo que Sintrateléfonos lleva denunciando desde la composición de la Junta Directiva encabezada por Fernando Carrizosa y dominada por los accionistas privados que siempre dicen que los informes son confidenciales. Al respecto, Carlos Velásquez, dice que quien tiene que hacer el control son la Contraloría y la Personería, «pero la administración de esta empresa mixta haciendo uso de la Ley 1341 se rige por la Superintendnecia de Industria y Comercio y así no le tiene que rendir cuentas a ningún ente de control como la Contraloría».

El Título VII de la mencionada ley que hace referencia al régimen jurídico de los proveedores de redes menciona: «Los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado».

¿Frenar la privatización?

Uno de los argumentos fuertes que usan sindicatos y concejales del PDA es que ETB transfiere a la Secretaria de Hacienda Distrital 240.000 millones de pesos anuales que financian los proyectos del plan de desarrollo de Bogotá en materia de educación, salud y recreación para toda la ciudad. Fernando Rojas insiste en que si el Distrito vende ETB «sería una tragedia histórica; lo hemos perdido todo ya que además se abriría el paso para la privatización del acueducto de Bogotá».

Pero la realidad es que hace 20 años que todas las alcaldías y partidos en el gobierno distrital han favorecido la privatización de ETB. Carlos Velásquez cree que la solución es conseguir retirar la declaración de socio estratégico de Antanas Mockus de 2003 lo cual sacaría de ETB a los accionistas privados y haría caer la junta directiva. También cree que hay que meter a la Contraloría en el control de la empresa. «Es que no sólo han perseguido a empresas productivas durante 20 años sino que han frenado el proceso para que ETB fuera bien productiva», dice el sindicalista.

Fernando Rojas insiste en que si no se suspenden las sesiones extraordinarias que se tienen que desarrollar entre el 10 de junio y el 29 de julio, «perdemos unos activos que valen 5 billones de pesos y que pretenden venderlos por menos de 1,7 billones». El concejal asemeja la situación a cuando Enrique Peñalosa llegó a la alcaldía tras la venta en 1997 de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB): «Ese dinero quedará para que quien venga siga haciendo cemento y corrupción y se dilapidó esto». Añade que Clara López, «no puede ser idiota útil de eso que puede suceder y si se hace, ella será la responsable política frente a la ciudad». La propuesta de Fernando Rojas es abrir debates en la Comisión de Presupuesto donde Wilson Duarte del PDA tiene la presidencia y abrir un foro permanente donde participen concejales y miembros de organizaciones y la ciudadanía. Además añadió: «Vamos a entablar todas las demandas necesarias, crear una mesa de abogados para demandar cuanto acto suceda; no voy a participar en las Comisiones de Gobierno porque voy a demandar por prevaricato por acción a todos los concejales que participen ahí; tampoco voy a estar en la plenaria que apruebe ese acuerdo y voy a demandar a todos los que participen».

Intervenciones frente al Concejo de Bogotá el 17 de junio de 2011

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