Familias campesinas del norte de Nariño temen perder todo a causa de la gran minería

Cultivos de café y plátano en la vereda Santa Marta (San Lorenzo).

«Sin oro y sin plata podemos vivir, pero sin agua y sin tranquilidad no». En la vereda El Volador (Arboleda) pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La compañía minera Gran Colombia Gold regaló material escolar a las niñas y niños de esa misma escuela y en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga». Los próximos 28 y 29 de febrero tiene lugar un foro en la Universidad de Nariño (Pasto) para sentar la mesa de interlocución con el Gobierno departamental y nacional.

Parte de la población de los municipios de San Lorenzo y Berruecos (conocido hoy como Arboleda) denuncia el deterioro del tejido social y la contaminación del medio ambiente a causa de las exploraciones de la compañía minera Gran Colombia Gold. Desde hace más de 15 meses esta compañía realiza excavaciones en diferentes veredas de estos municipios en busca de oro y plata, aunque deducen sus habitantes que las exploraciones conducen a la búsqueda de todo tipo de mineral. Rodrigo, habitante de El Volador (vereda de Arboleda) dice que han encontrado también cobre y piedra caliza (componente del cemento) en la región.

En estos municipios ubicados a tres horas al nororiente de Pasto (capital nariñense) viven alrededor de 19.000 campesinos y campesinas, trabajadores de la tierra que generación tras generación se han dedicado a las labores de la agricultura durante ya varios siglos y nunca se han acostumbrado a la labor minera. Afirman que antes de que llegara la minería no tenían mayor conocimiento de lo que guardaban bajo el suelo sus tierras hasta que las exploraciones empezaron a darle un nuevo uso a los suelos y generaron en los pobladores grandes incertidumbres y conflictos al ofrecer dinero, empleo y contraprestaciones por la exploración del territorio.

Parte superior de las plataformas de exploración derribads por la población.

Desde que llegaron los mineros en el primer semestre de 2011los pobladores denuncian el silencio de la Gran Colombia Gold. También acusan al alcalde saliente de Arboleda, Ciro Rafael Delgado, y al ex gobernador y hoy secretario de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, de no haber socializado nunca la llegada de la minera al territorio y permitir a través de Ingeominas y Corponariño (Corporación para el cuidado del medio ambiente en Nariño) la concesión de terrenos y sus recursos hídricos.

Durante los primeros meses, el campesinado sólo veía personas subir y bajar por las veredas cargando equipos, midiendo, observando. Aseguran que nunca hubo previo aviso a las comunidades de lo que iba a suceder; el desconocimiento fue evidente hasta que la minera vio la necesidad de entrar a las fincas y pedir permisos con remuneraciones económicas para realizar su trabajo. Uno de los campesinos afectados, miembro de la Pastoral Social, menciona cómo la Mazamorras Gold (nombre del proyecto de la empresa en la zona) no informa adecuadamente: «A los dueños de los terrenos se les ha ido con los cuenticos de que iban a abrir un huequito así no más y que luego ellos se iban; y ahorita les dicen que los quieren despojar de sus propios tierras».

Empleos con la minera y conflictos

Los trabajos que la empresa ofreció a los pobladores fueron de tres tipos: obrero, encargado de cargar equipos, materiales, herramientas, abrir caminos y todo el trabajo pesado que necesiten los ingenieros; vigilancia, que se encarga de cuidar los equipos, los campamentos, las plataformas y los asentamientos de los ingenieros; y trabajo social, mujeres en su mayoría que se encargan de la inclusión social aunque los pobladores aseguran que su tarea es «convencer al resto de los “beneficios” de la misma».

Restos de sulfato de cobre en el río Mazamorras.

Uno de los trabajadores retirados de las labores de la mina amplía la situación de los obreros: «Hubimos varios trabajando; la primera quincena entramos 65 y salimos la mayoría los cuales estamos en contra porque nos dimos cuenta del mal que causa. Y quienes están trabajando allá son personas que no son de la vereda y no están acostumbradas al trabajo del campo; por eso a ellos les duele que la empresa se vaya».

