Nariño: Cinco años de incertidumbre en La Florida por declaratoria de zona de desastre

La Florida (Nariño) y el volcán Galeras al fondo.

En noviembre de 2005, el Gobierno de Álvaro Uribe emitió el Decreto 4106 que declaró en situación de desastre los municipios de Pasto, Nariño y La Florida (Nariño) en base a un mapa de amenaza volcánica de 1997. Cinco años después y teniendo en cuenta la problemática por la cual está atravesando la zona urbana del municipio de La Florida Juan Carlos Mora Hidalgo, integrante de la Fundación Florida Unida, afirma: «El Proceso Galeras es el argumento perfecto para instaurar y sostener de manera cínica la burocracia representada en corrupción y despilfarro hábilmente acolitada y respaldada por nuestros gobernantes quienes conocen de nuestros padecimientos creyéndose no saberlo». Asimismo, Juan Carlos Mora insiste: «Hasta la saciedad hemos mendigado para que nuestras súplicas sean atendidas y de una vez por todas se entienda que nuestro volcán Galeras no representa peligro siempre y cuando actuemos de manera responsable, oportuna y organizada en la planificación de modelos comunitarios para la gestión integral del riesgo, una actitud y un compromiso para la vida». La crítica de la comunidad respecto al proceso derivado del Decreto es sobre el tema del reasentamiento sobre el cual Juan Carlos Mora advierte que «es sin duda alguna la gran oportunidad para muchos de lucrarse a costa de nuestro sufrimiento representado en una declaratoria de desastre que jamás existió estancando el desarrollo social y económico de nuestro municipio con evidentes hechos de vulneración a nuestros derechos: a la libre determinación, a la participación, a la cultura, al territorio».

El Proceso Galeras como instancia especial del Ministerio del Interior y de Justicia cumple con unos objetivos concluyentes enfocados a la compra de predios y al proceso de reasentar individual o colectivamente a la población de la ZAVA (Zona de Amenaza Volcánica Alta). Su misión es articular las instituciones, organizaciones, Alcaldías, Gobernación y comunidad para desarrollar el reasentamiento de la población de la ZAVA. Cuenta además, con un equipo de personal cuya nómina ha sido objeto de críticas sociales y de titulares de prensa por su elevadísima cuantía además de polémicas respecto a contratos que se han cancelado.

El mapa de amenaza volcánica

Según los informes de incremento de la actividad volcánica registrada por INGEOMINAS durante el mes de noviembre de 2005 y ante la supuesta probabilidad de erupción con posibles consecuencias catastróficas —especialmente para la población asentada en la ZAVA—, el Gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y en base a los conceptos técnicos del organismo estatal convocó al Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (CNPAD). Esta instancia emitió concepto favorable sobre la declaratoria de situación de desastre de carácter departamental para los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, confirmada mediante la expedición del Decreto 4106 del 15 de noviembre de 2005 sin que exista ninguna pérdida humana o daño material.

El mapa de amenaza volcánica elaborado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) en 1997 es el resultado de un proceso técnico-científico que, según Juan Carlos Mora Hidalgo y transcurridos 13 años desde su publicación, debe estar sujeto a revisiones, ajustes e, incluso, reparos que permitan una mejor comprensión, identificación y precisión del riesgo para la toma de decisiones acertadas y ajustas a la realidad sin que se tenga que sobredimensionar el riesgo. En el mismo sentido, la Fundación Florida Unida considera que las experiencias y la tecnología, para la actualidad, han modernizado los sistemas para la elaboración de los mapas de amenaza volcánica, ofreciendo así nuevas alternativas que ayuden a visualizar con mayor certeza aquellos lugares que pueden ser más vulnerables a ciertas manifestaciones volcánicas con respecto a otros sin comprometer o generalizar a un territorio. En el mismo sentido, la fundación nariñense afirma que, sin embargo, los municipios de Pasto, Nariño y La Florida siguen estando sujetos a la disposición de un mapa de amenaza volcánica que ha perdido vigencia toda vez que los instrumentos de medición del riesgo se han transformado conforme a los avances científicos y tecnológicos. El miembro de la Fundación Florida Unida aclara que los procesos técnicos de los cuales emergen los mapas de riesgo deben sortear y superar muchísimos obstáculos que pueden generan fluctuaciones en el camino, como consecuencia, «los mapas de amenaza volcánica desactualizados no poseen la potestad o facultad para la toma de decisiones con respecto a declaratorias de desastre que, en nuestro caso, jamás existió».

Al respecto, el Artículo 18 del Decreto 919 de 1989 define desastre de la siguiente manera: «El daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida de un área geográfica determinada causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiere por ello de la atención especial de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social». Es por esto que la comunidad afincada en la ZAVA exige a través de la Fundación Florida Unida la formulación de un nuevo estudio científico que actualice el mapa y el panorama de riesgo con respecto al volcán Galeras situado a 4.276 metros sobre el nivel del mar en el conjunto montañoso conocido como el Macizo colombiano.

