Colombia. En marcha la Segunda Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar

Sur del Departamento de Bolívar, con respecto al departamento y al país. Municipios que comprende esta región. Fuente: Igac. Tomado de Vilorio (2009)

Desde el miércoles 3 de agosto y hasta el próximo 13, la Segunda Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el sur de Bolívar recorrerá varios municipios de esa región del país.

El departamento de Bolívar está ubicado en la zona norte de Colombia. Tiene una parte sobre la costa del mar Caribe, donde queda la capital departamental: Cartagena de Indias. Es un territorio que se extiende hacia el centro del país por el costado occidental del río Magdalena, principal arteria fluvial colombiana.

El sur de Bolívar corresponde a las estribaciones de la cordillera Central, que recorre el territorio nacional de sur a norte, al igual que la cordilleras Oriental y Occidental y los ríos Cauca y Magdalena. Esta parte de la cordillera está conformada por la serranía de San Lucas, la serranía de Santo Domingo y Montecristo, las cuchillas de Manzanares y Orejero, cuyas alturas son superiores a los 1.600 metros sobre el nivel del mar. En ellas nacen numerosos ríos y quebradas.

Esta región es abundante en bosques, animales, flora, peces, oro y ha sido durante mucho tiempo tierra de agricultores. Comprende 16 municipios: Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Montecristo, Morales, Regidor, Río Viejo – Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio, que cobijan un área total de 16.136 kilómetros cuadrados.

Pero además, se adentra en una de las áreas con más renombre del país, por su historia de petróleo y por los conflictos sociales, políticos y humanitarios que la han acompañado: el Magdalena Medio, que toma su nombre por estar en la parte media del río que le da su nombre. Desde la primera mitad del siglo XX, el Magdalena medio comenzó a ser productor de crudo, cuando en Barrancabermeja, municipio del departamento de Santander, se instalaron las primeras máquinas de perforación. Y la ola petrolera llegó al sur de Bolívar en los años 40, cuando en Cantagallo comenzaron los proyectos de exploración y explotación petrolera.

Hoy la región es atractiva también para otras grandes explotaciones: la forestal y la de gran minería. Y sobrevive en medio de cultivos de coca para usos ilícitos. Graves situaciones humanitarias y de violación de derechos humanos han conducido a la convocatoria de caravanas internacionales por el territorio, para hacerlas visibles, al país y al mundo y todas estas condiciones atractivas del territorio convergen para que haya una pugna por controlarlo.

Registro de controles

Uno de los controles más amenazantes sobre el territorio lo ejercen los paramilitares. El 24 de enero de 2011, la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) anunciaban que «Los pobladores del Sur de Bolívar, han venido denunciado la fuerte presencia que los paramilitares tienen en muchos municipios, ponen y quitan retenes, cometen asesinatos, patrullan los caseríos, cuidan las retroexcavadoras, hurtan enseres de la población, amenazan y generan terror». Y señalaban que «La población conoce la ubicación de los campamentos [de los paramilitares], ubicados en el municipio de Tiquisio, como los de las veredas Malena, en Quebrada del medio, Tagual, la vereda Pincho, en el corregimiento de Dos Bocas donde tienen fuerte y permanente control. Su acción es pública; todos y todas en Puerto Coca – Tiquisio, los vieron patrullando armados en el pueblo, desde el 30 de diciembre hasta el 06 de enero de 2011, pero no pasó nada. En el municipio de San Pablo, dicen que el 24 de diciembre mataron 4 vacas y cerraron una calle del Barrio Concepción para celebrar con los excesos acostumbrados.

Diez años antes se presentaban asesinatos selectivos, masacres como la ocurrida el día 30 de octubre de 1988 donde los paramilitares asesinaron a Valdiris Chamorro, Oscar Danilo Zais Peña y Meider José García Castillo. Los dos últimos eran dirigentes campesinos que habían participado en el éxodo campesino a Barrancabermeja en 1988; desapariciones forzadas y quema de viviendas y demás situaciones perjudiciales para la población como la ocurrida en el asalto paramilitar al municipio de Barranco de Loba, que empezó el 6 de noviembre 1998, en esa ocasión los paramilitares detuvieron al maestro Celso Polanco, lo torturaron y lo decapitaron frente a la comunidad. Al otro día, en la vereda La Mocha del mismo municipio, según recuerdan algunos habitantes que fueron testigos de los hechos “fueron torturados, asesinados y decapitados Armenida Zayas, Silvano Romero, Mariano Salas, Iroldo Sola, Rubén Fuentes y Manuel Mármol, junto con tres menores de edad”. Luego quemaron unas 40 casas de la vereda.