Los obreros tuvieron al principio de sus labores un sueldo alrededor de entre 30.000 y 40.000 pesos diarios, tres veces más que su jornal por el trabajo en las fincas, cifra que después de los enfrentamientos con la comunidad en octubre de 2011 fue multiplicada hasta por dos y por tres. De igual manera sucedió con los otros trabajadores. Tras esos hechos la empresa organizó una manifestación donde presionaba a los trabajadores a que participaran con sus familias. Hoy en día unas 15 personas de la comunidad están presentando denuncias ante instancias judiciales por las amenazas que dicen haber recibido por el personal de vigilancia de la empresa.

Efectos devastadores en la agricultura

La sensación entre la población es que desde la llegada de la empresa los efectos han sido devastadores y están tomando un ritmo desalentador. Los pobladores han visto como el tejido social de su comunidad se viene desmoronando poco a poco; hacen notar con frecuencia su preocupación al ver cómo se destruye la comunidad debido a las confrontaciones entre la población local y los trabajadores de la mina. De estos últimos muchos también son pobladores lo que convierte el conflicto en muchas ocasiones en conflictos familiares o entre vecinos.

Cultivos en San Lorenzo: los ingenieros de la mina afirman que los terrenos donde se van a realizar las explotaciones no son nada más que monte espeso sin trabajar.

Estas comunidades siempre se han dedicado a la agricultura, al oficio de la tierra, y cultivan en su mayoría el café, mercado principal para el comercio junto a la Asociación Nacional de Cafeteros, y producen de igual manera plátano, papa, frijol, maíz, oyoco, trigo, yuca, guaba, algunas frutas y hortalizas propias de su clima templado para su propia alimentación. Las grandes extensiones de tierra vistas desde los altos de las montañas están en su mayoría cultivadas y en sus laderas viven varias familias. Entre sus cumbres detrás de la vista fiel de las carreteras se encuentran pueblos como Santa Marta con pobladores de más de cien años.

El campesinado de la región se queja de las continuas valoraciones de los ingenieros de la mina que afirman que sus terrenos, donde se van a realizar las explotaciones, no son nada más que monte espeso sin trabajar. Al contrario de ello, y si el lente de la cámara no engaña, era fácil divisar en cada montaña grandes extensiones de tierra cultivada.

Una de las grandes preocupaciones es lo qué sucederá con los terrenos donde han habitado durante años. El campesinado conoce el discurso del Estado sobre la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Artículo 332, Constitución Política de Colombia) y cómo este argumento es un pretexto para expropiarles las tierras y entregárselas a una multinacional extranjera para que la explote. Pero las familias campesinas se preguntan a dónde irán a parar las familias campesinas y bajo qué condiciones. Desconocen qué es el desplazamiento y no lo quieren experimentar; han trabajado esa tierra durante años y no pueden entender por qué ahora, bajo el pretexto de la minería, les van a quitar todo lo que han obtenido.

Plataformas y expansión de la mina

En cada montaña se ven grandes extensiones de tierra cultivada.

El proyecto Mazamorras Gold inició su primer trabajo en la vereda Bolívar (municipio de Arboleda) donde consiguió los terrenos para realizar la exploración con el alquiler de un pedazo de tierra de menos de diez metros cuadrados. Allá colocaron sus máquinas de perforación, que alcanza de 500 a 700 metros de profundidad, y desde allí fueron buscando otras fincas donde instalarse e iniciar más perforaciones. Así, abrieron caminos, hicieron trochas y bombearon el agua del río Mazamorras para sus tareas: las máquinas sonaban las 24 horas del día en busca de los minerales. Según rumores de la población, la empresa ha encontrado varios minerales a lo largo y ancho del territorio. Hoy en día se han extendido a diversas veredas como Olaya, Yunguilla o Salado con múltiples plataformas de exploración.

En la vereda El Volador pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La empresa regaló material escolar y juguetes a las niñas y niños de esa misma escuela en diciembre de 2011; en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga».

Vista de la escuela de El Volador.