El reasentamiento y el Plan de Acción Específico

Las características y contenidos expresos en el Decreto 4106 de noviembre de 2005 orientan hacia unas acciones muy puntuales representadas en el reasentamiento obligado de la población ubicada en la ZAVA. La población afectada en los municipios de Pasto, Nariño y la Florida es la siguiente:

Registro de la población, vivienda y unidades económicas de la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA)

MUNICIPIO	PERSONAS	HOGARES	VIVIENDAS	UNIDADES CONÓMICAS
Pasto	5.363	1.220	1.225	87
La Florida	2.118	580	675	108
Nariño	454	122	135	6
TOTAL	7.935	1.922	2.035	201

Fuente: DANE

Las determinaciones de ese reasentamiento fueron sustentadas en el PAE (Plan de Acción Específico) que fue elaborado y coordinado por la empresa I.P.C. Consultorías Ltda. con domicilio en el eje cafetero y dirigido por Jahir Rodríguez Rodríguez. Según Juan Carlos Mora, esta empresa «desentonaba drásticamente con el espíritu local, su cultura y su idiosincrasia y cuyo desconocimiento del entorno social, geográfico y cultural de la ZAVA profundizó las diferencias entre la comunidad y las instancias gubernamentales encargadas del manejo de la situación Galeras». El desconocimiento y la ausente participación comunitaria en la concertación y construcción del PAE se evidenció, según el miembro de Florida Unida, «en los resultados muy superficiales que comprometen muy negativamente el destino y futuro de nuestras comunidades ya que el documento final se trató de un formato que ya venía elaborado, por lo tanto, su contenido es inconsulto y no recoge de primera mano la intención del pueblo sobre su deseo o no al reasentamiento». Esta afirmación la sustenta en los estudios que se anexaban al informe tanto de la ZAVA como de los sitios que el Gobierno ha dispuesto para el reasentamiento: calidad del suelo, productividad, actividad económica de la población ZAVA, presencia de procesos de desertificación en la zona que se ha dispuesto para reasentar, disponibilidad de agua (sostenibilidad), procesos culturales (idiosincrasia, tradiciones, tejido social, etc.), estudios a la población saliente y receptora.

El Plan de Acción Específico, según lo establece el Artículo 20 del Decreto 919 de 1989, debió ser elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) del departamento de Nariño y con la asesoría de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DPAD). Precisamente para evitar cualquier manifestación de inseguridad, malestar y desconfianza en la población.

Conclusiones y propuestas de las comunidades

Todo este manejo del proceso ha prescindido, según Juan Carlos Mora, de la participación comunitaria limitando el proceso a la unilateralidad y a la falta de incidencia en todo el proceso por parte de la comunidad «con lamentables consecuencias para el desarrollo del pensamiento y la libre determinación de los pueblos quienes continúan siendo vulnerados ante la ausencia de interlocución y concertación frente al tema». Mora afirma que «es obvio, justo y natural que las comunidades reclamen resarcimiento ante la inexistencia de cualquier desastre o alteración grave de las condiciones normales de vida de la población, esperándose a cambio, la Declaratoria inmediata de Retorno a la Normalidad». Esta Declaratoria de Retorno a la Normalidad está contemplada en el Artículo 22 del Decreto 919 de 1989 que expresa: «El presidente, oído el concepto del Comité Nacional para la prevención y atención, decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad. Se procederá con las tareas de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo».

Las comunidades de la ZAVA han impulsado iniciativas de carácter propositivo frente al problema como es el Plan Comunal para la Gestión Integral del Riesgo sin que existan respuestas por parte del Estado allanándose por completo cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Así es como Juan Carlos Mora asevera que «mientras los sectores comunitarios de la ZAVA no sean escuchados en sus planteamientos, la única alternativa será la del Gobierno que impositivamente busca establecer un reasentamiento obligado que no es otra cosa que un desplazamiento forzado».

Con la creación del Proceso Galeras cuyos objetivos están enfilados hacia un reasentamiento de la población de la ZAVA, para Juan Carlos Mora «se ha puesto de manifiesto una vez más la intención sobresaliente del Gobierno nacional de excluir lamentablemente la expresión popular representada en la participación comunitaria que por todos los medios buscó los espacios y los mecanismos para generar diálogos en torno al problema encontrando siempre silencio por parte de las entidades encargadas del proceso». La comunidad ha exigido políticas públicas para la gestión del riesgo y el autocuidado como una expresión para la convivencia y la cultura del riesgo, pero esta posibilidad no se ha construido desde el Estado. Para el Estado la única salida a este problema sigue siendo el reasentamiento en contra de la voluntad del pueblo. Frente a esto, surge la necesidad de crear la Fundación Florida Unida como vocera y representante de los intereses de las comunidades afectadas que pone en escena una propuesta «para el desarrollo humano, la convivencia y la sostenibilidad».

Es por estas razones que Juan Carlos Mora declara que «no queda camino distinto que el de la desobediencia civil, constituyéndose sus comunidades en asamblea permanente para hacer acto de manifestación social en rechazo a la actitud, la negligencia y la irresponsabilidad de un gobierno que ha tomado nuestra dignidad y patrimonio para desarraigar y desmantelar una historia, un legado cultural, un tejido social y lo más importante, arrebatar el territorio donde hemos nacido y crecido». Florida Unida y las comunidades afectadas se preparan para una posición absoluta de negativa al reasentamiento de las poblaciones hasta que no se construyan espacios de comunicación y diálogo frente al problema. En caso contrario, Juan Carlos Mora anuncia «vías de hecho y resistencia civil ya que no es posible la existencia de una cultura si ésta no tiene un territorio donde residir».

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