Según testimonios de varios habitantes del Sur de Bolívar dichos hechos: « eran provocados por grupos paramilitares en complicidad con algunos miembros de la policía y el Ejército ». Por su parte el informe de la primera Caravana internacional por el Sur de Bolívar afirmaba: «En las cabeceras municipales es constante la presencia de la policía nacional, que ejerce control en la zona de puerto sobre el río Magdalena cuando su ubicación es ribereña; el ejército nacional mantiene presencia rural y un intenso patrullaje sobre el río en operaciones conjuntas con la Armada Nacional, también se instala ocasionalmente en las cabeceras municipales» y agregaba:

«Las organizaciones paramilitares ubican sus retenes en las cabeceras municipales o cerca de ellas y concentran su acción en el control de transporte de carga y pasajeros sobre el río y en las vías de acceso a la zona montañosa, con presencia visible en los puertos. En estos retenes han sido saqueados, han perdido la vida o han sido desaparecidos cientos de pobladores de las zonas sitiadas y como tal constituyen el principal mecanismo de ejercicio del cerco». Y advertían: «La presencia guerrillera es evidente en la zona montañosa, donde se observan puestos de control de esas organizaciones con miembros armados y uniformados y avisos sobre campos minados» (véase http://www.colombiasolidarity.org.uk/articles/bulletin-archive/44-bulletin-issue5-februarymarch-2002/302-informe-de-la-caravana-internacional-que-entr-en-las-zonas-del-sur-de-bolvar)

Para el año 2001 la posibilidad de un diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Andrés Pastrana también condicionaba el movimiento de los paramilitares: «según las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región del Magdalena Medio, el paramilitarismo promueve una movilización social aparentemente de oposición al despeje [posible despeje de un territorio de las fuerzas militares para el diálogo], pero su papel se concentra en ser fachada legal para ejercer presión sobre las administraciones locales y autoridades de todo tipo y en liderar una campaña de desprestigio contra las comunidades campesinas y mineras, para que de paso se legitime la agresión y el cerco que los paramilitares someten a éstas».

Dos caravanas que alertan al mundo

En 2001, la población del sur de Bolívar vivía una situación humanitaria tan grave que algunas organizaciones vieron la necesidad de convocar a la primera Caravana Internacional por la Vida en el Sur de Bolívar, que hizo parte de la Campaña Nacional e internacional Colombia Clama Justicia, impulsada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher).

Esta Caravana produjo impacto en el país y el mundo y en ella estuvieron 60 representantes internacionales, procedentes de 9 países (Alemania, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Holanda, Irlanda e Italia), y 20 delegados nacionales, de diversas regiones del país.

Diez años después, además de los controles paramilitares, el sur de Bolívar, específicamente la serranía de San Lucas, soporta otras amenazas: junto a otras regiones del país, perciben la arremetida de la locomotora minera tan publicitada por el gobierno nacional. La locomotora –dice la Red contra la gran minería, Reclame– llegará a «Amagá, El Hoyo-Patía, Suárez, Marmato, La Jagua de Ibirico, Anaime, Quinchía, Tabaco, Pore, Taraira, Socha, Montelibano, Sardinata, Remedios, Buenos Aires, la serranía de San Lucas, Condoto, Cajamarca y otros municipios más».

Reclame insiste en señalar que lo que allí ocurre es «el ejemplo del modelo minero que se intenta imponer en nuestro país. Han sido en unos casos, damnificados por las leoninas condiciones laborales fijadas por las transnacionales y testigos de primera mano del abandono estatal, de la asfixia y acoso a la minería tradicional local, y en otros, se pretende que sean víctimas de la destrucción de su medio ambiente, del desplazamiento de sus poblaciones, del despojo de su hábitat, del arrebatamiento de sus tradiciones y de la expropiación de sus trabajos, su vida y su historia»..

En la región, más exactamente en el municipio de San Martín de Loba, hace actualmente presencia una de las empresas extranjeras que según expresan organizaciones contra la minería, se han convertido en Colombia en una amenaza contra las comunidades y el medio ambiente en las zonas donde hay oro. La AngloGold Ashanti, multinacional que tiene sus oficinas principales en Johannesburgo, Suráfrica. En 2007 produjo un 7% de la producción mundial convirtiéndose en el tercer productor de oro del mundo.

La AngloGold Ashanti, según informaciones recogidas por el geólogo de la Universidad Nacional Julio Fierro, para 2009 tenía en el país 206 títulos, que significaban el 0,5% del territorio (531 .136 hectáreas) y aspiraba, como aspira hoy, a contar con el 4% del país, pues tiene 1.774 solicitudes, correspondientes a 4.516.297 hectáreas..

De estas situaciones quiere hacer eco la segunda Caravana internacional que se está adelantando en el sur de Bolívar desde el 3 de agosto e irá hasta el 13 de este mismo mes.

Otras razones para emprender la segunda Caravana

Igual sucede con la aplicación de leyes que tienen que ver con restitución de tierras y la otra locomotora del presidente Juan Manuel Santos: la agricultura. Un ejemplo es la lucha que han tenido que dar las familias organizadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) para recuperar la hacienda las Pavas, otorgada a ellos por el Instituto Colombino de Reforma Agraria (INCORA) en el año de 1966.