El funcionamiento de estas plataformas es el siguiente: los ingenieros determinan los sitios en los que seguramente hallarán los minerales, instalan allí una pequeña base, llamada plataforma, con un sistema de taladro que perfora y succiona todos los residuos de la exploración. La succión se hace a través del bombeo utilizando para esto el agua de las quebradas o del río Mazamorras. La cantidad utilizada para una bomba hidráulica es de 246 litros por minuto para una máquina de perforación como la kmB 1.4 de Versadrill Canada; su consumo diario sería de 354.240 litros.

«Son unos tubos de tres pulgadas que la maquinaria va impulsando, un taladro, y ahí le van echando químicos y la piedra va saliendo un poco y ahí la vuelve y la endurece y si les salía tierra no les servía. Todos los residuos con cianuro los tiraban a la quebrada con mangueras de retorno y ellos decían que eso en poquita cantidad no era malo», cuenta uno de los trabajadores que decidió retirarse de la minera.

Regalos de la empresa en el colegio de El Volador.

Según los estudios realizados por el Referendo por el Agua —propuesta desde diferentes organizaciones sociales que buscan transformar algunos artículos de la Constitución para que el acceso al agua sea un derecho fundamental— el consumo mensual por domicilio entre los estratos 1 y 4 de una ciudad como Bogotá es de 15 m³, lo que daría un consumo diario de 500 litros por domicilio en las grandes ciudades. Entonces el consumo diario de una máquina de exploración es equivalente al consumo de 708,48 domicilios al día, la cual es sustancialmente mayor al consumo por usuario en un municipio de índole rural.

El nombre de esta exploración, Mazamorras Gold, fue acuñado por el nombre del río Mazamorras que discurre por la zona montañosa de varios municipios del norte de Nariño y desemboca en el río Juananbú. El río obtuvo su nombre en la época de la Colonia ya que los senderos a su alrededor eran un paso obligatorio para los caminantes por lo que las mujeres se apostaban a lado y lado del río a brindar platos de mazamorra, un tipo de maíz cultivado por las culturas indígenas suramericanas. Los pobladores no creen que la Gran Colombia Gold sepa esto, pero lo que sí les preocupa es que los señores de la mina se muestran en los noticieros y en su página de internet como los dueños de ese territorio.

La Marucha

La Marucha: sus aguas riegan los municipios de San Lorenzo, Buesaco y Arboleda regando los cultivos y brindando agua clara y limpia.

«El agua lo es todo, es la madre, el padre y la esperanza, cuando ella no esté no habrá nada más a su alrededor, sólo un inmenso desierto que ocultará la sangre de quienes lucharon por defenderla», según Don Tomás. Entre San Lorenzo y Arboleda, junto a la torre de comunicaciones de estas poblaciones, está La Marucha, una pequeña laguna a simple vista que es capaz de alimentar a miles de pobladores del sector. Sus aguas riegan los municipios de San Lorenzo, Buesaco y Arboleda regando los cultivos y brindando agua clara y limpia. Detrás de ella los mitos no esperan y todos saben que ella es brava y cuando brama anuncia la lluvia. «No es pertinente molestarla, porque ella se enfurece y hace temblar la tierra», dice Don Gerardo, uno de los más viejos pobladores de la región. También nos contó sobre la gallina de los pollos de oro que ronda por La Marucha y nunca se deja atrapar; cada vez que la quieren coger se va para el medio de la laguna y se pierde en sus profundidades. Seguramente durante siglos ha calmado la sed de estos terrenos del macizo colombiano.

Uno de los pobladores intentó tapar La Marucha tirándole un monte encima. Después de este suceso los habitantes realizaron una jornada para rescatarla y lograron sacarle grandes cantidades de tierra e incluso pedazos de árboles para poder destaparla. Dicen que duraron más de dos semanas en estas tareas hasta que al fin La Marucha volvió a resurgir.

Uno de los pobladores intentó tapar La Marucha tirándole un monte encima.

La Marucha queda a dos horas de camino monte arriba desde la población más cercana que es Santa Marta; la mística alrededor de la laguna para sus pobladores no tiene precio, al parecer ni todo el oro que les pueda ofrecer la mina por ella. La Marucha en estos momentos es propiedad estatal y manejada o controlada por Corponariño. El campesinado sabe que el Estado puede entregar sus propiedades a quien quiera a través de la expropiación y reventa de los predios como regulan los artículos 332 y 333 de la Constitución Política y el actual Código Minero; después de esto se pregunta si el Estado es la comunidad o quién es el Estado. Pero en cuanto a La Marucha, los pobladores entienden que el Estado se la quita a la comunidad para entregarla a las multinacionales extranjeras, tal y como sucede con las quebradas que salen de La Marucha y que están siendo usadas para el bombeo de agua para la exploración minera.

El papel del Estado

El Estado ha venido comprando o expropiando terrenos en todo el territorio nacional bajo la normativa de la Ley 685 de 2001, actual Código Minero modificado por la Ley 1382 de febrero de 2010, en donde se estipula la reglamentación propia para el trabajo minero. Según Carlos Duarte en su investigación Cronologías legislativas del subsuelo en Colombia, esa legislación tuvo la asesoría directa de CEMEX, HOLCIM, Ladrillera Santafé —empresas cementeras y vinculadas al negocio de la construcción— y el patrocinio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo internacional y el Banco Mundial.

Preparativos para la celebración del Año Nuevo en el colegio de Santa Marta.

Esta nueva redacción de la Ley otorgó las mismas garantías a las compañías extranjeras frente a las nacionales sobre la propiedad de la tierra y la explotación. Cuatro artículos podrían resumir de manera escueta la finalidad del cambio de la norma: el artículo 4 establece la autoridad completa del Estado de explotar en cualquier sitio del país definiendo la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos; y los artículos 18, 19 y 20 le otorgan a las compañías o personas extranjeras los mismos derechos de explotación que los tenidos por capitales nacionales.

Reducción de salvaguardas ambientales y sociales, de las regalías y de impuestos para las compañías privadas son las consecuencias de esta nueva Ley. Carlos Duarte recoge datos valiosos acerca del uso de recursos públicos de Canadá para intervenir en el cambio de las legislaciones mineras en Colombia y África. El Gobierno canadiense contrata un equipo de abogados para coordinar con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial el asesoramiento en la elaboración del Código Minero.

Al respecto esta es una parte del discurso del diputado Bernard Bigras (Bloque Quebequense) del parlamento canadiense presentado en la investigación del académico Carlos Duarte: «A través de su Proyecto de Energía, Minería y Medio Ambiente, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) proporcionó apoyo técnico y financiero para volver a redactar la legislación minera de Colombia. La versión revisada del Código de Minería del 2001 fue adoptada sin consultar con los potenciales afectados como las comunidades indígenas. Este código creo condiciones de inversión que son sumamente favorables a las empresas extranjeras. El código del 2001 ha debilitado un número importante de las salvaguardias ambientales y sociales y ha creado importantes incentivos económicos reduciendo dramáticamente las regalías mineras y reduciendo los impuestos para las compañías privadas».

Huecos que quedan tras la plataforma de exploración.

La preocupación del campesinado deriva de las formas estatales para expropiar los terrenos para uso minero. Recuerdan lo sucedido en el mes de octubre de 2011 cuando el Estado se encargó de enviar la Fuerza Pública para proteger los campamentos de la mina, hecho que generó contradicción a una población que asumía que el Estado está para proteger a la ciudadanía y no para reprimirla.

«Si ellos siguen trabajando, contaminan las aguas y los terrenos ya quedan un desierto, pues acaban los minerales que mantienen las plantas y nos mantienen a la gente también con la siembra». La minera argumenta que la exploración y explotación subterránea afecta mínimamente el ambiente y los suelos donde realizan su trabajo. Pero los pobladores se preguntan: ¿cómo van hacer si han explotado el subsuelo?, ¿dónde se asienta el suelo?, ¿vamos a cultivar en el aire? y ¿acaso las plantas y los cultivos no necesitan de los minerales que hay bajo la tierra para poder crecer, producir y reproducirse?

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