Regreso de la comunidad a Las Pavas, 4 de abril de 2011. Foto: Fundación Chasquis

El 19 de febrero de 2011, Fedeagromisbol señalaba que líderes de la comunidad de Las Pavas, del municipio de El Peñón,denuncian los siguientes hechos: «Durante el mes de enero de 2011 hicieron presencia en el corregimiento Buenos Aires del municipio de Regidor, sitio a donde se encuentran desplazadas 123 familias campesinas de la comunidad de Las Pavas quienes fueron expulsados de sus tierras por el grupo palmero Daabon con el apoyo del escuadrón Esmad de la policía, una serie de personas ajenas a la comunidad quienes se presume son enviados de la empresa palmera para espiar y atemorizar a los campesinos desplazados que están adelantando acciones jurídicas para lograr el retorno a sus tierras. Varias de esas personas extrañas han sido identificadas como algunos de los paramilitares que amenazaron y desplazaron a las 123 familias de Las Pavas».

La empresa Daabon Organic es colombiana, propiedad de una de las familias más ricas del norte del país; los Díaz-Granados. Es la mayor proveedora en Europa y Estados Unidos de aceite de palma de cera y café y la segunda en banano después de República Dominicana.

En febrero 2009, en la serie de Documentos de trabajo sobre economía regional N° 110, Banco de la República Centro de Estudios Económicos regionales (CEER), presentado en Cartagena, Joaquín Viloria de la Hoz, escribió un artículo titulado: Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar, allí afirma: «En dos años Bolívar duplicó su área sembrada en palma, al pasar de 9.300 a 18.500 hectáreas. De éstas, en los municipios del sur se tienen sembradas cerca de 10 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente el 30% está en producción.

«También es común la empresa privada que compra la tierra a los campesinos y siembra la palma en grandes extensiones, o firma alianzas productivas. Este sistema es llamado por algunos el “modelo Regidor”, porque se ha desarrollado alrededor de este municipio bolivarense. Grandes inversionistas como los grupos Daabon y Murgas-Efromovich tienen planeado sembrar unas 15 mil hectáreas en palma en los municipios de Regidor, Río Viejo, Arenal y El Peñón (Villegas, 2007).

«En 2005, algunas empresas palmeras compraron la hectárea en 400 mil pesos y tres años después, luego de los trabajos de adecuación así como de la presencia militar, cada hectárea se cotizaba aproximadamente en cuatro millones de pesos. En efecto, en este período no sólo se consolidó el cultivo de la palma de aceite en varios municipios del sur de Bolívar, sino también hicieron presencia las fuerzas armadas con cerca de 1.500 efectivos».

La tendencia a tener presencia militar se ha mantenido: actualmente, opera en esa zona el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5, General José María Córdoba, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército el Batallón Rafael Reyes adscrito a la Quinta Brigada, el batallón Nariño, entre otros.

Continua el informe de Fedeagromisbol, señalando que: « los campesinos de Las Pavas no son los únicos que han sufrido esta situación. En El Garzal, corregimiento del municipio de Simití los campesinos han venido sufriendo una serie de presiones, amenazas y agresiones por parte de terratenientes que reclaman la propiedad sobre la tierra que habitan estos campesinos. En medio de las presiones jurídicas y de las presiones armadas por parte de grupos paramilitares al servicio de los presuntos propietarios han ocurrido asesinatos y desplazamientos de líderes que se oponen a entregar sus tierras. Otros campesinos de diferentes zonas se encuentran en grave riesgo. Entre ellos están campesinos de Caimital, Villadoris, El Antojo, Puerto Gaitán, y los Playones del río Magdalena».

Por lo anterior no solo se cumplen 10 años de la primera Caravana al Sur de Bolívar, sino que se evidencia la continuidad y agravamiento de la violación de los derechos humanos, de la continuidad del despojo y de la amenaza permanente sobre las vidas de los habitantes de esta región.

Segunda Caravana del Sur de Bolívar

Al igual que en el 2001, esta nueva movilización de la comunidad internacional y de varias organizaciones sociales y humanitarias nacionales pretende solidarizarse con las comunidades que habitan esta región y constatar para el país y el mundo lo que está sucediendo allí.

Con el nombre de Caravana Internacional por la Vida y Contra el despojo en el sur de Bolívar, inició  el miércoles 3 de agosto e irá hasta el próximo día 13, recorriendo varios municipios de esa región del país.

La Segunda Caravana es organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Campaña contra el Despojo, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Capítulo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur de Bolívar – Sur del Cesar y Catatumbo, la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar y la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar

Durante 10 días los 18 delegados de España, Francia, Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y Japón; y delegados de diferentes organizaciones colombianas, conocerán y analizarán la situación que atraviesan diferentes municipios del sur de Bolívar poniendo especial atención a los impactos que, para la población, tienen la presencia de empresas transnacionales de la minería y de la agroindustria.

Del mismo modo se recogerán testimonios de los pobladores frente a reiteradas denuncias sobre violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados que tienen presencia en la región.

Al finalizar la Caravana, los delegados elaborarán un informe de lo observado durante su recorrido y ofrecerán una rueda de prensa donde se presentarán las conclusiones y recomendaciones que ellos consideren pertinentes para garantizar el derecho a la vida y la permanencia en el territorio de los pobladores de esta región del país.

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